La posición asumida por la Fuerza Armada Nacional, totalmente contraria a su función institucional y a su tradición histórica, al respaldar la usurpación de Nicolás Maduro y enfrentar la conducta libertaria y constitucional de Juan Guaidó, ha ocasionado que las importantes y urgentes decisiones que se requiere tomar para lograr una solución a la grave crisis venezolana se hayan trasladado del ámbito nacional al internacional. Así lo muestran las coincidencias que empiezan a tener Estados Unidos, Rusia, la Comunidad Europea y la mayoría de los países de la América, como resultado de: las recientes conversaciones entre el secretario de Estado de Estados Unidos y su homólogo ruso; la firme posición sostenida por el Grupo de Lima, el 3 mayo, en la Cancillería peruana; la reunión del Grupo de Contacto Internacional, el 10 de mayo en Costa Rica, y la impactante noticia de que existen algunas posibilidades de negociación en Oslo, Noruega, entre representantes de Juan Guaidó y Nicolás Maduro.
Los comunicados emitidos, al final de esos encuentros, permiten enunciar algunas conclusiones. El hecho más importante fue, sin lugar a dudas, el encuentro entre Mike Pompeo, secretario de Estado, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en Sochi, el 14 de mayo. Los temas fundamentales fueron: el control del armamento nuclear, en particular el caso de Irán; la cooperación contra el terrorismo; y la situación de países como Venezuela, Siria, Ucrania y Afganistán. Pareciera que en el caso de Venezuela las posiciones son marcadamente divergentes en cuanto a: el estatus de Maduro, el empleo de la fuerza, diálogo o elecciones inmediatas e intervención extranjera. Las declaraciones, tanto de Pompeo como de Lavrov, así lo muestran. Sin embargo, al leerlas con cierta perspicacia se puede intuir que la salida de Maduro es un aspecto negociable. También, hay que saber que una agenda tan amplia favorece el margen de cualquier acuerdo.
La reunión del Grupo de Lima realizada, el 3 de mayo, en la Cancillería peruana, se caracterizó por mantener la orientación establecida por los 12 gobiernos que lo integran, a partir del 23 de enero de 2019, mediante la cual se reconoce la legitimidad constitucional de Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, y se señala la usurpación del ejercicio presidencial por parte de Nicolás Maduro. El comunicado leído por Carlos Holmes Trujillo, canciller de Colombia, se caracterizó por la firmeza de sus posiciones, en la cual ratificó la necesidad del uso de medios pacíficos y diplomáticos como alternativa de solución a la crisis venezolana y el rechazo a la intervención militar. La particular fuerza dada a la lectura del comunicado por el canciller Holmes y su advertencia, en nombre de Colombia, contra cualquier posible agresión física a Juan Guaidó y sus familiares evidenció el amplio y permanente compromiso del gobierno de Iván Duque en defensa de los intereses del pueblo venezolano y su decidido respaldo al restablecimiento de la democracia.
En la reunión del Grupo de Contacto Internacional con Venezuela, realizada el 7 de mayo en Costa Rica, se ratificó la orientación mantenida por dicho grupo desde su creación en Montevideo, el 7 de febrero, mediante la cual resalta su apoyo a una “solución política, democrática y venezolana a la crisis”, su oposición al uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos y las libertades de todos los venezolanos. Pero, al mismo tiempo, se percibió una creciente preocupación en varios de los Estados miembros como consecuencia de las acciones represivas contra diputados a la Asamblea Nacional, después de los graves sucesos ocurridos en Venezuela el 30 de abril. Esta realidad produjo tal tensión que se decidió enviar a Venezuela, a la brevedad posible, una misión para evaluar in situ la gravedad de los hechos ocurridos. Por último, el 15 de mayo se difundió una noticia, de manera sorpresiva, sobre el inicio de unas posibles negociaciones en Oslo entre representantes de Juan Guaidó y de Nicolás Maduro.
Con respecto a esa inesperada noticia, manipulada como es su costumbre por el madurismo, para generar confusión, división y rechazo en las filas opositoras, Juan Guaidó había declarado previamente su posición sobre las tres fases propuestas para el fin de la dictadura. Además, esta decisión de Juan Guaidó, la cual seguramente ponderó y consideró conveniente tomarla, por razones bien fundamentadas, la debemos respaldar todos los venezolanos sin mezquindades ni suspicacias, pero recordando que ninguna conversación con Nicolás Maduro y su régimen se puede concretar sin antes haber cumplido con las exigencias, aún vigentes, planteadas por el cardenal Pietro Parolin, con ocasión del fracasado diálogo de 2016 y que constituyen condiciones sine qua non para poder dar inicio a cualquier proceso de negociación. Ellas son: solución de la crisis humanitaria, restitución del papel constitucional a la Asamblea Nacional, liberación de todos los presos políticos y realización de elecciones libres, transparentes y competitivas.
Este es, grosso modo, el escenario internacional en el cual se desarrolla nuestra tragedia nacional, la cual se ha convertido en un problema de dimensión mundial. Todos estos encomiables esfuerzos no se han podido concretar, hasta el presente, en una vía cierta que nos permita superar los grandes errores cometidos por los gobiernos del mal llamado socialismo del siglo XXI, los cuales han conducido a la destrucción de Venezuela.
Existe un rechazo generalizado al uso de la fuerza, pero Nicolás Maduro y su camarilla persisten en la usurpación del poder y en la profundización del sufrimiento del pueblo venezolano, negando toda posibilidad de solución. Este delicado asunto obliga a la reflexión.
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