Más allá de todas las especulaciones sobre el atentado contra Nicolás Maduro, hay puntos concretos como las explosiones que han podido acabar con la vida del tirano, la autoría asumida por un grupo de militares activos y en reserva, y la estampida de los asistentes al desfile en homenaje a la Guardia Nacional.
Las explosiones causadas por los drones que sobrevolaron el espacio aéreo del palco presidencial fueron tan reales y tan cerca de la humanidad del presidente que, aunque quisiera el régimen, no podría haber negado la tesis del atentado. Aquí no se trata de suscribir la versión oficial. Lo que queda claro es que, frente a un hecho incontrovertible, que incluso dejó varias personas heridas, las autoridades no tenían otra salida que admitir que efectivamente se trataba de un intento de magnicidio.
Algunos supuestos opositores y “analistas” saltaron de inmediato a calificar el incidente como una estrategia del gobierno para distraer la atención, y otros más audaces aseguraron que se trató de una maniobra del mismo oficialismo para entonces sí iniciar una purga dentro de la FANB. Ambos argumentos son absurdos si se toma en cuenta que esa operación ha podido acabar con la vida del mandatario. Lo de un pretexto para la purga es infantil, cuando se constata que desde 2003 existen procesos continuos de purgas políticas e ideológicas en el seno de la fuerza armada. Ellos no necesitan excusas para hacerlas. Las ejecutan y punto.
¿Podría creer alguien realmente que el gobernante necesita un autoatentado para distraer la opinión o para justificar la persecución contra oficiales patriotas en el seno de la FANB? Quienes afirman esto, usan el mismo razonamiento que fue empleado para descalificar las acciones del piloto Oscar Pérez. Y hoy regresan con argumentos idénticos, sin el menor rubor, aunque la realidad los haya desmentido como presuntos “analistas”.
Lo otro concreto es el comunicado que leyó la periodista Patricia Poleo, en el cual un grupo de militares asumió la autoría y responsabilidad por la “Operación Fénix”, con la cual se identificó el intento de tiranicidio.
El texto justifica la acción basándose en una serie de artículos de la Constitución chavista de 1999. Sobre todo, en los referidos al derecho a la rebelión contra la tiranía y la necesidad de restablecer la autoridad de esa misma Constitución que, dice el documento, ha sido vulnerada por el actual mandato.
Siempre he cuestionado que se use esa Constitución chavista como base política o jurídica para cualquier intento de rebelión o insurrección civil o militar, porque se trata de una trampa que conduciría a mantener el régimen político que justamente queremos destruir.
Sin embargo, en el contexto que estamos analizando, no hay duda de que la perspectiva usada en la redacción de ese documento es la de oficiales militares activos y en la reserva que han sido o son aún de filiación chavista. Esto podría además confirmar las peores sospechas del gobierno de que efectivamente se trata de una acción militar bien planificada que involucra a numerosos agentes, la cual además podría tener desarrollos ulteriores.
Finalmente, queda el hecho incontestable, público y notorio del rompimiento de la formación militar y la estampida de quienes acompañaban al déspota en el palco presidencial. Muchos de los civiles y militares que corrieron despavoridos para proteger sus vidas, han sido los autores intelectuales y materiales del linchamiento sistemático contra la población civil venezolana en los últimos años. Hasta ese día habían estado convencidos de que esta administración sería eterna y ellos intocables, pero el temor a la repetición de acontecimientos similares los obligaría a pensar lo contrario. Las escenas de la desbandada quedarán vívidas en la memoria de los venezolanos como un momento icónico en la lucha contra la tiranía cuando, como dicta la conseja popular, el miedo cambió de bando.