La semana pasada Venezuela ocupó, nuevamente, un espacio importante en la agenda legislativa de Estados Unidos. En el Senado, el Comité de Relaciones Exteriores aprobó por unanimidad y de forma bipartidista la Ley Verdad (la sigla corresponde al título de la ley en inglés Venezuela Emergency Relief, Democracy Assistance and Development Act).
A continuación hacemos un resumen de las provisiones del proyecto de Ley Verdad:
1) Reitera apoyo para el presidente interino de Venezuela y reconoce a la Asamblea Nacional como único poder legítimo y democráticamente electo, pero indica que la política de Estados Unidos debe buscar una solución pacífica y diplomática a la crisis de Venezuela. Es decir, el proyecto descarta la tan vociferada invasión militar. De hecho, establece que nada en este proyecto de ley puede considerarse como autorización para el uso de fuerza militar contra Venezuela.
2) Aumenta a 400 millones de dólares la suma destinada a nueva ayuda humanitaria para Venezuela. Este aporte complementa los más de 100 millones de dólares que hasta ahora ha recibido y administrado el gobierno de Colombia para atender la crisis de refugiados venezolanos en la frontera. Por supuesto, de ser posible y aceptado por el régimen (en caso de que hubiese un acuerdo político mientras continúe el régimen de Maduro) o tras su cese, dicha ayuda podría entrar directamente al país.
3) La legislación propone acciones contra la cleptocracia de Maduro, a saber:
Revocación y prohibición de otorgar nuevas visas para los familiares de los individuos sancionados; y establece excepciones para levantar restricciones de visas.
Autoriza la remoción de sanciones para quienes no estén involucrados en violaciones de los derechos humanos y reconozcan al presidente interino, Juan Guaidó.
Requiere que el Departamento de Estado trabaje conjuntamente con gobiernos de América Latina y Europa para que estos países instrumenten sus propias sanciones.
4) Propone apoyo para la reconstrucción de Venezuela, entre otras medidas:
Requiere que los departamentos de Estado, Tesorería y Justicia adelanten esfuerzos internacionales para congelar, recuperar y reutilizar los fondos mal habidos de funcionarios del gobierno.
Acelera la planificación, con instituciones financieras internacionales, para la reconstrucción económica de Venezuela una vez recuperada la democracia.
El proyecto de Ley Verdad fue preparado y liderado por el senador demócrata por Nueva Jersey Bob Menéndez, en coautoría con el senador republicano por Florida Marco Rubio. Vale la pena destacar que, en su primera versión, Menéndez propuso dedicar un capítulo a resolver la situación migratoria de los venezolanos desplazados a Estados Unidos y que están indocumentados o en situación migratoria vulnerable.
La propuesta de Menéndez consiste en extender por vía legislativa especial el TPS (protección o alivio migratorio temporal) a los venezolanos. Dichas provisiones no contaron con el apoyo de los senadores republicanos, que todavía son mayoría en la Cámara Alta y el Comité de Relaciones Exteriores. Por tanto, Menéndez retiró ese contenido y acordó presentarlo en un proyecto de ley separado, suscrito solo por senadores demócratas, el cual luego recibió apoyo de un solo republicano, el senador de Florida Marco Rubio.
El futuro de la Ley Verdad depende ahora, exclusivamente, de la mayoría republicana en el Senado. Primero debe llevarlo a la plenaria de la Cámara Alta el líder de los republicanos Mitch McConnel, y luego recibir el voto favorable de la mayoría de los senadores. Esto último parece viable. Lo que no está claro es la voluntad de McConnel, como líder de los senadores republicanos, de priorizar la discusión de este proyecto en plenaria.
El proyecto del TPS presentado por el senador Menéndez no ha sido todavía considerado en el Senado o alguno de sus comités con competencia para esta materia, como sí ocurrió la misma semana pasada con la iniciativa legislativa liderada por el diputado demócrata de Florida Darren Soto, en la Cámara de Representantes.
En esencia el TPS es un estatus migratorio provisional y temporal que prohíbe la deportación de los migrantes beneficiados por la medida, facilitándoles un permiso de trabajo.
El proyecto del congresista Soto se introdujo con apoyo bipartidista (al ser respaldado por el congresista republicano Mario Díaz Balart, también de Florida), y tuvo su primera discusión en el Comité de Asuntos Judiciales. Allí lo impulsaron los diputados demócratas, entre quienes destacó el liderazgo de la congresista por Florida, de origen ecuatoriano, Debbie Mucarsel-Powell, quien al promoverlo dijo que los legisladores han tenido que tomar el camino de una ley para atender este aspecto de la crisis humanitaria venezolana, representado por los migrantes desplazados a Estados Unidos, mayormente concentrados en Miami y Houston. Este esfuerzo legislativo, como bien acotó la legisladora demócrata, se ha hecho indispensable debido a la negativa de la administración Trump de otorgarlo por vía ejecutiva. En la Cámara Baja, donde hay mayoría demócrata, el proyecto del TPS recibió apoyo de todos los congresistas de dicho partido en el Comité (20 en total), y no recibió apoyo de un solo diputado republicano (9 votaron en contra y los demás no se presentaron a la votación).
El asunto del TPS, según un reportaje del The Washington Post, donde se reveló un intercambio de emails entre funcionarios de la Casa Blanca, fue descartado por el equipo de Trump hace un par de meses. El reportaje exponía que los funcionarios contrarios a su adopción, por una parte, temían por el impacto de dicha decisión en la base política de Trump, vehemente contra la inmigración latina, y que llevó a revocar el TPS a los países de Centroamérica y otros en sus primeras ejecutorias, acompañándolas de su cruel política de deportaciones y separación de familias desplazadas por la crisis del triángulo norte-centroamericano. Por otra parte, la discusión recogida en el reportaje del prestigioso medio ventilaba que extender el TPS podía debilitar la señal que se quería enviar al régimen de Maduro con la retórica de la “amenaza militar creíble”.
Caben dos conclusiones: 1) La amenaza de invasión militar nunca estuvo en consideración, salvo en el plano retórico para inducir un “quiebre” en el respaldo militar que sostiene al régimen de Maduro; y 2) la visión que prevalece en el entorno de Trump, según la cual podría haber un atajo en la solución de la crisis de Venezuela, ha terminado por retardar (y dificultar) la adopción de una medida humanitaria en el contexto actual: la protección migratoria temporal de los venezolanos desplazados o expuestos a deportación en Estados Unidos, lo cual es irresponsable y de una indiferencia inexcusable, vista la magnitud de la crisis y la opresión que padece Venezuela.
Son al menos 150.000 los venezolanos indocumentados en Florida, expuestos a deportación e impedidos de trabajar legalmente en Estados Unidos, teniendo capacidades sobradas para hacerlo y contribuir no solo a resolver su situación personal (y la de sus familias con remesas), sino hacer un valioso aporte a la economía estadounidense, en la que hay pleno empleo y nuevas oportunidades de trabajo o emprendimiento. Por otra parte, hay más de 70.000 venezolanos con solicitudes de asilo pendientes (y lejos de ser resueltas a tiempo). Este grupo ha crecido a un ritmo de más de 10.000 anuales, desde que recrudeció la crisis en Venezuela. Finalmente, están centenares de familias con un estatus migratorio vulnerable, jóvenes soñadores que llegaron a Estados Unidos siendo menores de edad, han estudiado con éxito en el país y están listos para incorporarse al mercado laboral… pero carecen de posibilidad legal para hacerlo. Muchos de ellos llegaron a Estados Unidos de niños con sus padres en alguno de los primeros hitos migratorios de la últimas dos décadas (2002, 2005, 2014 y desde 2017).
La postura republicana, de no otorgar el TPS a los venezolanos (impulsada desde la Casa Blanca), es, además de cruel, contradictoria con el reconocimiento de que existe una crisis humanitaria en Venezuela. Ya en 2017 el entonces senador demócrata por Florida Bill Nelson emitió una misiva al Departamento de Seguridad Interior (Homeland Security) solicitando fuese decretado por vía del Ejecutivo nacional, como le faculta la ley, el TPS para los venezolanos. La propuesta de Nelson fue respaldada por 22 legisladores demócratas, buena parte de ellos miembros de la conferencia de legisladores hispanos.
En aquella misiva, el senador Nelson y los demócratas aludían a “la cada vez más grave situación en Venezuela, donde las condiciones continúan deteriorándose a manos del dictador Nicolás Maduro” e instaban a otorgar “el estatus de protección temporal a los venezolanos elegibles para tal concesión, que residen actualmente en Estados Unidos”. Recordaban que ese beneficio fue creado en 1990 “con el fin de proporcionar refugio en Estados Unidos a personas cuyos países de origen sufrieran conflictos armados, desastres ambientales u otras condiciones extraordinarias que les impidieran un retorno con seguridad”.
“La situación en Venezuela –argumentaban ya entonces los congresistas demócratas– es grave, por lo que cumple con los estándares del mecanismo”.
Dos cosas llaman la atención de aquella carta, fechada el 29 agosto de 2017. La primera es la claridad con que los tribunos demócratas abordan la tragedia de nuestro país. “Maduro –señalaban sin titubeo– persiste en su deliberada marcha hacia la imposición de una dictadura corrupta, de partido único; y el pueblo venezolano sigue sufriendo de extrema escasez de alimentos, suministros médicos y otros productos básicos. Además, el régimen de Maduro rutinariamente acusa a los venezolanos que se encuentran en Estados Unidos de ‘traidores’ e ‘imperialistas’, lo que plantea preocupación real por su seguridad si decidieran regresar. No es de extrañar que los venezolanos se convirtieran en los principales solicitantes de asilo en Estados Unidos en 2016”.
Y la otra consideración es la manera como se refieren a la calidad de la migración venezolana. Según los legisladores, la concesión de TPS a venezolanos que ya viven en Estados Unidos está en línea con el interés nacional. Porque, afirmaban, “los venezolanos en Estados Unidos no solo se han convertido en parte vibrante de nuestras comunidades, sino que también han hecho contribuciones importantes como abogados, médicos y propietarios de pequeñas empresas”.
En la situación de Venezuela y ante la dificultad de visualizar una solución viable y responsable de corto plazo a la grave crisis, es imprescindible extender protección migratoria temporal a los venezolanos. Es inexplicable que el Partido Republicano (y el gobierno de Trump) no se sumen al otorgamiento del TPS o alivio migratorio que de forma consistente vienen proponiendo los demócratas. No hay que engañarse al respecto.
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