El 10 de enero de 2019 termina el actual período constitucional del Poder Ejecutivo nacional. Este período comenzó el 10 de enero de 2013 con el extinto comandante Chávez como presidente de la República. El mismo, por cierto, inició dicho período sin prestar el juramento establecido en la carta magna ante la Asamblea Nacional. Entonces, Chávez estaba gravemente enfermo en La Habana. Según algunas denuncias, incluso, ya había fallecido.
Lo cierto es que se inventaron una teoría de “continuidad administrativa” para justificar y tapar la grave falta constitucional de no prestar el juramento. Por la vía de los hechos, el régimen continuó a pesar de tan severa violación del orden jurídico. Según la data oficial, Chávez falleció el 12 de marzo de 2013.
Al quedar vacante la jefatura de Estado, se aplicó el artículo 242 de la Constitución, y se convocó la elección para el día 18 de abril de 2013. En un resultado dudoso, fue elegido Nicolás Maduro para completar el periodo ya iniciado por el extinto Hugo Chávez.
La comunidad internacional reconoció a Maduro, y le otorgó lo que en la ciencia política llamamos “legitimidad de origen”.
En el trágico desarrollo del gobierno, Maduro se ha convertido en un presidente ilegítimo. Ha obtenido lo que también denominamos una “ilegitimidad de desempeño”, y así es hoy percibido por la comunidad internacional.
De ser un presidente reconocido como legítimo, ha pasado a ser un dictador, que ha clausurado de facto al Parlamento, que fraudulentamente ha instaurado una asamblea paralela para superponerla a la legítima. Un dictador que viola de forma masiva y sistemática los derechos humanos de los ciudadanos, que tiene en su haber más de un centenar de muertos causados por sus cuerpos represivos y paramilitares. Que ha expulsado del territorio nacional a cientos de dirigentes opositores, mientras que a otros nos ha hostigado con acciones judiciales, mediáticas o con inhabilitaciones políticas. Un dictador que ha provocado la estampida humana más voluminosa de toda la historia de América Latina. Más de 3 millones de venezolanos han tenido que abandonar familias y tierra para ir a buscar en otros países lo que el régimen socialista les niega. Un dictador que ha arruinado la nación, y tiene sumido en la pobreza a 90% de nuestros compatriotas.
Para la inmensa mayoría de nosotros, los dirigentes democráticos y los ciudadanos venezolanos, Maduro ya no es el presidente legítimo de la República. Tanto que la Asamblea Nacional, poder público totalmente legítimo, declaró vacante el cargo de presidente de la República, en acto legislativo sin forma de ley, de fecha 7 de enero de 2017. De modo que, en estricto derecho, y en ciencia política, Maduro, hoy, es un usurpador del poder.
Para una parte significativa de la comunidad internacional, su legitimidad de origen termina el 10 de enero de 2019. Así lo ha expresado en la semana anterior el canciller del reino de España, Joseph Borrel, quien textualmente dijo lo siguiente:
“Maduro ahora y hasta el 10 de enero tiene la legitimidad de unas elecciones que nosotros reconocemos, pero el 10 de enero se le acaba ese mandato, y empieza un mandato con base en unas elecciones que no reconocemos. Nosotros no reconocemos gobiernos, reconocemos Estados. Pero sí, hay un problema político, porque este señor a partir del 10 de enero no es un representante político”.
Esta declaración tiene una importancia especial por tratarse de un gobierno socialista en el que participan aliados muy directos de la dictadura chavista. En efecto, el actual gobierno español de Sánchez tiene como soporte al grupo parlamentario de Podemos, partido estrechamente aliado al PSUV, hasta el punto de que figuras destacadas del mismo han trabajado y asesorado al chavismo, y ha recibido aportes de nuestras finanzas públicas.
Si aliados como el gobierno socialista de España le colocan fecha de vencimiento a Maduro, es de esperar que, con mayor razón, esa postura será más contundente de parte de los gobiernos que no tienen ese tipo de vínculos.
Ya buena parte de la comunidad internacional, expresada en la comunidad europea y en el Grupo de Lima, ha declarado con claridad la naturaleza autoritaria del régimen madurista. Ya han dicho de forma contundente que la emboscada seudoelectoral del 20 de mayo de este año no es válida, y por lo tanto no pueden reconocer a Maduro como presidente para un nuevo periodo constitucional, además de manifestar su reclamo por la mutación a la dictadura que ha consumado el gobierno, así como exigen el cese de la represión, la libertad de los presos políticos y la restitución de la democracia.
Este cuadro de aislamiento internacional, no cabe duda, será más grave para Maduro y su camarilla si persisten en usurpar el poder después del 10 de enero del próximo año.
Hay amigos para quienes tal fecha es intrascendente. Consideran que ponerla de relieve es crear una ficción, o una falsa esperanza de lograr un cambio en el corto plazo. Soy de los que consideran que, al destacar la circunstancia del término del mandato para el cual fue elegido en 2013, estamos reforzando, tanto para nuestros ciudadanos como para los actores de la comunidad internacional, la urgente necesidad de lograr el cambio político, más allá de la estrategia que cada sector o persona pueda considerar pertinente en el logro de ese objetivo.
Los demócratas venezolanos debemos continuar nuestra luchar y solicitar a la comunidad internacional pasar de la declaración a la acción. Una decidida acción política y diplomática de la comunidad internacional debe evolucionar hacia un verdadero compromiso de restituir la democracia. Después del 10 de enero se agota uno de los limitantes expuestos por algunos sectores y, en consecuencia, Maduro y la cúpula militar no deberían seguir usurpando el poder, y deben ser compelidos a la transición política, que le devuelva al pueblo venezolano el derecho de escoger su destino.