Sea que se produzca por situaciones de guerra, penurias económicas, de salud, ambientales, de represión política, la migración forzada es un asunto esencialmente humano en tanto que toca derechos fundamentales de quienes por algunas o todas esas razones se ven obligados al exilio. Es a la vez, y así conviene comprenderlo, un asunto político: porque lo anteceden las acciones o las omisiones de gobiernos y organizaciones internacionales que alentaron o no contribuyeron a prevenir las condiciones que lo provocaron, pero también porque su manejo o solución tiene implicaciones políticas y depende en medida decisiva de esas instancias.
Lamentablemente, no faltan en el presente casos extremos en los que el peso de las consideraciones de humanidad con las que se han comprometido organizaciones no gubernamentales, internacionales y gobiernos, se ha conjugado desigualmente con las consideraciones políticas, tanto nacionales como exteriores. Así ha ocurrido y sigue ocurriendo en situaciones más y menos atendidas y conocidas, como lo ilustran las oleadas de personas que han huido y siguen huyendo de la guerra y destrucción en Siria e Irak; los rohingyas que han logrado y siguen procurando escapar por tierra y mar de la política de exterminio del gobierno de Myanmar; o los sudaneses del sur, congoleños, yemeníes, burundeses, nigerianos y centroafricanos que caminan a países vecinos en su huida de la guerra, la represión y la violencia en sus más crueles manifestaciones, así como del hambre y las epidemias, las sequías o las inundaciones.
Venezuela ha entrado en este registro, en la lista de casos imposibles de ignorar: por la cantidad de migrantes forzados y la complejidad del desafío de atenderlos, así como por el agravamiento de la situación política que lo origina y las acciones y omisiones que lo siguen alentando.
En todos los casos, la debida atención al emigrado forzado –su trato en lo inmediato, su posibilidad de retorno al lugar de origen o de integración al de llegada– debe incorporar a las razones de humanidad las consideraciones políticas, y viceversa. Para comenzar, por la búsqueda de acuerdos y condiciones que dentro y entre los países que los reciben permitan su trato adecuado a los migrantes, pero también y fundamentalmente por la atención a la raíz del problema, a la crisis o circunstancia que ha provocado una movilización que el propio migrante hubiese preferido evitar. Es lo que en buena medida, no sin divergencias e incumplimientos, se propusieron los gobiernos de la Unión Europea ante el reto desde el Medio Oriente: con estrategias para la distribución de la recepción de los migrantes pero también con compromisos de política externa ante los conflictos, particularmente en Siria e Irak. Entre los muchos problemas a atender, dos de naturaleza sociopolítica (y geopolítica) son especialmente visibles y parecen particularmente importantes para destacar la necesidad de atención conjunta de lo político y lo humanitario: por un lado, el impacto de la llegada masiva de migrantes forzados en los países receptores; por el otro, el que tiene la suma creciente de emigrados en la configuración del mapa sociopolítico del país de origen, particularmente cuando eso favorece el sostenimiento de la situación o del régimen que originó la estampida.
Lo humanitario y lo político son visiblemente fundamentales para atender el caso de Venezuela. Recursos, arreglos institucionales y oferta de facilidades para la permanencia en los países de llegada se han ido haciendo más limitados a medida que el flujo aumenta. Con todo, a los contactos y reuniones ya realizados se sumarán en los próximos días encuentros entre cancilleres latinoamericanos y en la OEA. Su desafío y responsabilidad es tanto cooperar para la humana atención a la magnitud de la emergencia del continuado flujo de venezolanos con crecientes carencias como, desde sus intereses y posibilidades de coordinación, seguir actuando a favor de la urgente solución nacional y pacífica que devuelva la democracia y la prosperidad a Venezuela.
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