La dictadura comunista venezolana grita a los cuatro vientos que es víctima de un golpe de Estado imperial. Sus camaradas fuera de nuestro territorio, cientos de veces subvencionados con el dinero del petróleo, “rechazan el injerencismo” en la vida de nuestro pueblo, y solicitan que se respete “el principio de autodeterminación”.
La verdad es que los venezolanos no hemos podido ejercer nuestra autodeterminación, porque la camarilla roja ha confiscado la democracia, ha cerrado a base de fraudes y violencia la solución electoral, y ha declarado mil y una vez que jamás cederá el poder. Nos lo ha gritado de muchas formas, con ocasión y sin ella. La revolución es para siempre. Es eterna. Es más eterna que las antiguas monarquías.
Pero no solo nos ha impuesto su régimen político, sino que nos ha llevado a la miseria, ha fracturado la convivencia civilizada, la tolerancia y el respeto entre los ciudadanos.
La miseria y la violencia han aventado del territorio a millones de seres humanos, alterando la vida de las naciones del continente. Ante el justificado reclamo de nuestros vecinos, la soberbia respuesta de Nicolás Maduro y su camarilla son la negación y el insulto.
La comunidad internacional está obligada a levantar su voz y a tomar medidas para lograr que Venezuela regrese al cauce de la democracia y la normalidad. No puede ser indiferente. Ya por mucho tiempo no le dio atención a esta tragedia. Por años, nuestra denuncia sobre la destrucción democrática y la violación de los derechos humanos no se creía. El régimen chavista con su dinero, sus mentiras y su manipulación inhibían a buena parte de la comunidad internacional. Pero ha llegado el momento en el que la dictadura ha ido quedando en evidencia y ya no puede seguir engañando a más nadie. Solo los ciegos fanáticos o los que tienen su opinión hipotecada, tratan de mantener su respaldo al régimen más vergonzoso del continente.
Todos deseamos que la camarilla roja abandone el poder sin causar males mayores a nuestra nación. Todos deseamos que la rebelión pacífica y popular interna, y la acción política y diplomática de la comunidad internacional, los lleve a cesar en su vulgar usurpación del poder.
Pero los voceros de la barbarie roja repiten sin cesar el libreto: “Rechazamos el injerencismo”. “Los americanos quieren nuestro petróleo”. “Trump dirige un golpe de Estado”. Y pare de contar las frases del discurso justificador de la dictadura.
Hasta el ex presidente de Uruguay, Pepe Mujica, ha reconocido que el chavismo metió al imperio chino en nuestra geopolítica al entregarle buena parte de nuestra actividad petrolera. Es decir, que el discurso de “la soberanía petrolera” es igualmente falso y acomodaticio. Durante el siglo XX los Estados Unidos y otros países del mundo compraron y pagaron el petróleo venezolano, trabajaron en Venezuela, sin tener que invadir el territorio.
La propaganda del régimen busca desmovilizar a un sector del pueblo con el discurso de que la oposición democrática solo desea la invasión norteamericana.
Hay que ser claro, lo que buscamos es el fin de la dictadura. Es la recuperación de la libertad, de la democracia. Somos un pueblo secuestrado por una camarilla criminal que ha usurpado el poder del pueblo.
De modo que la lucha por nuestra libertad es un derecho incuestionable.
Es ética y moralmente sostenible el derecho que tenemos a la libertad, a la democracia, al bienestar.
La comunidad internacional no puede ser indiferente. Por eso celebramos y agradecemos la solidaridad y el respaldo de los países del mundo que han reconocido la legitimidad de la Asamblea Nacional; la de su jefe, el diputado Juan Guaidó como presidente interino y legal de la República, y, por consiguiente, reconocen la naturaleza usurpadora y arbitraria de Nicolas Maduro, como pretendido mandatario.
Maduro no puede burlarse de la nación venezolana, ni de la comunidad internacional. Pero tengo la convicción de que la camarilla roja no cederá a la presión legítima. Esa cúpula solo entiende la vía de la fuerza.
Si el conjunto de medidas hasta ahora adoptadas no la llevan a ceder en su absurdo empeño de perpetuarse en el poder, si no es posible una negociación que rescate la democracia para nuestro pueblo, quedará legitimado el uso de la fuerza.
En nombre de “la no intervención”, no se puede permitir que un régimen criminal mantenga secuestrando y privado de sus derechos a todo un pueblo.
Acá entonces se impondrá “el deber de la injerencia humanitaria” magistralmente formulado por san Juan Pablo II durante su pontificado.
Frente a un régimen criminal, que cierra todas las fórmulas, gestiones y misiones destinadas a buscar una solución política y pacífica, la comunidad internacional no tiene otro camino que el uso de la fuerza. En nuestro caso existen suficientes elementos para demostrar la tramitación que hemos hecho de los recursos jurídicos, políticos, diplomáticos ante los organismos internacionales, denunciando la violación de los tratados y acuerdos que obligan al Estado a ajustar su conducta a un conjunto de normas ordenadoras del comportamiento de los países. Hay evidencias suficientes para demostrar cómo a lo largo de años han venido desoyendo y obstruyendo la acción de todas esas instituciones e instrumentos, hasta el punto de ofrecer como respuesta la denuncia de tratados internacionales o el retiro de nuestro país de dichos organismos o mecanismos de control.
Obviamente se presenta el dilema moral respecto a lo nefasto de una intervención internacional en nuestro territorio. La mayoría de los venezolanos somos conscientes de las graves secuelas que ese tipo de acciones genera en la vida de una sociedad. La situación ha llegado a un nivel tal, que a nuestra gente no le están dejando otra opción que clamar libertad. En consecuencia, no será, en el caso de que ello ocurriera, una invasión, sino una operación de liberación de una nación oprimida y sometida con las mismas armas que deberían haber sido utilizadas para garantizar sus derechos fundamentales.