En programa de opinión emitido por un canal del exterior el pasado día miércoles escuchamos el razonamiento de un diputado de la oposición acerca de los futuros escenarios que pudieran presentarse cuando venzan los bonos adquiridos por el banco de inversión neoyorquino Goldman Sachs y que causó bastante indignación en distintos ambientes. Conozco al joven diputado que expresó su parecer sobre el tema y tengo de él la mejor impresión en cuanto a su seriedad y competencia pero estimo que sus dichos revelan un enfoque político sobre un tema que es netamente jurídico y que pretendo explicar de seguidas sustentándome en mi experiencia de varias décadas en el análisis y manejo de temas internacionales tanto en ámbitos académicos, como profesionales y políticos.
Ruego a mis lectores, especialmente a los más radicales, que hagan la distinción entre el mensaje y el mensajero toda vez que anticipo que mi opinión no será la que más le gustará leer a quienes –igual que yo– militamos en la oposición frontal al régimen que nos desgobierna. Sin embargo, teniendo en cuenta que los bonos de Pdvsa objeto de la negociación en comento vencerán en 2022 fecha en la que –aspiro fervientemente– el chavismo/madurismo/socialismo siglo XXI y el “legado del Comandante Eterno” sean nada más que una horrible pesadilla de épocas amargas y para entonces en decidido proceso de superación, no es cuestión de ver el asunto hoy sino en la fecha precisa en que haya que afrontarlo.
El diputado entrevistado afirmaba que como los bonos comprados por Goldman Sachs están teñidos en sangre por cuanto el producto de la operación habrá servido para dar oxígeno a un régimen dictatorial y sanguinario –en su opinión– ello autorizaba a darles un trato diferente al que se daría a otras deudas que en el futuro deberá atender el Estado venezolano y/o sus empresas públicas que hayan contraído obligaciones externas. Repito e insisto que desde un punto de vista estrictamente jurídico tal argumento está equivocado. Convengo en que en el plano moral habrá muchas consideraciones que pueden ser válidas, pero las mismas no podrán ser opuestas a los cientos o miles de tenedores de unos papeles en dólares, que cotizan en mercados externos y que solo expresan en su texto que Pdvsa pagará el valor nominal a quien resulte tenedor del bono en 2022. ¿Se imagina Ud. comprando en el mercado secundario o terciario un bono del gobierno de Zimbabue y que cuando venza no se lo quieran pagar porque el presidente Mugabe ya para entonces fallecido o depuesto fue un dictador sanguinario?
Es cierto, sí, que la emisión fue una maniobra decididamente ruinosa para el Estado (no para el gobierno) por cuanto entiendo que esos bonos, emitidos en dólares, eran para ser pagados en bolívares por los adquirentes y una parte para ser mantenida en la cartera del Banco Central. Pero también es cierto que la emisión, realizada en el año 2014, contó con la aprobación de la Asamblea Nacional de entonces tal como lo requiere el texto constitucional.
La banca de inversión Goldman Sachs parece que tiene un manual de normativa ética interna cuya delicada redacción pudiera atribuirse a la Madre Santa Teresa de Calcuta. Pero eso es un asunto interno de dicha empresa que tendrá que resolver qué acciones tomar contra sus agentes que no se comportaron a la altura de los ideales proclamados como política corporativa. Pero los bonos se compraron, el dinero se pagó, ya los mismos están en su portafolio de inversión y entiendo que su reventa se ha iniciado con un cierto margen de ganancia.
En 2022 los tenedores se presentarán a cobrarle a Pdvsa (sociedad anónima cuyo único accionista es la República) que para entonces –si aún existe y no ha quebrado– estará administrada por gente con conocimiento del negocio petrolero y el Estado estará dirigido –esperamos– por gente competente y –ojalá– decente. Para ese momento –o antes– habrá que haber planificado los pagos de deuda externa que ya hoy asfixian tanto a Pdvsa como a la República y entonces habrá que decidir si se paga la deuda (con o sin refinanciación) o si caemos en “default”. Pagar es tan tremendamente importante para la supervivencia de este o cualquier país que hasta ahora –en medio de la crisis que nos agobia– Venezuela ha preferido siempre honrar la deuda aun en medio de la crisis alimentaria, medicinal, humanitaria, etc.
Ante dilema semejante en diciembre de 2001 Argentina eligió no pagar y caer en default. El resultado fue la exclusión total de los circuitos financieros internacionales hasta 2003 y luego hasta 2010 cuando la imperiosa necesidad de dinero fresco, combinada con los acreedores que querían cobrar aunque fuera algo, el gobierno logró una quita de 70% de la deuda a cambio de prometer a los acreedores el pago de sus bonos. Casi todos los acreedores aceptaron pero un grupo –pequeño pero agresivo-tenedores de 7% de las acreencias– rehusó la oferta de pago con quita y resolvieron demandar a Argentina por el pago nominal total ya vencido en tribunales de Nueva York que es donde estaba pactada la jurisdicción judicial para caso de controversias. El juez de Nueva York (Tomás Griesa) dio razón a los acreedores llamados “fondos buitre” por su conducta de avaricia que pretendían cobrar la totalidad del valor nominal de los bonos que habían adquirido con gran descuento, igual que Goldman Sachs. Guste o no, se aplicó la ley. Argentina mantuvo su posición de no pagar y el juez dictó sentencia trabando embargo sobre todo activo propiedad de la República Argentina y/o sus empresas. Esa medida, independientemente de la opinión que a Ud. le merezca, trancó el juego en forma absoluta a las finanzas de Buenos Aires de tal manera que a fines de 2015, al asumir el gobierno Mauricio Macri, lo primero –no lo segundo– que tuvo que hacer fue lograr un acuerdo con esos acreedores “buitres” que tenían a Argentina de rehén. Solo a fin del primer trimestre de 2016 fue que el país sureño pudo volver a insertarse en el circuito financiero mundial aceptando pagar con algunas facilidades y a partir de ese momento reiniciar un camino que ellos esperan sea de progreso.
Así pues, aspirar a que de aquí a algunos años (2022) unos bonos se paguen y los otros se demoren o tengan trato diferente es un camino que tiene precedentes muy malos para América Latina. Quien esto escribe no hace juicio alguno acerca de la validez de las normas jurídicas frente a las prioridades de los pueblos. En estas líneas solo se explica someramente qué le ha pasado a otros países y cuál es el cuadro que un nuevo gobierno venezolano deberá afrontar llegado el momento. Lo mismo será válido no solo para los bonos 2022 sino para los que vencerán en 2036 que se están negociando con la intermediación de un colocador chino.