Duda no cabe de que la presencia de 107 diputados, incluidos 2 del llamado Polo Patriótico, en la sesión de la Asamblea Nacional es más que suficiente para darle consideración al antejuicio de mérito votado por el Tribunal Supremo de Justicia legítimo que hoy sesiona fuera del territorio patrio, cuyos magistrados nacieron de la soberanía popular y que profirieron, sin susceptibilidad de pruebas, el antejuicio de mérito de Nicolás Maduro, presidente de la República y también candidato a la reelección en las elecciones que él mismo convocó para el próximo 20 de mayo.
La decisión del TSJ legítimo, basada en argumentos legales y referencias abrumadoras, hace valer una resolución de extraordinarias proporciones que, sometida a la consulta de la Asamblea Nacional el 17 de abril pasado y contar con su apoyo, marcó un hito histórico con asiento de obediencia para el futuro desenvolvimiento de esta rama del poder público cuya autoridad se le ha hecho hasta ahora ineficaz por usurpación del Poder Ejecutivo.
El Parlamento –que sesionó para aprobar la petición del TSJ de enjuiciamiento al presidente por supuestos delitos de corrupción asociados al escándalo Odebrecht– con una votación de 105 votos a favor declaró que existen méritos para continuar juicio contra Maduro. No hubo pues vacilación en la valoración de las pruebas que hicieran convicción para la imputación de la responsabilidad delictual en el que hubo de incurrir el presidente cuestionado.
La Asamblea Nacional demostró en el caso de marras que, de conformidad con lo pautado en la Constitución, encontró los elementos probatorios que le permiten solicitar al Poder Ciudadano intentar las acciones a que haya lugar para hacer efectiva la responsabilidad de tan alto funcionario y que se dé por entendido que no existen dos tribunales supremos de justicia ni dos fiscales general de la nación; que los legítimos para ejercitarse como magistrados del TSJ son los que profirieron sentencias en el exilio y la fiscal legítima, quien ejerce sus funciones en condiciones iguales a los magistrados que solicitaron enjuiciamiento, no es otra que la perseguida Luisa Ortega Díaz.
La valorada decisión, sin duda alguna, goza del respaldo mayoritario de la oposición, que fuerza a sus componentes a reiterar lo declarado en la VIII Cumbre de las Américas, que no es otro que mantener con seriedad, sin debilidad alguna, que los actos jurídicos que requieren autorización de la Asamblea Nacional solo serán reconocidos cuando esta los haya aprobado.
Respeto y respaldo la consideración del Parlamento al votar como enjuiciable el comportamiento de Maduro. He de reconocer el comportamiento juicioso y ponderado de su actual presidente, sin dudar lo que ha dicho: “Los amigos del gobierno utilizan testaferro para tapar la corrupción”; pero me toca insistir, por haberlo aprendido en la lucha por la democracia llevada a cabo por el maestro Jóvito Villalba, en que: “Dos sistemas buscan el predominio del mundo. Uno de ellos consiste en la libre discusión de las ideas, en la exposición del pensamiento sin ventajas a favor de la oposición ni del gobierno, en la información plena del pueblo soberano: este es el sistema democrático. Y frente a este se levanta otro, que es el viejo sistema venezolano: el del gobierno que tiene todas las ventajas y la oposición que tiene todos los males, el gobierno que utiliza los fondos públicos con fines partidistas y que luego, al cabo de una falsa preparación del ejercicio del voto, llama al pueblo a las urnas electorales para que el pueblo concurra a ellas como pieza o como bestia de matadero, no a cumplir conscientemente su derecho de decidir sobre el destino de la nación, sino a servir de instrumento una vez más al ánimo de opresión y de dominio del gobierno, del hombre o del grupo que ejerce el poder”. Fin de la cita.
Como dirigente político ubicado en el campo de la representación proporcional de las minorías adversas al gobierno autoritario de mayoría castrense en servicio activo, no tengo por qué omitir que la actual Asamblea Nacional, por ser evidente, se olvida de la Constitución al dar por sentado el asidero de la soberanía: no interpreta que su ejercicio se hace a través de los partidos políticos, sino que reside intransferiblemente en el pueblo, que la ejerce en la forma prevista en la carta magna. El partido es más que sabido que representa una limitación para la voluntad del elector, lo que hace suponer que no es libre el que dice que vota por la plancha de un partido político aceptando a todos los integrantes de esa plancha, lo que no es más que una elección en la que no está en juego la representación proporcional de las minorías.
El paso dado por la Asamblea Nacional al considerar la resolución del TSJ legítimo, con despacho en el exilio, debe entenderse como un paso hacia adelante para evitar las peleas entre iguales, para que se imponga la concienciación ciudadana, para unir a los venezolanos; para que todos seamos primeros entre nuestros iguales; para evitar la exhibición vanidosa; para darle paso a la reconciliación nacional; para hacer urgente un llamado unitario con fuerza de voluntad popular organizada; para llevar a cabo un proceso de elecciones presidenciales justas, transparentes y democráticas, sin presos políticos; que la dirección política de la oposición no sea el acomodo de los que han hecho de la política un medio de satisfacción personal, que siguiendo el ejemplo de las elecciones que se llevaron a cabo el 30 de noviembre de 1952 se consolide la unidad del pueblo a través de la formación de un gran frente de concentración nacional.
El debate sobre la formación del frente de unidad implorado no puede ser objeto de reestructuración para el acomodo de conveniencias de partidos, sería contrario a la soberanía. La Mesa de la Unidad Democrática, fuerza reconocer, no ha definido política satisfactoria alguna; pregona la abstención, pero no define línea para las elecciones pautadas para el 20 de mayo, parece más preocupada por la itinerancia internacional que por los problemas domésticos. La soberanía merece ser respetada y fortalecida.