La fuerza del socialismo del siglo XXI

La fuerza del socialismo del siglo XXI se ha reducido al control político partidista de centros neurálgicos del poder institucional, al dominio y tenencia de las armas de la República, y a la de grupos delictivos que le sirven de soporte, para adelantar el trabajo sucio contra el pueblo en general, y contra agentes políticos y económicos que les resultan incómodos, en particular.

La fuerza que se deriva del apoyo popular, base de la legitimidad política, y la que se desprende del derecho, como bloque normativo que regula la vida institucional del actuar publico, ha desaparecido por completo.

Al no poder sostener su torpe y brutal ejercicio del poder en la razón jurídica, ni mucho menos en el quehacer político democrático, solo le queda fundar su presencia al frente del Estado en la razón de la fuerza.

Ya no guardan ni siquiera las formas, que en política son muy importantes; ya no les importa que la opinión pública nacional e internacional les señalen su arbitrario e inmoral obrar. Solo les interesa aferrarse al poder para cuidar sus privilegios económicos y políticos. Atrás quedó el disimulo democrático con el que Hugo Chávez logró, con la petrochequera, engañar a millones de seres humanos sobre su verdadero plan de dominio autoritario.

El socialismo del siglo XXI, como los del siglo XX, ha terminado por ser un modelo profunda y esencialmente antidemocrático, demoledor de la paz y convivencia civilizada de nuestro pueblo, promotor del odio social, y sobretodo inmensamente empobrecedor y corrompido.

Esa realidad ya la comprendió desde la vida cotidiana más de 80% de los venezolanos. La realidad, la dura realidad a la que nos enfrentamos cada día los ciudadanos, ha sido la mejor propaganda para que nuestro pueblo pueda comprender la verdad de la estafa que representa ese socialismo del siglo XXI.

La camarilla roja, al verse huérfana del apoyo popular, al sentir el repudio de todos los sectores de nuestro pueblo, sobre todo de los más pobres, ha optado por cerrar el camino electoral, y recurre a una burda maniobra «electoralista», que no electoral, para confundir a la opinión pública y justificar su perversa ruta a la dictadura total.

La celebración de una fraudulenta selección de una supuesta asamblea nacional constituyente, representa el paso más osado en la larga lista de fraudes y arbitrariedades ejecutadas para controlar de manera ilegítima el poder político y económico de la nación.

La fuerza que sostiene esta operación política no está basada en el derecho, ni en principios universalmente aceptados de la vida democrática, solo se basa en ese control que tienen del Tribunal Supremo de Justicia y de las armas de la república.

Las decisiones que ha tomado la Sala Constitucional para justificar la no obligatoriedad de la consulta popular para autorizar la convocatoria de una asamblea constituyente, representa la expresión de una confabulación, encabezada por el presidente de la República en ejercicio, para consumar el golpe de Estado contra la soberanía popular y contra el Parlamento legítimo.

Más allá de las responsabilidades políticas y penales que tales hechos acarrean, resulta muy importante forzar a los actuales integrantes de la Sala Constitucional a ofrecer un pronunciamiento escrito, mediante la forma de sentencia, para justificar tan bárbara actuación. No solo porque estoy absolutamente seguro de que tendrán que recurrir a malabarismos conceptuales para derrumbar toda la construcción filosófica e histórica que la ciencia jurídica y política ha elaborado por más de dos siglos para establecer los mecanismos institucionales que garanticen el derecho de los pueblos a la democracia, y por ende al respeto de los derechos humanos, muy especialmente los derechos políticos.

Cubierta esta etapa, los venezolanos debemos presentar esta nueva fórmula de golpe de Estado, basado en el fraude constitucional, sostenido por la fuerza de las armas, ante los organismos internacionales, sobre todo ante el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos.

Este sistema obliga al Estado venezolano, y aunque la camarilla roja ha denunciado dicho tratado, sin contar con el aval legislativo, no está el país exceptuado de cumplirlo. La concurrencia a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ofrece la oportunidad de examinar a la luz del derecho interno y del derecho internacional la pertinencia jurídica y principista de la propuesta constituyente, sin pueblo, que ahora impulsa el socialismo del siglo XXI.

De esta forma quedará aún más clara la naturaleza fraudulenta y autoritaria del gobierno venezolano, cuya única fuerza sostén la constituyen, como lo he sostenido ya, las armas, nunca la legalidad y la legitimidad.