Los magistrados del TSJ en el exilio notificaron oficialmente a la AN, la cual autorizó el enjuiciamiento de Nicolás Maduro. Días atrás, por muy pública, notoria y comunicacional que fuese, los diputados evadieron el asunto, algunos crédulos y otros no, con las excepciones del caso, hasta que no soportaron más la presión nacional e internacional. Simplemente, la mayoría opositora debía responder y así lo hizo. Una respuesta emitida con un entusiasmo sin par que causó igual reacción en la población venezolana.
Sin embargo, más nada se ha dicho desde la sesión del 17 de abril, salvo algunos comentarios al voleo. Por supuesto, prosigue el curso del proceso judicial que depende enteramente de los magistrados en forzado exilio y de la colaboración a nivel informativo de la comunidad internacional. Otro tanto debe ocurrir con el proceso político, pues no todo termina con enviar la pelota al TSJ y tratar de seguir con la normalidad de unas sesiones que no gozan, precisamente, de una gran audiencia en las redes. No se puede dejar en el aire el tema. No se puede creer que los apoyos del TSJ y de la fiscal, ambos en el exilio, sean suficiente ante el ciudadano que tanto ha reclamado por acciones. No se puede pasar a otros tópicos de la vida nacional: ese círculo –el del juicio– debe ser cerrado política y adecuadamente en aras de otras iniciativas.
Cerrar el círculo, como lo esperan los venezolanos, es, por una parte, una declaración a fondo de su naturaleza e implicaciones, más allá del simple tweet de costumbre. El ciudadano requiere una debida orientación porque exige –ante todo– claridad de la propia dirigencia política. Eso debe hacerse, aunque muchos por desconocimiento supongan que es pura retórica, por no llamarlo de otra manera. La oposición debe ofrecer salidas visibles, planes concretos, oportunidad de incluir y que el ciudadano se sienta útil, manejar un discurso que no se diluya o sea metafórico, que vaya a lo práctico. Pedir fe mientras nada pasa solo promete nuevas y destructivas frustraciones.
El siguiente paso es fijar las responsabilidades pertinentes. Si Odebrecht hizo en Venezuela un desbarajuste semejante al del resto del continente, ¿qué pasó con los organismos contralores?, ¿cuál responsabilidad cabe a la Contraloría General de la República? Entonces, por dar un ejemplo, tanto la Asamblea como la comisión respectiva tienen mucha tela que cortar. Esto es, cerrar el capítulo de la semana pasada para ir al muy lógico paso de las impunidades.
Si no concluimos, volverá nuevamente el descarrilamiento del sector oposición y esto acarreará mayores consecuencias, más apatía y una profunda desilusión en los venezolanos. Tenemos que dejar a un lado el discurso conveniente y hablarle al ciudadano con las cartas sobre la mesa, para realmente encontrar una luz al final del camino. Tenemos una gran ventaja a nuestro favor: la comunidad internacional ya caracterizó negativamente a este gobierno, que por sus acciones y violaciones de las leyes hace rato se quitó la careta de ser una democracia. Venezuela no se rinde. Seguimos trabajando.
@freddyamarcano