El régimen madurista genera violaciones masivas de derechos humanos en todos los niveles de la sociedad. Tal vez una de las más graves sea el uso de grupos paramilitares conocidos como “colectivos”.
En los últimos días, la actuación de estos grupos se ha agudizado a partir del llamado de Maduro a defender la revolución. Hemos vivido ataques cruentos a los manifestantes en Maracaibo, actos de guerra urbana como los sucedidos en la avenida de las Fuerzas Armadas en Caracas.
Arremetidas a manifestantes desarmados, hostigamiento e intimidación a comunidades, grupos e individuos, invasión a edificios y casas, se han producido frente a la inacción de cuerpos militares o de la policía. Esto se da en paralelo a la creación de “Cuadrillas de paz”, que reproducen el modelo dictatorial de los CDR castristas, así como a la realización de ejercicios armados con la Milicia Bolivariana, el ejército de reserva.
Según la narrativa madurista, la activación de estos grupos –compuestos, en el caso de las Cuadrillas y la Milicia, mayoritariamente por civiles– se produce para prepararse frente a una supuesta guerra contra el imperio.
La realidad es que la guerra es en contra del pueblo de Venezuela que lo rechaza unánimemente. Y se utiliza esta estrategia doblemente criminal, porque busca enfrentar a venezolanos contra venezolanos con el único objetivo de mantener al grupo usurpador en el poder.
Atravesamos ahora una dura coyuntura en el proceso para el logro de la transición a la democracia. El régimen utiliza el recurso extremo de acciones terroristas de grupos paramilitares para reprimir y generar conflictos fratricidas entre a la población.
En el caso de los grupos paramilitares tenemos el reto de hacer cada vez más visibles en medios y redes sus actos terroristas, para así escalar la denuncia y sostener la demanda del cese a la impunidad. Con igual intensidad, debemos también mantener una presión seguida y constante sobre instituciones, cuerpos policiales y militares, para que actúen en defensa de la población civil.
El llamado a sumarse a la transición democrática hecho a las fuerzas armadas es también la demanda nacional de que retomen su verdadero rol como garantes de la seguridad de los venezolanos. No puede seguirse cometiendo la irresponsabilidad de permitir y desconocer los asesinatos, ataques y vejaciones en contra de la población, así como la generación de un estado de anarquía y caos propiciado desde el gobierno usurpador con consecuencias devastadoras.
Hay que reforzar redes de apoyo y vínculos comunitarios, así como priorizar las relaciones humanas y convivenciales, para imponerse por encima de la fraudulenta propaganda oficial que constantemente envenena el espíritu de las personas con su visión pervertida de paranoia, irrespeto hacia los derechos del otro y exclusión.
Es fundamental perseverar y ahondar en los esfuerzos de encuentro y de suma de los distintos sectores sociales, desde el contacto directo, cara a cara, entre los venezolanos. Desmentir incansablemente y en cada momento el discurso madurista de violencia y crueldad que manipula de forma criminal, y utiliza, sobre todo en los sectores populares, la desesperación y necesidad de la gente para provocar la guerra entre los venezolanos.
El primer interesado en generar violencia y enfrentarnos los unos a los otros es el gobierno usurpador de Nicolás Maduro. Con el propósito insensato de seguir en el poder, destruyendo al país, ahora quiere una guerra de pueblo contra pueblo. Es un crimen de lesa humanidad y una de las amenazas ciertas que debemos reconocer y enfrentar en nuestro camino irrevocable hacia la transición democrática.