La crisis hospitalaria en Venezuela tiene su historia. El año 2007 comienza esta debacle que con el transcurso de los años se profundiza de tal manera que acudir a un hospital público en los actuales momentos no es garantía de que el ciudadano reciba los cuidados que requiere para curarse o salvar su vida, por supuesto sin hablar de calidad, oportunidad y seguridad, cualidades de la atención al paciente e inexistente en nuestros hospitales.
Durante la gestión correspondiente a los años 2007-2009, el Ministerio de la Salud inició remodelaciones en la infraestructura de manera simultánea en varios centros hospitalarios del Distrito Capital y algunos en el interior del país. La meta para aquel entonces era de 62 hospitales en todo el país, un programa que se realizó sin planificación ni presentación de proyectos por parte de las empresas contratadas, incluso, muchas de ellas sin cumplir los estándares internacionales de ingeniería sanitaria. Algunas empresas no cumplieron el compromiso de terminar la obra asignada, aun habiendo recibido un gran porcentaje del pago correspondiente, y varias desaparecieron dejando obras inconclusas.
En la gestión comprendida entre 2010 y 2013, el ministerio reinició las remodelaciones en la infraestructura hospitalaria, pero revestidas igualmente de grandes irregularidades, sobre todo a nivel de la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario y dirigida por el ministro de Salud de turno en ese momento. Se asignaban contratos a empresas sin licitaciones y sin ninguna vigilancia por parte de la contraloría social. Si bien se logró la recuperación de servicios en algunos hospitales, en los años posteriores hasta el presente, el deterioro progresivo de las áreas recuperadas se hizo evidente, la falta de mantenimiento preventivo y correctivo en las edificaciones y equipos hospitalarios es el punto clave y desastroso que ha ocasionado que estos centros de salud sean una de las vergüenzas del sistema público de salud.
En nuestro país hay un total de 300 hospitales públicos y 241 dependen del ministerio, el resto está vinculado al Seguro Social y Sanidad Militar. Sin embargo, de los embates de la crisis hospitalaria no se salva ninguno. Las graves aristas del deterioro progresivo de los centros públicos siguen siendo la infraestructura, en mayor grado la escasez de medicamentos, insumos y equipos médicos, inseguridad hospitalaria, déficit de recursos humanos y el deterioro de los sistemas eléctricos, ascensores y aire acondicionado, esto último es vital en quirófanos y terapia intensiva.
Todo lo que tiene que ver con la funcionalidad de un hospital, independientemente del número de camas operativas, las cuales han disminuido ostensiblemente en el país, se encuentra muy afectado. Casi 80% de la población acude al sistema público y para colmo la red ambulatoria se encuentra igual que la red hospitalaria, lo que contribuye al colapso. Testimonios de colegas, tanto especialistas como médicos que están tratando de culminar su curva de aprendizaje en alguna especialidad médica o quirúrgica, son desgarradores y reflejan la realidad nacional: déficit de medicamentos de más de 80%; de repente aparecen medicinas como antibióticos, pero no se suministran de manera regular y permanente como debe ser; escasez acentuada de los materiales de uso corriente como gasas, guantes estériles, suturas, inyectadoras y vías para la administración de soluciones o medicamentos por vía sanguínea; grave déficit de reactivos para exámenes de diagnóstico en los laboratorios, incluida anatomía patológica; equipos médicos en franco deterioro.
Como respuesta ante esta catastrófica situación, la gestión actual reinicia remodelaciones hospitalarias siguiendo la misma línea que en años anteriores y sin consultar a los médicos jefes y adjuntos de los servicios que están en ese proceso. La mora quirúrgica nacional es de aproximadamente 400.000 pacientes. La implementación del famoso plan quirúrgico nacional por parte del ministerio solo realiza intervenciones menores y ha dejado mucho que desear con relación a su mala planificación e improvisación.
El principio de gratuidad establecido en la Constitución vigente, desapareció. El paciente tiene que llevar prácticamente todos los insumos que requiere para su atención. En fin, pudiéramos reflejar mucho más lo que está sucediendo en los hospitales de Venezuela. No obstante, el colapso se evidencia a diario. Los médicos venezolanos que trabajan en estos centros están con las manos atadas. En los hospitales, actualmente la vida como derecho fundamental no está garantizada. ¿Se hará realidad la promesa del ministro de Salud de dotar los 241 hospitales de su dependencia? ¿Por cuánto tiempo? Saque sus propias conclusiones.
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