EFE/ Henry Chirinos
Venezuela y Colombia comparten una frontera de 2.229 kilómetros. Luego de 7 años de tensiones y rupturas, los gobiernos de Nicolás Maduro y Gustavo Petro decidieron reestablecer las relaciones diplomáticas y reabrir oficialmente la frontera común.
A las cámaras de comercio e industria colombo-venezolanas les interesa el cierre de más de 300 trochas en las que han proliferado poderosas mafias del contrabando que perjudican el intercambio comercial formal entre ambos países. Venezuela es el mercado natural para Colombia y viceversa. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas abre nuevas posibilidades para dinamizar el intercambio comercial binacional que, en su mejor momento, superó los 7.000 millones de dólares. El Ministerio de Industria y Comercio de Colombia espera cerrar 2022 con exportaciones de 1.200 millones de dólares y en la gestión Petro llegar a 4.500 millones. Al gobierno de Maduro le corresponderá mejorar el diálogo e interacción con el sector empresarial venezolano a fin de ampliar la oferta exportable nacional y evitar así que se presente una balanza comercial deficitaria con Colombia.
Para contrarrestar el aislamiento provocado por las sanciones, la normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales con Colombia ayudará a Venezuela a reconstruir las redes de suministro y a reinsertarse en las cadenas de valor de la comunidad andina. Por eso, el gobierno de Maduro evalúa regresar a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), bien como miembro pleno o en la modalidad de asociación. Como miembro pleno tendría que aceptar todos los acuerdos, decisiones y resoluciones que conforman el ordenamiento jurídico andino en materia de acceso de bienes y servicios, medidas no arancelarias, normas de origen, normativa de propiedad intelectual, inversiones y servicios, y todo lo que tenga que ver con el libre tránsito de mercancías, capitales y personas.
Esta apertura a las mercancías y capitales colombianos puede generar resistencias en sectores de la agricultura e industria venezolana que apenas comienzan a recuperarse de una larga contracción, pero ahora se sienten amenazados por su debilidad en materia de calidad, productividad y competitividad. Sin embargo, la normativa andina contempla instrumentos de protección temporal tales como: mecanismos de salvaguardia, crisis de balanza de pagos, devaluación monetaria, franjas de precio para el sector agrícola, competencia desleal por dumping y subsidios, y trato especial y diferenciado que, bien negociados, puede ser el salvavidas para los sectores productivos rezagados.
En cualquier caso, será necesario una negociación con los países que conforman la CAN. Hasta que se resuelva el conflicto político venezolano, Estados Unidos entorpecerá este proceso, tal como lo acaba de hacer con la objeción a los vuelos hacia Colombia de la sancionada línea aérea Conviasa. Esta misma presión la ejercerá a los demás países de la CAN.
En su necesidad de construir una relación de confianza con el empresariado colombiano, el gobierno de Petro se entenderá cada vez más con el gobierno de Maduro, que es quien tiene el control del territorio. Por eso Petro ha reconocido a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela y le facilitó recuperar el control de Monómeros, la principal empresa venezolana en Colombia. Esta decisión deja sin una importante fuente de financiamiento a la oposición venezolana que opera desde Bogotá. Al gobierno de Petro le interesa la solución del conflicto venezolano porque la prolongación del mismo ha perjudicado demasiado los intereses económicos colombianos. Y la apertura de la frontera permitirá a los empresarios colombianos recuperar el espacio económico que perdieron en Venezuela.
Escuche el análisis completo en el nuevo podcast de #PedagogíaEconómica: https://t1p.de/e6h72
@victoralvarezr