“La violencia presenta nuevos rostros en el país: el empobrecimiento y la letalidad policial”. Así comienza el nuevo informe, el de 2018, del Observatorio Venezolano de Violencia elaborado por las ocho universidades más prestigiosas de Venezuela y dirigido por Roberto Briceño-León.
He dedicado mucho tiempo y espacio durante años a mis investigaciones, especialmente de tipo cualitativo y con historias-de-vida, sobre la violencia en nuestro país. Lastimosamente este trabajo ya no lo puedo continuar por impedimentos de salud pero sigo lo que otros hacen con preocupación y angustia. A pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho mediante publicaciones y estudios muy serios para alertar a las autoridades de que el camino que se sigue y se ha seguido hace ya muchos años no solo no tiende a resolver el trágico problema sino que lo agudiza y expande permitiéndole asumir nuevas formas y conquistando nuevos espacios, ellas han hecho caso omiso y han continuado con los mismos métodos y la misma mentalidad. Es lo que se deduce de este informe absolutamente digno de crédito por estar bien sustentado en metodología científica competente y seriamente profesional.
Es cierto que en él se constata una pequeña disminución de la cantidad de homicidios pero con una tasa de 81,4 por cada 100.000 habitantes nos situamos como el país donde se da la mayor violencia de toda América Latina. Si consideramos que el límite máximo que fija la OMS para establecer que un país sufre una epidemia de violencia es de una tasa de 10 muertes por 100.000 habitantes, entre nosotros este límite se multiplica por 8. Pero no es esto lo más grave de todo. A nuestro entender, lo verdaderamente grave es el increíble aumento de los homicidios cometido por las fuerzas de seguridad del Estado, policiales y militares. Las cifras asustan: 10.422 serían los homicidios cometidos por los clásicos malandros, pero 7.523 por “resistencia a la autoridad” y 5.102 catalogados como “averiguación de muerte”. Total: 12.625. Tanto la resistencia a la autoridad como la averiguación de muerte son las formas camufladas de esconder bajo un eufemismo lo que todo el mundo sabe que han de considerarse como ejecuciones extrajudiciales. El Estado venezolano puede así ser considerado realmente como un Estado asesino, sin ningún tipo de eufemismos. Si el otro nuevo rostro de la violencia, como dice el Observatorio, es el empobrecimiento, también atribuible como causa a la forma que tiene el régimen de gobernar el país, por uno y otro camino llegamos a la misma conclusión. Esto es lo que más nos preocupa realmente. Los malandros matan menos (y el informe da las razones sobre las que nos detendremos en otro momento) pero el Estado mata mucho más.
Este mismo Estado aducirá sin duda la leve disminución de los delitos de muerte por parte de los delincuentes comunes a la acción de operaciones tipo OLP, en las que caen y han caído tanto culpables como gente inocente indiscriminadamente y que se hacen siempre sin tener en cuenta para nada la preservación de los más elementales derechos humanos. A ningún delincuente, por muy criminal que sea, el Estado tiene derecho de matarlo sin más. Tantas muertes catalogadas de resistencia a la autoridad no puede nadie creer que han sucedido por la actuación violenta de las víctimas que por su obstinación pusieron seriamente en peligro la vida de la autoridad que las enfrentaba. Aunque mucha de la opinión pública pudiera estar de acuerdo porque así cree que nos libramos de los que son un grave peligro para todos, una actuación irresponsable de este tipo aumenta al máximo la inseguridad de la vida de la población entera, pues la absoluta impunidad de la que gozan quienes así operan avalados por el uniforme y respaldados por la institución hace a toda la ciudadanía vulnerable.
No se logrará una mejoría en esta situación sin un cambio total de régimen pues ya se sabe que este no parece estar dispuesto a modificar su conducta la cual no puede tener otro nombre sino el de violencia institucionalizada.