Desde la derrota sufrida en diciembre de 2015 con la elección de la Asamblea Nacional, la cúpula roja empezó a trabajar con mayor determinación en los mecanismos que le permitieran perpetuarse en el poder.
Apenas se conoció el resultado y la conformación de una mayoría de las dos terceras partes del Poder Legislativo, comenzó el fraude constitucional y legal para evadir El mandato popular.
Cuando ya había una nueva asamblea elegida, el agonizante Parlamento conducido por el soberbio Diosdado Cabello procedió a designar, en abierta violación a la letra y espíritu de la norma constitucional, a nuevos magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia.
Especial atención de esa burda maniobra debe merecernos el nombramiento de nuevos integrantes de la Sala Constitucional con el deliberado propósito de darle al régimen un blindaje político, con jueces obedientes a las directrices de la cúpula que maneja todos los hilos del poder.
En tiempo récord se designaron como magistrados a personas con una pública trayectoria de activismo político en el partido de gobierno, que no reúnen las credenciales académicas ni la trayectoria profesional exigida por la ley para acceder a tan elevadas magistraturas. Ese hecho delataba claramente el objetivo: tener una sala totalmente dispuesta a dictar sentencias para sostener los actos arbitrarios del poder establecido, tal como hemos podido apreciar a lo largo de los años que van de 2016 a 2018.
En paralelo se dispuso desconocer la mayoría calificada obtenida por la oposición en la recién elegida asamblea, y se usó la Sala Electoral del Tribunal Supremo para su ejecución. Violando toda la jurisprudencia y la lógica jurídica y política se suspendió de sus curules a la representación ciudadana del estado Amazonas, para luego fabricar la peregrina tesis del “desacato” de la Asamblea Nacional, con la cual el gobierno justificó su total desconocimiento a las competencias establecidas en la carta fundamental al Poder Legislativo.
Esta situación comenzó a mellar la confianza ciudadana en la eficacia de su voto y en la vigencia de las instituciones. Un halo de frustración empieza a forjarse en el alma colectiva venezolana.
Luego la dictadura desconoce la iniciativa del referéndum revocatorio, y con abusivas y burdas medidas le confisca a la ciudadanía el derecho establecido en el artículo 72 de la Constitución.
La frustración crece. La cúpula roja no se detiene en su veloz carrera de abusos y violaciones al orden constitucional.
Un sector importante de nuestra oposición política convoca a una jornada de protestas para exigir el referéndum confiscado. La cúpula roja responde con la más brutal represión del último medio siglo de nuestra historia republicana.
Más de 150 muertos, la inmensa mayoría jóvenes promesas de nuestro movimiento estudiantil; miles de heridos y presos políticos fue el resultado de tan despiadada operación de represión y negación del derecho a la protesta ciudadana.
En medio de ese clima de frustración e indignación ciudadana, de agotamiento político y material de la sociedad democrática, la dictadura se juega su carta central: monta una convocatoria raigalmente inconstitucional para elegir una supuesta asamblea nacional constituyente.
Con un fraude se impone a sangre y fuego ese parapeto político con el cual terminar de sepultar a la legítima Asamblea Nacional e instaurar, ya de manera descarada, la dictadura de la camarilla política y militar, que ha decidido cargarse la Constitución e imponerse sobre la base de la tenencia bajo su control de las armas de la República.
Para la ciudadanía constituye un nuevo revés apreciar que el oficialismo se salía con la suya. Imponía el parapeto constituyente, violaba la voluntad ciudadana sin que la oposición política pudiera evitarlo, burlándose de la mayoría nacional, así como de la comunidad internacional.
Obviamente, la oposición solo dispone de los recursos de la política para repudiar tamaños desafueros. La dictadura se impone no porque le asista la razón, ni mucho menos el derecho, ni aun el apoyo popular. Se impone porque dispone a su antojo de la fuerza de las armas.
La frustración y la indignación crecen. La diáspora se multiplica exponencialmente. Ya son millones los venezolanos que deciden abandonar nuestro territorio ante tanto abuso, pero sobre todo ante tanta miseria y violencia impuesta desde la cúpula del poder revolucionario.
Y es precisamente en este clima de anomia y de estampida ciudadana que la camarilla roja comienza a lanzar su estrategia de procesos electorales secuenciales. Primero, la elección de gobernadores y pocos días después la de alcaldes. Ambas convocadas de manera intempestiva estableciendo un precedente nefasto y antidemocrático. Las elecciones no tienen fecha cierta, se convocan cuando a la dictadura le convenga.
Frente a ellos, la ciudadanía y, por ende, la dirigencia política asumen posturas diversas. La dictadura ha logrado destruir la fortaleza más importante de la sociedad democrática: su unidad. Y minar sustancialmente el espíritu de lucha de densos sectores de nuestra población, que ante el inmoral avance de la arbitrariedad optan por abandonar el país.
Han fabricado el escenario ideal para lanzar la emboscada final: dividir a la sociedad, desmoralizar a la población para adelantar de forma absolutamente inmoral e inconstitucional el proceso presidencial, impidiéndole fácticamente a la oposición política definir su plataforma electoral.
Frente a dicho proceso presidencial se repite el debate sobre si se debe o no participar. Argumentos sólidos en ambos sentidos han sido presentados. Estimo que nuestro deber como sociedad y como actores políticos era preservar la unidad nacional y actuar en una sola dirección.
La inscripción de la candidatura del ex gobernador del estado Lara Henri Falcón, al margen del resto de la oposición política, constituye sin lugar a dudas un duro golpe contra la unidad de la oposición democrática.
Tal circunstancia es una contribución fundamental a la construcción del mejor escenario que los laboratorios al servicio de la cúpula roja han trabajado con destreza.
A la desmoralización, desmovilización y estampida humana existentes en nuestra población, se suma la participación del ex gobernador larense a la abusiva y precipitada convocatoria de la elección presidencial.
Estamos en el escenario ideal de la dictadura. Ojalá y quienes están ahora de manera deliberada o de buena fe ayudando a darle un barniz de legitimidad a la emboscada madurista, rectifiquen, y junten fuerzas con el resto de la sociedad democrática para obligar a la camarilla roja a convocar a una verdadera elección democrática, libre y transparente.