En el tiempo y cuando esta trágica situación pase, los venezolanos entenderán que la razón del por qué el país necesitaba un cambio era porque simplemente aspiraba a tener un buen gobierno. Esta ha sido una mala gestión porque no cumple algunos de los postulados de una democracia funcional: participación, legalidad, transparencia, responsabilidad, consensos, equidad, eficacia, eficiencia y sensibilidad.
La politología ha bien concluido que quien aspire a hacer un buen gobierno debe trabajar con esas variables. Por ejemplo, la corrupción debe combatirse si tregua. Un gobierno que permite la corrupción termina siendo un gobierno corrupto. Es el caso de Venezuela. Por ende su gobernante es responsable. Los gobiernos tienen que ser los garantes de la legalidad. Una administración que viole las leyes y permita que ellas se violen termina siendo un factor negativo para una nación. Lo acabamos de ver con la decisión del TSJ. Un buen gobierno es aquel que cumple a cabalidad los postulados de su Constitución. Especialmente debe proteger los derechos humanos y garantizar un sistema judicial imparcial. Eso está alejado de quien gobierna en la segunda década del siglo XXI.
Gobernante que intente mantener un gobierno con éxito tiene que trabajar sobre la base de los consensos. Debe saber consensuar antes que obligar. Quien quiera imponer visiones sobre otros sectores de la población por la fuerza sean estas incluso mayoritarias podrá seguir gobernando pero no logrará un buen gobierno. Hay que recordar dos cosas distintas, una es estar en el poder y la otra es gobernar bien. Un gobierno que no base sus políticas en la equidad y en la inclusión de los más débiles está signado al fracaso. De igual manera, aquel que discrimine por razones de credo o ideología será juzgado por la historia como un gobierno que generó un apartheid, ciudadanos de primera y de segunda. En el caso de Venezuela la discriminación en estos tiempos ha sido una característica del ejercicio del poder.
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