La dictadura socialista y bolivariana que encarna el señor Maduro no se detiene en su decisión de perpetuarse en el poder. Quienes han manejado el poder, por ya casi dos décadas, se resisten grotescamente a someterse a una evaluación por parte del pueblo venezolano, y se preparan para montar un simulacro electoral con el cual sostener que han sido elegidos para un nuevo período de seis años de ejercicio del Poder Ejecutivo.
Quieren alegar una legitimidad de origen, para darle continuidad a su presencia en el poder. Al fin y al cabo, la Presidencia de la República es en Venezuela el centro de todo el poder. Nuestra tradición presidencialista y la voracidad por la totalidad del poder, que ha puesto de manifiesto la camarilla gobernante, ha terminado por hacer del control de la Presidencia el eje sobre el cual se ha establecido un sistema basado en la fuerza, derivada del aparato armado que de allí se maneja.
De ahí el empeño de imponer, en abierta violación del orden constitucional y legal, una elección apresurada, aprovechando la naturaleza diversa de la oposición venezolana, y sin ofrecer las garantías fundamentales que todo proceso electoral debe tener en el mundo de hoy.
La Constitución Nacional vigente establece, que el período constitucional del presidente de la República comienza el 10 de enero del año siguiente en que se ha agotado el mandato de quien ejerce la función. Esto hace que la elección correspondiente se haya hecho tradicionalmente en el último mes del último año del período.
A la dictadura no le importa ese largo período distante al término del mandato presidencial, y lanza la fecha del 22 de abril para impedirle a la oposición democrática desarrollar los procesos necesarios para definir la plataforma electoral y política, que debe someter al electorado.
Previamente, ya el régimen ha venido desconociendo derechos fundamentales de la sociedad democrática, golpeándola de tal manera que socava su espíritu y sus capacidades de acción política. En la ejecución de ese perverso y antidemocrático plan proceden a desconocer y hostigar al Parlamento nacional, secuestran la iniciativa ciudadana de convocar el referéndum revocatorio, lanzan todo un plan de inhabilitación al liderazgo político opositor, someten a los partidos políticos a un proceso de agotamiento material y humano, con un programa de revalidación de su personalidad jurídica, lanzan contra el reloj elecciones de gobernadores de estado primero y de alcaldes después.
Ese plan profundamente antidemocrático, de violación del orden político, muestra en todo su esplendor la falta de escrúpulos de la camarilla gobernante a la hora de usar su poder para arrinconar al adversario y para negarle sus más elementales derechos a la participación política.
Es en ese marco que surge la decisión de efectuar el proceso presidencial. Es natural, entonces, repudiar tamaño desafuero y tan brutal atropello.
La sociedad democrática venezolana ha rechazado no solo la forma y el tiempo en que se ha convocado el proceso, sino el deterioro progresivo que ha venido experimentando el sistema electoral, hasta el punto de convertirlo en un sistema de fraudes claramente documentados y probados. La dictadura no acepta modificar tales vicios; por el contrario, se empeña en aplicarlos en la consulta presidencial.
El cuestionamiento no solo viene de quienes legítimamente nos oponemos al gobierno de Maduro. El cuestionamiento proviene también, y con contundencia, de la comunidad internacional.
La reciente decisión de la OEA, solicitándole a Maduro efectuar una verdadera elección democrática, confiable y segura, así lo demuestra.
Ante tamaño despropósito la dictadura lanza su aparato de propaganda a confundir a nuestro pueblo, con la falsa tesis de que ahora la oposición no quiere elecciones. Dicen: “La oposición pedía elecciones presidenciales y ahora no las quieren”.
Para completar el cuadro de sorpresa y abuso, pretendieron convocar simultáneamente la elección de concejales, diputados regionales; y para completar la abusiva receta, asoman terminar de cerrar la Asamblea Nacional, y efectuar también la elección de los diputados del Poder Legislativo, cuyo periodo constitucional no llega a la mitad aún.
Obviamente que cualquier persona, con un mínimo de valores democráticos, rechaza de entrada tamaño abuso y despropósito.
No se trata de que los demócratas en general, y los demócrata cristianos en particular, no queramos participar en elecciones. No es que tengamos vocación abstencionista.
Es cierto que la abstención no es una opción productiva, sobre todo en una democracia. Ella desmoviliza a la sociedad y no genera por sí misma una deslegitimación. La participación por el contrario permite organizar y movilizar a la población. Permite poner en evidencia la conducta autoritaria y fraudulenta de un sistema político.
En nuestro caso ya la naturaleza antidemocrática y fraudulenta de la dictadura está ampliamente documentada y probada. Está, además, aceptada por la comunidad internacional.
La premura del chavomadurismo por lanzar la emboscada el próximo 22 de abril, aprovechando que la oposición no tiene resuelta su propuesta política para la elección presidencial, hace imposible ir con todo rigor a dicho proceso electoral. Al adelantarse unilateralmente la fecha, violando todos los procesos previos, debidamente normatizados, para garantizar los derechos de los electores, de los partidos políticos y de los candidatos, el régimen busca crear un clima de división en la oposición democrática y de limitaciones severas a los electores. Tales circunstancias hacen que no estemos frente a un proceso electoral libre, transparente y confiable. Ello obliga a todo demócrata convencido a rechazar esta emboscada.
No es cierto que rechacemos ir a elecciones. Por el contrario, queremos unas elecciones auténticamente libres y democráticas. Unas elecciones que respeten los principios fundamentales, reconocidos universalmente, para garantizar a los ciudadanos la posibilidad de expresarse libremente, y a los candidatos y organizaciones políticas la posibilidad de concurrir con un mínimo de garantías y derechos.
La dictadura lanza la emboscada porque sabe que la oposición no está preparada para concurrir. Ello nos obliga a revisar nuestro compromiso con los ciudadanos y también los errores cometidos.
Los demócratas venezolanos conocemos la perversión, corrupción y maldad de la dictadura. Teníamos razones e información suficiente para saber que no jugarían limpio en este año crucial de 2018. Sin embargo, no nos preparamos para enfrentar de la mejor manera la cantada emboscada que hoy estamos sufriendo.
En noviembre del año pasado escribí una de mis columnas, con el título de “La hora del desprendimiento”. Ahí ya advertía respecto de este escenario. Llamaba a todo el liderazgo político y a los partidos a entender la naturaleza autoritaria del régimen. A cambiar el comportamiento observado en los años 2016 y 2017, de competencia y hasta hostilidad entre los actores políticos democráticos, como si viviésemos en democracia. Llamé a diferir proyectos personales o partidarios, y a construir una unidad superior, seleccionando a un prohombre o a una gran dama de nuestra sociedad para convertirlo en líder del proyecto unitario y democrático que se debía presentar en este 2018, cuando constitucionalmente corresponde elegir al nuevo gobierno de la República.
Esa recomendación no se oyó y la tarea no se hizo. La dictadura lanzó su zarpazo y nos toma sin la preparación necesaria para enfrentar de la mejor forma tan arbitraria e inmoral jugada.
En esta hora debemos trabajar juntos todos los demócratas para enfrentar con reciedumbre la pretensión de perpetuar la fracasada revolución bolivariana.
De ahí la importancia de reencontrarnos, de articularnos nuevamente, de superar nuestras diferencias. Al recuperar la democracia habrá tiempo para que cada partido desarrolle sus potencialidades, para que cada actor político compita por el liderazgo. Ahora es el tiempo de trabajar hombro a hombro para lograr el rescate de la democracia.
Promover la división, jugar adelantado, estimular las diferencias es ayudar a la dictadura. Es hora de hacerle frente a la emboscada. Como diría el ex presidente Pérez: “Manos a la obra”.