Hubiera preferido dedicar esta columna a la aberrante posición de México ante la crisis humanitaria, de derechos humanos, y regional en Venezuela. Me parece que no podemos insistir demasiado en el enorme error de lectura histórica de la política exterior mexicana, de equivocación política y de ceguera moral que comete el gobierno de López Obrador, solo por afinidad política e ideológica disfrazada de principismo no intervencionista, afán mediador y desinterés. Pero otro tema me preocupa más hoy.
El día jueves la agencia Reuters, en un cable fechado en Ciudad de México y divulgado a las 2:15 de la tarde, informa que el viernes mismo comienzan las devoluciones/deportaciones/remociones a México de solicitantes de asilo centroamericanos en Estados Unidos.
Según la agencia, el acuerdo llamado “Permanecer en México” –Remain in Mexico–, que no había sido puesto en práctica desde que se anunció hace ya casi dos meses, empezó el viernes, después de un par de reuniones de alto nivel entre funcionarios mexicanos y norteamericanos. Como se sabe, este fue el resultado de las negociaciones del equipo entrante de AMLO, incluso antes del 1 de diciembre, y el gobierno de Trump.
La lógica de la negociación fue siempre la misma: ¿De qué manera puede México ayudar a Estados Unidos con el tema de las decenas de miles de solicitantes de asilo centroamericanos que no caben en las instalaciones existentes en Estados Unidos y que por lo tanto obligan al gobierno norteamericano a liberarlos mientras se celebran las distintas etapas de su proceso?
Más allá de si ese acuerdo es el equivalente de facto de Tercer País Seguro, lo importante ahora es entender qué va a suceder con esta infame concesión mexicana y, en particular, qué va a suceder con los hondureños en Tijuana.
El mecanismo es sencillo. Todos los días cruzan la frontera un número determinado de solicitantes de asilo, pasan su primera entrevista en la que solo deben demostrar un temor creíble por su integridad en su país. Las autoridades norteamericanas toman nota, si es posible les dan una fecha para una entrevista en profundidad, y los devuelven a México. En México esperarán los días, semanas, meses o incluso años que separen esta entrevista de la definitiva. Solamente a entre 10% y 15% de los solicitantes se le otorgará asilo.
El gobierno de AMLO tal vez pensó que Trump no insistiría en este acuerdo, pero parece no haber contado con un dato fundamental. Trump sí cree que llegó a un acuerdo cerrado, firme y claro con México para que aceptara el envío de esos hondureños a México después de su primera entrevista, y que permanecieran aquí hasta que se resuelva su caso.
Esta posición mexicana viola el derecho internacional de los refugiados, al aceptar en los hechos lo que es un semi-refoulement, el sentido común y probablemente el derecho norteamericano. Sobre el semi-refoulement no hay mucho que decir: la costumbre es que ningún país puede o debe devolver a otro país, sea el de origen o no, a alguien que solicita asilo. Debe poder esperar la definición de su caso en el territorio donde solicitó asilo.
En cuanto al sentido común, ninguna persona sensata puede creer que los hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, cubanos y demás se encuentran en una situación que proteja su integridad mientras vivan en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa o Matamoros. Son algunas de las ciudades más peligrosas e inseguras de México, en el momento de mayor inseguridad de la historia reciente del país.
En cuanto al derecho norteamericano, en efecto, pocas horas después de que el primer hondureño sea devuelto a México, la American Civil Liberties Union (ACLU) interpondrá un recurso ante un tribunal federal norteamericano, probablemente el del noveno circuito en San Francisco, para prohibir dicha devolución, ya que viola una serie de derechos constitucionales en Estados Unidos. No hay mayor duda de que por lo menos durante el tiempo que tarde la justicia norteamericana en resolver el caso, habrá una suspensión provisional que impida la deportación a México. Algunos dicen que esta fue una gran maniobra, mañosa y hábil, de Ebrard para, por un lado, quedar bien con Trump al conceder todo, pero al mismo tiempo no incurrir en ningún despropósito ya que el acuerdo no se cumplirá: no se puede descartar esta hipótesis, pero es más probable que simplemente sea consecuencia de la nueva política exterior de AMLO con relación a Estados Unidos: no pelearse con Trump por ningún motivo, en ningún momento, en ninguna parte. Salvo Venezuela.
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