Nos encontramos a escasos treinta y sesenta días respectivamente para que sucedan dos acontecimientos que indudablemente habrán de ocasionar consecuencias políticas, económicas y sociales definitorias. Las que configura la crisis nacional. No se trata de nada nuevo. ¡Todo lo contrario! Es producto de la estrategia totalitaria fríamente instaurada para asentarse indefinidamente en el omnímodo y totalitario poder. El mismo que a fuerza de garrotazos y con punzantes bayonetas nos oprime. La elección de alcaldes –pautada para el 9 de diciembre– significará que el llamado gobierno municipal –por ósmosis y empleando el diestro manejo del léxico de índole goebbeliana– se transformará en los cimientos del llamado “poder comunal”. Este totalitario poder, como todos lo sabemos e intuimos, será establecido por la ilegítima asamblea nacional constituyente. Luego vendrá la malograda algarabía otrora recurrente en las tradicionales y ya desaparecidas fiestas decembrinas. ¿Qué, cómo y con qué, haremos para instrumentarla rigurosamente? Aterrizando en enero con propósitos y acciones perfectamente definidos. Con actividades concretas de protesta en la calle en los siete días previos. El segundo miércoles de enero comenzará el segundo período de Maduro y su combo gracias a la torticera sentencia de la Sala Constitucional del TSJ.
La semana pasada, ¡gracias a Dios! y a la feliz persistencia de algunos valerosos diputados, la plenaria de la AN decidió (53 votos a favor, 43 en contra y una abstención) no aceptar a José Luis Rodríguez Zapatero en su rol de facilitador o mediador en futuros eventos de negociación a ser establecidos entre la dictadura totalitaria con determinados sectores de la oposición organizada. Costó mucho la consolidación de tan necesario escarmiento a la indignidad y a la pillería instaurada. La verdad es que casi no existe diferencia alguna entre “persona no grata”; el latinazo “non grata” (vocablo establecido puntualmente en la Convención de Viena) y el de no aceptar al susodicho personaje como mediador. Volvemos a tropezar, sin embargo, con el distraccionismo cómodo propiciado por algunos cómodos y aventajados opositores.
He utilizado en diversas oportunidades la frase “saludo a la bandera”. No por revestir esta de inequívocos signos de prosa militar tan de moda en la actualidad (algunos la asimilan como algo inútil. Gesto inocuo y sin valor alguno). ¡Todo lo contrario! El término contiene “per se” un aspecto ético y moral incuestionable. Es una ratificación al respeto y al acatamiento de los insoslayables valores patrios contentivos en uno de sus símbolos más ejemplares. Al igual que todo lo concerniente al Escudo y al Himno Nacional. La reflexión viene a raíz de las diversas reacciones emanadas de los politicastros de costumbre. ¿Con qué se come esto? ¿De qué sirve? Cuando el hambre, la represión y la inseguridad campea incólume. Pues bien, a estos politicastros y pragmáticos inquisidores les responderíamos que, a los efectos prácticos, la resolución posee dos aspectos fundamentales. El ético y el moral. Así de simple y sin mayor consideración aleatoria. Por una parte. Por la otra, la negativa de aceptar al sancionado e inefable pillo como facilitador en eventos futuros. Por carecer de solvencia e independencia del necesario criterio. Condición sine qua non para mediar y facilitar cualesquier proceso de estas características. Sin embargo, el gobierno y los politiqueros oposicionistas podrán designarlo como vocero suyo oficial en sus respectivas delegaciones si así lo tienen a bien.
Cerrado el capítulo anterior es menester formular algunas consideraciones de orden estratégico, táctico y de simple implementación política. El primer aspecto de estas se refiere a la actividad a ser desplegada por parte de la AN en conjunto con otros sectores representativos de la sociedad civil organizada. ¿Qué hacer? ¿Continuar con los modos y las formas acostumbradas? Pienso que los 54 diputados (incluyendo al que se abstuvo de votar) deben reflexionar al respecto. Ponderar si vale la pena (en la actual hora) continuar aprobando leyes que jamás (mientras continúe este gobierno) serán acatadas. Valorar y poner en práctica los diversos mecanismos constitucionales que se tienen disponibles desde el punto vista teórico y formal. Pero, en lo fáctico, sin posibilidad alguna de implementarlos debidamente. Continuar con formalismos inútiles. Persistiendo –en una especie de “parto de los montes”– todos los martes con discusiones bizantinas y expectativas paladinas. Tanto para la escogencia del orden del día, como para la discusión en plenaria donde se aborden temas de valor sustantivo. Y digo de valor sustantivo por la sencilla razón de que el gobierno no le “para bolas” a la Asamblea Nacional, traducida por todas las facultades puntuales otorgadas diáfanamente en la Constitución Nacional.
La causa democrática venezolana (constituimos más de 80% de la población en general quienes aspiramos la aplicación sin eufemismos de los principios republicanos asentados en la carta magna) se vería más beneficiada si los diputados aludidos (y los otros que deseen incorporárseles serán bienvenidos) se concreten en una herramienta idónea para afrontar la coyuntura debidamente. Tanto el 9 de diciembre, como el 9 de enero. Denunciar de manera militante en la calle, mediante un plan estratégico y con las tácticas necesarias, el fraude electoral propiciador de los inequívocos y reales propósitos del gobierno y de los tontos útiles de la oposición que sumisamente piensan acompañarles –como subalternos– en el sainete. Las tradicionales 30 monedas de plata –en esta ocasión– se traducen en unos cuarenta o quizás cincuenta curules municipales. Denunciar contundentemente a los partidos de oposición bribones. De igual modo a algunas personas que transitan en esa deshonesta y remunerativa vía. Luego de la persistente y sin pausa denuncia diaria, concluir el domingo electoral con alguna acción concreta: no salir de casa o reunirse durante algunas horas pacíficamente en cada plaza pública del barrio o urbanización donde se habite como protesta simbólica pero con presencia activa. Estas acciones –así como otras– podrían instrumentarse debidamente. De igual modo –desde el 2 hasta el miércoles 9 de enero– realizar un testimonio fehaciente y palpable con la idéntica presencia de protesta cívica y activa en la calle. Culminando ese fatídico miércoles con la declaratoria de una huelga o paro general de 24 horas. Con la única intención de hacerle llegar al ilegítimo presidente el contundente mensaje de desagrado y protesta masiva de la población ante sus propósitos continuistas.
El medio centenar de parlamentarios contestatarios servirían como enlace vinculante a la mayoría del Poder Legislativo (realmente opositor) con la ciudadanía en general desarticulada orgánicamente. Aunque medianamente representada por algunos partidos políticos, organizaciones sociales, gremiales e individualidades con peso específico propio quienes comparten –“grosso modo”– este punto de vista. Con vasos comunicantes –fluidos y viables– destinados a concatenar las diversas acciones concretas y pertinentes a ser ejecutadas con los heterogéneos órganos representativos de la sociedad civil: trabajadores (manuales e intelectuales), profesionales, industriales, comerciales, estudiantiles etc.
La representación y vocerío ante los gobiernos extranjeros y organizaciones multilaterales internacionales le sería encomendada –en estos sesenta días definitorios– a un equipo coordinado por Antonio Ledezma y Julio Borges, entre otros. Quienes permanecen en suelo patrio (los dirigentes) deberán abstenerse de viajar –en gestiones políticas o vacacionales– en los cruciales días indicados para dedicar todo su empeño a lo ya descrito.
La actual coyuntura política hace propicia la ocasión para redefinir puntualmente la conducta opositora ante los planes continuistas del totalitarismo. También para combatir y denunciar a determinados partidos e individualidades que se autodesignan de oposición pero que mantienen una línea de acción política perniciosa que hace viable –tanto por acción u omisión– (reitero el término) de buena o de mala fe, cuya única y previsible consecuencia es la de facilitar los designios continuistas del régimen. La unidad es deseable, pero la incoherencia en los propósitos es nefasta y fatal. No se trata, pues, de encontrar la “piedra filosofal”. Tampoco buscar la “cuadratura del círculo”. Simplemente de ponderar con objetividad y necesaria frialdad todas las acciones acometidas por la oposición en los últimos años. Deslastrar todos aquellos errores, desaciertos, equivocaciones. Incluso, aquellos vicios procedimentales que de alguna manera, por acción u omisión (nuevamente), hemos realizado. En estos sesenta días no podemos permitirnos la estupidez de persistir en las atípicas conductas que nos ha llevado a lo actual. Tampoco a “mirarnos el ombligo” y a rumiar de manera individual la triste condición en que nos encontramos. Tampoco delegar en gobiernos extranjeros y en organismos multilaterales la solución de la crisis permaneciendo como “convidados de piedra”. No podemos esperar –por último– que simplemente se produzca el irrenunciable deseo del milagro proveniente de Dios. Recordar al respecto: “Ayúdate que yo te ayudaré”…
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