Mientras nosotros, los mortales, sufrimos los embates del apagón nacional, este se ha convertido en la papa caliente tanto para los oficialistas, encabezados por Nicolás Maduro, como para la oposición, liderada por Juan Guaidó. Pudiera ser la pieza que le falta al rompecabezas de ambos lados. El que juegue mejor sus cartas, gana.
Por un lado está Maduro con su desgastado e inverosímil discurso antimperialista, que desde hace rato no le luce y mucho menos en esta coyuntura de emergencia nacional, cuando es público y notorio el desfalco multimillonario en dólares que funcionarios chavistas y sus amigos cercanos le han hecho a la nación con la excusa de proveer plantas eléctricas y/o reactivar el parque termoeléctrico en el país. Y ni hablar de la ineficiencia de quienes insisten en quedarse en Miraflores porque profundizar en ello sería perder el tiempo y seguir ofendiendo la inteligencia del venezolano.
Por el otro lado está Guaidó, quien hasta ahora, en la práctica, es más presidente de palabra que de hecho. El apagón nacional es una prueba de fuego para él y para todos los aliados. Dependiendo de lo que haga y con la contundencia que afronte esta situación, mantendrá intacto o no el respeto y el acompañamiento de la gente en este recorrido de regreso a la libertad.
El lunes decretó, con el respaldo de la Asamblea Nacional, el estado de alarma nacional, decisión ejecutiva que debe ser acompañada de otras medidas puntuales para que sea efectiva, de lo contrario sería ratificar en palabras lo que todos ya sabemos y padecemos, solo eso.
En el capítulo II de la Constitución, referido a los estados de excepción, se explica en el artículo 338 que podrá decretarse el estado de alarma cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la nación o de sus ciudadanos. “Dicho estado de excepción durará hasta 30 días, siendo prorrogable por 30 días más”. Se debe resaltar que, tal y como lo establece el artículo 337 del mismo capítulo, se recurre a la aplicación de los diferentes estados de excepción por cuanto las facultades de las cuales dispone el presidente de la República son insuficientes para hacer frente a tales hechos, a la vez que expone de manera explícita que bajo ningún concepto podrán ser restringidas las garantías referidas al derecho a la vida, prohibición de incomunicación y tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles.
Dicho esto, varias preguntas asaltan mi mente: ¿Qué hará Guaidó como presidente de la República de aquí en adelante? Ante esta emergencia nacional, en la que una vez más estamos en manos de lo que quieran y puedan hacer nuestros propios verdugos, ¿cómo nos ayudarán los más de 60 países que respaldan a Guaidó como presidente? ¿Seguirán pidiendo permiso a Maduro para poder hacer algo o lo harán de la mano de Guaidó? ¿Qué más nos pueden pedir a los venezolanos, qué más nos tiene que pasar para que organismos como la ONU terminen de entender en las terribles condiciones en las que estamos? ¿Será capaz Guaidó de enseñarle los dientes a Maduro y hasta de embestirle?
Solo el tiempo, que espero sea corto, me dará las respuestas. Me cuesta creer que Estados Unidos se quede solo en palabras, en amenazas. Una potencia de ese calibre no se prestará a ser la burla mundial, así como tampoco las potencias que respaldan que Maduro es un usurpador. Los gringos han dado dos pasos visibles muy importantes en los últimos días que a todos nos deben poner en alerta: terminaron de sacar a su gente de la embajada en Caracas y ordenaron a los estadounidenses a abandonar Venezuela a la brevedad posible. Estamos en la recta final, de eso no hay duda.
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