Es una verdadera emergencia migratoria la que experimenta todo el continente nuestro, con sus tonalidades de gris según cual sea el país receptor. La avalancha venezolana no se detiene. No ha sido un éxodo planificado desde el interior venezolano, ni ha podido tampoco ser atendido organizadamente por los países receptores por la celeridad con que ha ocurrido. Colombia es de todos el más sacudido.
Si se produjera un estancamiento de la situación actual venezolana, dentro de la cual persiste aún el enfrentamiento del gobierno chavista con la oposición libertaria y democrática, “la proyección de migrantes y refugiados venezolanos fuera de sus fronteras podría llegar entre 5,3 y 5,7 millones para finales de 2019 y entre 7,5 y 8,2 millones para finales de 2020”. Las cifras son de Naciones Unidas.
En el año 2010, cuando el país vecino contaba con 45,5 millones de habitantes, su oficina de estadísticas, el DANE, consideraba que al ritmo del crecimiento vegetativo de la población, la proyección indicaba que llegarían a los 52 millones de habitantes para finales del año 2020. La realidad es que ha sido necesario sumarle a esta cifra casi 2 millones de los nuestros para esta hora y pudiera haber unos 3,5 millones más si las estimaciones de Naciones Unidas llegaran a cumplirse,en la misma proporción que hasta el presente, y Colombia siguiera recibiendo venezolanos que se autoexpatrían o colombianos que retornan a su patria
No existe país en el planeta capaz de asimilar un crecimiento demográfico de esta magnitud, ni siquiera contando con ayuda económica de terceros. Las instituciones, la infraestructura de un país, la política económica, los mecanismos de distribución social del ingreso tienen que resentirse de manera notable con una avalancha de la talla y la voracidad de la que tienen que enfrentar el país neogranadino. La alternativa de revertir lo ocurrido en Venezuela dentro del corto plazo no está en el panorama y la posibilidad de adecuarse a este crecimiento poblacional desbocado y atenderlo eficientemente no está a su alcance.
Dicho en colombiano “no hay cama pa’ tanta gente”, queriendo el refrán significar que es colosal el reto de recibir más y más gente que alimentar, dar salud, vivienda, educación, seguridad, ocio y las otras tantas cosas que son necesarias para una vida digna.
Todas las políticas públicas encaminadas a superar la desigualdad en Colombia, una de las más pronunciadas del planeta, están siendo impactadas frontalmente por el advenimiento del éxodo masivo de venezolanos. En el vecino país no solo el 1% más rico de la población concentra 20% de la riqueza. Ese mismo 1% de los colombianos acapara 44% del ingreso. Un cambio de modelo para enfrentar estos retos domésticos, un tema que se ha venido planteando el gobierno de Iván Duque, se ha vuelto imperativo y urgente.
Existe plena conciencia en el gobierno de que esta situación está allí para quedarse. Hace pocas semanas, en la ocasión de negociar con la Unión Europea su colaboración para enfrentar los requerimientos de la crisis humanitaria que el éxodo venezolano está ocasionando, los enviados de Bogotá dijeron: “Nosotros no creemos que si mañana hubiera un cambio en Venezuela, la mayoría de migrantes se van a devolver. No hay adónde devolverse. No hay ninguna infraestructura ni educativa, ni social, ni de salud. Es decir, Colombia no está viendo esto sencillamente como una emergencia, sino como un reto fundamental a su desarrollo para los próximos años.
Hasta ahora, y a pesar de las perniciosas consecuencias para Colombia de la desgracia continental que representa el colapso venezolano, ni una palabra de rechazo, ni de cansancio, ni un comentario cáustico con respecto a sus vecinos emigrantes se ha producido de parte de sus autoridades.
El abordaje ha sido el de hacer causa común con las fuerzas de oposición encabezadas por Juan Guaidó, que promueven el retorno a las libertades y a la sindéresis económica. Igualmente, y de manera proactiva, se han sumado a los esfuerzos norteamericanos por obligar a las fuerzas del mal a abandonar el poder, a los planteamientos en favor de los derechos humanos del Grupo de Lima y de la OEA. Han sido defensores de la paz continental dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y han encabezado iniciativas de acciones contundentes contra los criminales en el poder venezolano dentro de la Corte Penal Internacional.
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