Asistimos a un tiempo de recia presencia ciudadana en las calles, exigiendo el fin de la dictadura. Es la hora de la civilidad que busca hacer entender a la familia militar su verdadero deber con el pueblo venezolano.
Millones de seres humanos hemos asistido a las calles de todos los caseríos, pueblos y ciudades del país este Primero de Mayo para exigir el fin de un régimen despótico y corrompido.
La víspera, un grupo de soldados acompañaron al presidente encargado Juan Guaidó a enviar una convocatoria al resto de sus compañeros de armas, para hacer valer la vigencia de la democracia y poner fin a la usurpación del poder.
Es evidente que importantes actores del mundo militar habían ofrecido su concurso para lograr el fin de la dictadura.
Así lo demuestra el comportamiento del jefe de la policia política del régimen. La actuación del general Manuel Ricardo Cristopher Figuera al acatar el indulto otorgado por el presidente Guaidó a Leopoldo López, procediendo en consecuencia a liberarlo la madrugada del 30 de abril de 2019, así como su posterior manifiesto, ponen en evidencia la existencia de fisuras en la férrea estructura militar, que con la directa asesoría e injerencia de la tiranía cubana se ha establecido en nuestro país.
Más allá de la ideologización adelantada en los cuarteles y academias militares, más allá de las graves desviaciones de importantes cuadros militares en temas de derechos humanos y corrupción, es evidente que existen miles de soldados conscientes de la naturaleza criminal de la cúpula gobernante y están sufriendo como el resto de los ciudadanos los rigores de la devastación generada por estos personajes, que ya por dos décadas han estado ejerciendo el poder.
El balance de las jornadas vividas nos dejan la esperanza de que no todo está perdido en la familia militar venezolana. Que hay reservas institucionales capaces de evitarnos daños mayores en los días por venir. Sin embargo, están claras las circunstancias que impiden a la mayoría de nuestros soldados actuar para restituir el orden democrático. No son otras que el sistema de control policial, instaurado y manejado por los agentes cubanos, generadores de una ola de intervenciones, espionajes, persecuciones y hostigamientos a la comunidad militar.
Lo cierto es que la familia militar está sometida a un estado de terror y espionaje, subordinándola a los intereses perversos de una camarilla criminal, totalmente ajena al sentimiento mayoritario de nuestro pueblo.
Nuestra nación no tiene por qué soportar por más tiempo esa camarilla criminal. Ya ha sido suficiente el tiempo durante el cual ha ejercido un poder ilimitado, desde donde han destruido moral y materialmente a nuestra nación.
Han implantado una dictadura abierta, basada en el fuerza de las armas, responsable de múltiples crímenes y violaciones de los derechos humanos.
Frente a la negativa de la cúpula roja de aceptar una solución política, la comunidad internacional no puede abandonar a todo un pueblo a la barbarie que dicha cúpula representa.
Aceptar la tesis de algunos colaboradores de la dictadura de esperar hasta que se cumpla la mitad del periodo constitucional, fecha en la cual se abre la oportunidad legal para tramitar un referéndum revocatorio (que igualmente manipularán), equivale a aceptar que la elección del 20 de mayo de 2018 fue legal, transparente y reconocida por los venezolanos y por el mundo democrático.
Un gobierno usurpado no tiene una solución “constitucional, electoral y democrática”, porque ella se aplica a un gobierno legalmente establecido. Lo cual no quiere decir que no pueda lograrse una negociación para permitir una recuperación de la democracia a un costo humano y material mucho menor.
Esto porque toda usurpación de por sí es una tragedia, generadora de confrontaciones desgarradoras para una sociedad.
Una nación no puede bajo el chantaje de la guerra aceptar indefinidamente una dictadura, menos una tan criminal y corrompida como la que tenemos.
Si la lucha ciudadana en las calles, acompañada por la cooperación de la comunidad internacional logra una solución política, aceptable y aplicable en tiempo racional, no debemos tener duda para ponerla en práctica.
Conociendo los antecedentes de la camarilla roja, su ambición de perpetuarse en el poder, su apego a la mentira y la manipulación, lograr ese objetivo pasa por una disposición real a desalojarlos por la fuerza de los espacios del poder.
Esa posibilidad no la tiene un pueblo desarmado. Pero ese pueblo desarmado, que ha tomado las calles del país, le está exigiendo a quienes tienen esa posibilidad que procedan a devolverle los derechos conculcados.
Es la voz de la sociedad civil, expresada por millones de personas en la calle, comunicada de diversas formas por organizaciones de toda naturaleza. No solo por las políticas, también por las culturales, sindicales, gremiales, religiosas, económicas, deportivas y sociales.
Es la hora de una civilidad que reclama su derecho a la democracia.