En Venezuela no hay Estado de Derecho. La Constitución no tiene vigencia. El Parlamento electo por 14 millones de venezolanos ha sido desconocido por poderes subalternos sometidos a la voluntad de un dictador. La asamblea nacional constituyente, convocada ilegalmente y elegida fraudulentamente, se ha convertido en un superpoder que decide todo aquello que a su consideración someten el presidente o cualquier otro capitoste del régimen, actúa en forma plenipotenciaria sin limitación de ninguna clase, sobrepasando incluso las atribuciones que competerían a un órgano de esa naturaleza legalmente constituido.
El país se hunde en la miseria, sin producción, sin divisas, endeudado, desfalcado, sin reservas monetarias, sin autonomía de ninguno de sus poderes públicos (con excepción de la Asamblea Nacional proscrita), sin controles de ninguna clase, en medio de la más grande escasez de su historia y con una superinflación galopante.
El éxodo de venezolanos hacia el exterior buscando comida, medicinas, salud, trabajo, seguridad, futuro, condiciones que el régimen no les garantiza, es enorme. Se habla ya de una cifra cercana a los 4 millones, que de ser cierta superaría con creces la de cualquier otro país de la región ocurrida en tan corto tiempo.
La corrupción campea, la industria petrolera, única riqueza real de Venezuela en estos momentos, se deteriora cada vez más y produce cada vez menos. Los servicios públicos fallan constantemente y cada día que pasa amenazan con colapsar completamente.
El gobierno no permite una salida constitucional, pacífica y democrática. Quiere perpetuarse en el poder. Ya va para veinte años el mandato de solo dos hombres (porque uno ya murió). Bloquea toda salida pacífica, altera los calendarios electorales e impone condiciones inaceptables para la participación de la oposición en los procesos electorales.
¿Y los militares, que juraron cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, qué hacen? Avalan todas esas violaciones de la legalidad y de los derechos humanos de sus compatriotas. Los que en la historia del país se han alzado siempre por cualquier cosa, alegando defender los derechos del pueblo venezolano, los que intentaron derrocar al presidente Carlos Andrés Pérez invocando que las razones que “nos obligaron a insurgir contra un gobierno devenido en tiranía, que como tal se arroje (sic) todos los poderes del Estado…” (documento de los militares insurgentes del 4 de febrero de 1992, apéndice, página 137 del libro Revelaciones de Luis Tascón, Ramón Hernández, editorial Libros Marcados, septiembre 2008), hoy, que deberían hacerlo por mandato constitucional (Artículo 333) para salvar a la patria de su aniquilación total, apoyan todas las vagabunderías de la camarilla gobernante y reprimen criminalmente a quienes, con todo derecho, salen a las calles a protestar contra tanto abuso, incapacidad y arbitrariedad. Su responsabilidad ante el país y el pueblo venezolano es inmensa. Están de espaldas a la realidad y a la historia.