2 de abril. Acto solemne de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Sociales. El motivo, incorporar como individuo de número al abogado Gerardo Fernández Villegas, quien inicia su discurso con memorias de sus antecesores como preámbulo de su propuesta central “Un nuevo sistema de gobierno para Venezuela”.
Va desgranando sus argumentos, cuya tesis central es acabar con la perniciosa tara del hiperpresidencialismo bajo cuya égida se han destruido las instituciones venezolanas y se ha intentado torcer nuestro rumbo histórico cambiando el Estado de Derecho por un Estado socialista, comunal y de poder concentrado en el presidente, en un partido único y en sus correligionarios.
Fernández brillantemente describe el proyecto cuyos fines serían desechar el totalitarismo, el militarismo, restaurar el Estado de Derecho, la institucionalidad política democrática y las libertades ciudadanas. El modelo propuesto exhibe una total coherencia con los objetivos programados. Venezuela entraría en una ruta de modernización del Estado y de garantía de los derechos civiles y políticos.
A medida que la descripción avanza, surge la pregunta obsesiva que nos ha ocupado durante los últimos 10 años. ¿Cómo sería la relación o vinculación entre este nuevo modelo de presidencialismo limitado, con la base o fuente del poder político del cual ha emergido el Estado patrimonialista? Institución dueña de todas las fuentes de riqueza del país, fruto de la enajenación y expropiación de cualquier posibilidad de actividad económica de los ciudadanos con base en su participación y propiedad de nuestras ventajas comparativas. Consigna claramente expuesta en el libro Venezuela, política y petróleo que ha regido nuestra existencia hasta nuestros días.
En ese texto madre, se asienta el mandato que ha presidido nuestra vida económica, social y política: “Ni una concesión más a particulares”, a partir de allí fue claro el camino que se siguió durante los 40 años de democracia entre 1958 y 1999. El Estado creció, se agigantó, algunos sectores empresariales pudieron existir con los beneficios financieros que otorgaba el gobierno de turno y que dependía en gran medida del vaivén de los precios del petróleo, aprovisionador de la economía rentista en la cual nos desenvolvíamos. Hasta el año 2000 Venezuela gozó de las ventajas que proporcionaba la riqueza petrolera administrada por su propietario “el Estado venezolano”. La modernización alentada por la riqueza petrolera y por la naturaleza democrática del liderazgo político cambió la faz del país, pero al mismo tiempo ocurrió lo predecible, el Estado en su carácter de gran propietario consagrado por nuestro marco jurídico se convirtió en el Gran Leviatán, dueño de la riqueza, gran distribuidor y planificador del modelo de crecimiento. Y, por ende, administrador cuasi absoluto de la riqueza nacional.
Venezuela, a medida que se modernizaba con los recursos petroleros, edificaba internamente un Estado patrimonialista, en el cual la propiedad pública funcionaba como plataforma del poder del presidencialismo, de la constitución de la economía y de la cultura rentista que privaba en Venezuela. Sobre ese modelo concentrado se monta el nuevo liderazgo de Chávez, quien, escudado tras la promesa de justicia para los más pobres, va a repotenciar el poder del Estado patrimonialista en contubernio con un militarismo creciente, intentará eliminar los vestigios de propiedad privada, el Estado de Derecho y las libertades políticas que existían hasta finales de la década de los años noventa. El SSXXI se va a definir como un modelo concentrado, totalitario, de poder económico y control social protegido por las Fuerzas Armadas como guardia pretoriana de un régimen con la peculiaridad histórica de estar subordinado-intervenido por la república socialista de Cuba.
Ahora bien, estos antecedentes tienen que ser constatados, incluidos en las posibilidades de cambio del país. No es un cambio de formas, el hiperpresidencialismo es hijo legítimo del Estado patrimonialista, verdadero motor y base del poder político que ha existido en Venezuela desde 1958 hasta nuestros días.
Retomando la magnífica propuesta de Gerardo Fernández, la cual debería divulgarse nacionalmente, es imprescindible delinear un nuevo modelo de propiedad donde los propietarios de la riqueza del país sean los ciudadanos, que funcione como base del nuevo sistema de gobierno que derrote el Estado patrimonialista- militarista-socialista y garantice la libertad económica, la seguridad jurídica y la institucionalidad democrática como fundamento de nuestra libertad.