Es más que imposible ocultar que en Venezuela hay un problema de ingobernabilidad, que escapó de la consideración constitucional que fuere emprendida por el pueblo opositor cuando este, acudiendo a la vía de revocación del mandato presidencial mediante referéndum fue desautorizado por un CNE dócil a las instrucciones impartidas por Nicolás Maduro y el PSUV, en razón de que una vez convocada con su autorización el número de electores para la celebración de dicho evento, hubo de ser suspendido bajo el subterfugio de obediencia a las sentencias proferidas por dos tribunales de jurisdicción ordinaria, sin competencia alguna sobre una materia exclusivamente electoral, dado que cuatro señoras rectoras sin evidencia de pudor, sin estimación de propia honra, no ordenaron a petición de parte o de oficio, ante un hecho de manipulación fraudulenta, público y notorio, el inicio de averiguaciones administrativas por desobediencia a lo que siendo de su competencia no puede ser ordenado por un organismo que le ha usurpado funciones.
Conducta tan reprochada por la colectividad, sin precedente en la vida institucional de la República; cual venía cumpliéndose sin intervalo de continuidad como progreso más preciado de la acción unitaria de 23 de enero de 1958, ha unificado el sentimiento de repulsa del pueblo, entendido este, en su integridad, sin exclusión del goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales que le son por legitimidad, radicalmente contrario a permitir que un entelerido cenáculo gubernamental, ausente de la representación de civilidad y de sentimiento democrático, ejercite como propósito de mando: el valerse abusivamente del poder, obstaculizar el avance social y económico del país, con el fin de impedir que la Constitución sea la expresión dialéctica de las fuerzas económicas, sociales y culturales de la nación; resucitando la expresión anticonstitucional de tener bajo su dependencia a imitación de las dictaduras militares, incordio de perturbación democrática, a los que se dicen representar los órganos de los poderes públicos, cuya evidencia es más que exhibición denigrante.
La lucha que actualmente libra el pueblo para restituir el Estado de Derecho; para participar libremente en los asuntos políticos; para manifestar; para insistir constitucionalmente en una transición de gobierno que nos devuelva la tranquilidad ciudadana; si bien ha sido desobedecida e irrespetada por los que en forma abusiva detentan el poder, es de evidencia mayor, por cuanto su solidaridad ha traspasado las fronteras patria, constituyéndose en el objeto de preocupación constante de los gobiernos de la región y del mundo; de los organismos internacionales, que demandan de Nicolás Maduro respeto a la Constitución; y denuncian casos de corrupción atribuidos a más de cincuenta personas que se atribuyen la dirección de la revolución bolivariana, que a la vez invitan a los gringos a un inicio de debate sobre el socialismo en Venezuela, lo que al parecer ha causado hilaridad.
Empero, si en la escena de la ineficaz dirección gubernamental, con visos de corrupción el régimen ha devenido en establecer entre los militantes del partido de gobierno y un pequeño número del “generalato activo”, concesiones de gracia para el manejo de las empresas básicas del Estado, exentos de rendición de cuentas; a la vez escogidos como candidatos para optar a las gobernaciones de estado, con ausencia indebida de control y el visto complaciente de los magistrados del Poder Judicial, del CNE, de la Contraloría, del fiscal, de los integrantes del Consejo Moral al margen de la Constitución e incapaces de quebrantar su incondicionalismo al presidente Nicolás Maduro, proceder autoritario que revive la invención fascista, haciendo estimar que el problema social que crispa la conciencia ciudadana es producto de los agitadores en convivencia con el imperio gringo. Maduro ignora a ex profeso que el pueblo de Venezuela viene cerrando filas, conformando una fuerza indestructible de acción política, para la creación de un liderazgo que le permita sin estridencia la más amplia participación que conlleve a la solución de la crisis vigente.
Nicolás Maduro y la cúspide fascista que ha asumido la dirección de la política oficial, pretenden inducir a los sectores que le hacen oposición para la aceptación sin anestesia, de la existencia de una polarización política en el país, que lo obliga en función de la paz al nombramiento de la “comisión de diálogo”, a la vez que designa como oficiantes para integrarla, entre otros, a los hermanos Rodríguez, de igual natura, salvo que la señora Delcy se desempeña como la presidente de la ANC, corporación tenida como “espuria”, de ejecutorias negadas por la Asamblea Nacional; pero como es entendido que el presidente a viva voz, en cadena de medios, reitera que durante más de cien días han sido continuas la reuniones de los oficiantes del dialogo, facilitadores de resolución de conflicto: es por lo que dado mi desconocimiento sobre los logros que han podido sucederse, permitirme hacer unos breves comentarios que por razones obvias sintetizo de la siguiente manera: a) que soy contrario a dar por admitido, por no creerlo pertinente, que en nuestro pueblo exista opinión dividida paritariamente en extremos opuestos como producto de la controversia política, por cuanto es harto demostrado que la oposición existente en verdad de absoluta, se encuentra constituida por una incalculable mayoría, que aunque no es de la pertenencia de grupos determinados, ansía una dirección de concurrencia direccionalmente unificada, para poner en marcha el reclamo de sus derechos conculcados; constitucionalmente enfrentada a un cenáculo de gobierno minoritario, estructurado, este, bajo una dirección en la cual juega papel determinante una mayoría militar, pertenecientes al generalato activo, que haciendo abstracción de su independencia partidista se ha hecho parte determinante de la controversia ideológica; élite de conducción que la voluntad del pueblo anhela remplazar mediante los recursos constitucionales pertinentes; y en cuanto al “diálogo” propuesto por el presidente, sin juzgar sobre las buena intenciones de este magistrado, no cabe la menor duda que nuestro enfrentamiento doméstico no puede conseguir la paz teniendo como oficiantes para la solución de conflictos a quienes son ejecutores de instituciones impugnadas por el Poder Legislativo.