Una mezcla explosiva de intereses se conjugan en el conflicto con Guyana por el territorio Esequibo que, perteneciendo a Venezuela, le está siendo robado sin resistencia. Allí está en juego no solo la identidad territorial de la patria, sino, además, inmensas riquezas sobre las que de hecho viene apropiándose una entente formada por la clase política corrupta guyanesa, la dictadura cubana, las compañías petroleras y la mafia del narcotráfico, todo lo cual revela que no estamos solo ante un problema jurídico como lo está abordando el gobierno de Nicolás Maduro, por cuya débil defensa es dable la sospecha de que tras bastidores esta contiene su concertación en el despojo.
La región del Esequibo, rica en oro, bauxita, diamantes, madera y petróleo en una extensión de 159.500 kilómetros cuadrados que de hecho Guyana viene ocupando y explotando sin pausa, podría serle definitivamente legitimada por sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el proceso que allí cursa desde marzo de este año 2018 y donde Venezuela no ha ejercido defensa más que cuestionar la competencia de dicho tribunal. Es un alto riesgo contra el cual no se está ejerciendo la apropiada resistencia, como tampoco se ejerce físicamente ante la invasión territorial allí presente.
Petróleo, narcotráfico, política, justicia
La American Security Project (ASP) ha publicado un informe sobre la potencialidad de la zona que podría estar por el orden del millón y medio de barriles diarios de petróleo. Esto implica que Guyana, con apenas 1 millón de habitantes tendría más riqueza que Kuwait o los Emiratos Árabes Unidos.
(https://www.americansecurityproject.org/wp-content/uploads/2018/10/Ref-0216-Guyana-Building-Sustainable-Security.pdf).
Y si a esto le agregamos que Guyana es el más corrupto de los países del Caricom y donde el narcotráfico está fuertemente asentado según el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos, concluimos en que no solo Venezuela está en grave riesgo de todo tipo con ese descuido a la controversia. (U. S. Department of State. https://www.state.gov/j/inl/rls/nrcrpt/2013/index.htm).
En el citado informe se recoge como conclusión: “Los traficantes son atraídos por los puertos poco vigilados del país, pistas aéreas remotas, intrincada red fluvial, fronteras terrestres porosas y poca capacidad en el sector de seguridad por lo que los contrabandistas también atraviesan las fronteras terrestres con Brasil, Venezuela y Surinam. La cocaína a menudo se oculta en productos legítimos y se contrabandea por medio de barcos comerciales, transporte aéreo, mensajeros o servicios postales”.
La ingenua (¿?) defensa venezolana
Un territorio virgen con una increíble ubicación geopolítica que facilita conexión con todo el mundo, regido por un grupo de corruptos, está siendo presa fácil de intereses que han constituido una peligrosa mezcla: 1) Cuba que tiene allí su aparato de inteligencia militar y ha firmado y ampliado convenios de integración que, entre otros, estableció vuelos directos La Habana-Georgetown sin restricciones de visados; por cierto que el pasado 30 de noviembre el ministro de Estado de Guyana, Joseph Harmon, informó que el presidente de Guyana viajó a Cuba a internarse en el Cimex para tratarse un cáncer al igual que hizo Chávez. 2) La empresa estatal China National Offshore Oil Corp. 3) También está la gigante estadounidense Exxon Mobil compartiendo con esa empresa China 30% del producto de las actividades petroleras en las aguas por delimitar.
Toda esta nomenclatura conforma un cuadro de apoyo político internacional a Guyana bajo poderosos intereses económicos que evidencian cuando menos como ingenua la actitud academicista de la defensa que hace el régimen venezolano ante la Corte Internacional de Justicia, como si se tratara de un problema de pura naturaleza jurídica.
Pero ¿en realidad hay ingenuidad?
A la Corte Internacional de Justicia fue remitida la disputa entre Venezuela y Guyana y la cual viene arrastrando hace más de 120 años y cuyo punto más alto lo significó un laudo arbitral que basado en un fraude decidió a favor de Inglaterra la controversia por el territorio que era la Guayana Esequiba, tierras pertenecientes a la Capitanía General de España establecida en Caracas y que al ser declarada nuestra independencia pasó de derecho a ser integrante de nuestro territorio desde 1810, pero reclamado por Inglaterra y sometida a arbitraje la disputa resultó fraudulentamente resuelta a su favor mediante el mencionado instrumento conocido como el Laudo Arbitral de París que dio a los ingleses 159.500 kilómetros cuadrados de la zona en disputa.
El Acuerdo de Ginebra. Venezuela insistió y demostró que los elementos en los que el tribunal basó el fallo en favor de los ingleses fueron producto de un fraude y con ello demandó ante la ONU la nulidad del laudo. Así se logró un nuevo proceso que llegó hasta la firma de un pacto que se denominó Acuerdo de Ginebra, el cual se formalizó el 17 de febrero de 1966 y consistió en reabrir la controversia por un lapso de cuatro años. Aquí se estableció que de no llegar a un acuerdo, las partes debían escoger uno de los medios de solución previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos de su elección.
Alternativamente, para el caso de que las partes no llegaran a un acuerdo, se aprobó referir la decisión sobre los medios de solución a un órgano internacional apropiado que ambos gobiernos acordasen, o de no haberlo se sometería al secretario general de la ONU, y de no producirse un acuerdo, se escogería otro de los medios estipulados en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, y así sucesivamente, hasta que la controversia fuera resuelta, o hasta que todos los medios de solución pacífica establecidos en dicho artículo hubiesen sido agotados (artículo 4.2 del acuerdo).
Protocolo de Puerto España. Transcurrieron los 4 años sin llegar a un acuerdo, entonces las partes resolvieron darse 12 años más, y esto se asentó en el llamado Protocolo de Puerto España que se firmó el 18 de junio de 1970, a cuyo término tampoco se produjo solución, por lo que las partes convinieron en utilizar unos intermediarios que diplomáticamente se denominan “buenos oficiantes”, con los que tampoco se llegó a nada y es entonces cuando el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio por terminados sus buenos oficios y remitió el caso a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, determinación que ya había sido anunciada por Ban Ki-moon antecesor de Guterres.
La defensa del gobierno de Maduro ante la Corte
El gobierno se ha limitado a desconocer competencia de la Corte sobre el caso, lo cual se planteó en un escrito que en fecha 18 de junio del 2018 consignaron Delcy Rodríguez y Jorge Arreaza comunicando que Venezuela no participará en ese proceso judicial. Esto nos coloca ante dos posibilidades: 1) que la Corte admita ese argumento y cierre el caso por carecer de competencia, 2) que, por el contrario, afirme su competencia y abra a trámite el juicio en un larguísimo proceso de años.
En ambos casos Guyana está ganando el caso sin contención alguna, porque ejecuta sin pausa su apoderamiento del territorio en litigio acompañada de sus aliados China, Cuba, Exxon, lo cual será prácticamente imposible retrotraer.
Es asombroso ver cómo a un país se le ocupa y saquea parte de su territorio y solo responde con un escrito ante un tribunal.
Los defensores
Del lado de Guyana han armado un poderoso equipo de juristas de varias partes del mundo integrado por el ex secretario general de la Commonwealth, Sir Shridath Ramphal; los expertos en derecho internacional Paul Reichler y Payam Akvan; el bufete de abogados Matrix Chambers (Reino Unido); Paul Reichler del bufete Holey-Foag, uno de los más influyentes de Estados Unidos; y Payan Akhavan abogado miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya. Para pagar los honorarios de este equipo la Exxon dio a Guyana 15 millones de dólares, todo lo cual ha sido públicamente divulgado por su gobierno. Ese fue el equipo que elaboró los alegatos que presentó Guyana a la Corte el pasado 18 de noviembre.
Del lado venezolano solo aparecen interviniendo Delcy Rodríguez y Jorge Arreaza con un escrito cuestionando la competencia de la Corte para conocer del caso. Ahora se le ha fijado turno para dar contestación a los alegatos de Guyana, lo cual se le fijó para el día 18 de abril de 2019. Pasada esa oportunidad el proceso quedará abierto a un lapso indefinido para que se dicte sentencia sobre si la Corte acepta conocer el fondo del litigio o si se declara incompetente, y cualquiera que sea la determinación pasarán años y años para que se dicte un fallo definitivo.
Mientras tanto, en todo ese tiempo se mantendrá y expandirá la ocupación y explotación de nuestro territorio y de nuestras riquezas mientras nuestro pueblo muere de necesidad, todo para regocijo de la tenebrosa conjunción de intereses de la clase política corrupta de Guyana mancomunada con el terrorismo y el narcotráfico que patrocina el régimen cubano, y para la voracidad de la petrolera que no de gratis paga a los mejores abogados del mundo en ese festín en el que el régimen de Nicolás Maduro simula una postura de defensa legal mientras permite que de hecho fuerzas extranjeras saquean y hacen trizas nuestra soberanía.
Reconocimiento especial en este artículo para Jorge Luis Fuguett de la ONG Mi Mapa de Venezuela Incluye Nuestro Esequibo.
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