El gobierno de Donald Trump está utilizando con un éxito creciente la estrategia de utilización de sus herramientas económicas para enfrentar a sus enemigos políticos e ideológicos a escala internacional a través de su predominio más que evidente de la economía mundial en el área de las finanzas, la tecnología y el comercio, donde su influencia para afectar mercados vitales como la Unión Europea, el sureste asiático y vastas zonas de África y América Latina.
Los efectos de estas medidas se hacen evidentes en la destrucción de la economía de la República Islámica de Irán, que con más de 70 millones de habitantes está enfrentando una inflación galopante y una devaluación constante de su moneda. Sumida en la salida del mercado petrolero de sus principales clientes para no enfrentar sanciones financieras y políticas estadounidenses podría llevar en las próximas semanas a una guerra suicida como la que ocurrió con Japón en 1941, cuando Estados Unidos le bloqueó el suministro de hierro, acero y petróleo.
En el caso de Cuba, es más que evidente que con la activación del Capítulo 3 de la Ley de embargo se va a generar una tragedia social parecida a la ocurrida durante el denominado período especial, en el que las necesidades y estrecheces del pueblo cubano no fueron mayores y no llegaron a acabar con el régimen establecido, gracias al apoyo de los gobiernos de México, España y Venezuela en los años noventa y luego desde 1999 gracias al apoyo financiero del gobierno de Venezuela, que en los actuales momentos no es posible facilitar debido a la debilidad del gobierno actual de Nicolás Maduro.
En el caso de Rusia, es evidente que su fortaleza militar y económica hasta cierto punto le permite aguantar mejor que los demás países de este grupo las sanciones estadounidenses; mas es evidente que con el tiempo se terminarán apreciando una serie de perjuicios sustanciales que reducen la competitividad de las empresas rusas, que desde la anexión de Crimea están sufriendo la ira de las autoridades europeas y estadounidenses, lo que a la larga implica una situación que se debe analizar con mucho detenimiento para valorar el real impacto de estas medidas.
En el caso de la República Popular Democrática de Corea o Corea del Norte, es evidente que no se puede registrar su impacto financiero porque no existen cifras oficiales como en otras economías y dicho país tiene una capacidad de aguante social demostrado con la hambruna de 1994-1995, a causa de la cual fallecieron 3,5 millones de personas. Por ello, con una sociedad absolutamente militarizada, se hace evidente que estas sanciones no tienen efectividad en el mundo cotidiano del ciudadano de dicho país.
En el caso de la República Bolivariana de Venezuela, las medidas económicas han sido extremadamente duras y consistentes contra el gobierno de Nicolás Maduro y se pueden resumir en los siguientes campos:
- Financiamiento
El 24 de agosto de 2017, el presidente Donald Trump emitió un decreto que «prohíbe transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y su petrolera estatal» Pdvsa. Fue el primero que afectó al país en su conjunto tras sanciones individuales. La medida dificulta la renegociación de una deuda externa estimada en 150.000 millones de dólares y prácticamente expulsó de los mercados financieros al país con la mayor reserva de crudo.
Trump vetó además las transacciones con bonos del sector público venezolano y los pagos de dividendos al gobierno de Maduro. Venezuela y Pdvsa fueron declaradas luego en default parcial por pagos atrasados de algunos títulos. A fines de 2018 los bonos en default sumaban 6.337 millones de dólares y los pagos atrasados 6.986 millones de dólares, según la consultora Ecoanalítica.
- Petro
El 19 de marzo de 2018 la Casa Blanca prohibió a los estadounidenses negociar con el petro, criptomoneda que había lanzado Maduro en febrero de ese año, por considerar que fue creada para eludir las sanciones.
- Cuentas pendientes
El 21 de mayo de 2018, tras la cuestionada reelección de Maduro, un nuevo decreto de Washington vetó todas las transacciones de deuda con entidades oficiales como Pdvsa y el Banco Central, incluidos unos pagarés conocidos como «cuentas por cobrar». La orden ejecutiva proscribió la venta de acciones o participaciones en cualquier entidad en la que el gobierno venezolano poseyera 50% o más, como Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos.
- Embargo petrolero
El 28 de enero, Estados Unidos prohibió las operaciones con petróleo venezolano a través de su sistema financiero. La medida empezará a regir el 28 de abril y supone el más duro golpe, pues el crudo financia 96% del presupuesto del país suramericano. Citgo puede continuar operando, pero sus ganancias pasarán a una cuenta bloqueada en Estados Unidos, cuyo control Washington entregó al opositor Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente encargado de Venezuela.
- Comercio de oro
Washington sancionó el 19 de marzo a la minera estatal Minerven por realizar operaciones de oro ilícitas que, argumenta, sostienen al líder socialista.
- Bancos
El 22 de marzo Washington también sancionó al estatal Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y tres filiales en Venezuela; así como a Prodem, con sede en Bolivia, y a Bandes Uruguay. Las medidas congelan todos los bienes y activos que estas entidades puedan tener en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, a la vez que prohíben toda transacción con individuos o entidades estadounidenses o en tránsito en el país.
- Bloqueo de barcos y navieras
El 12 de abril, Trump decretó como «propiedad bloqueada» a 34 embarcaciones de Pdvsa y sancionó a 2 compañías navieras por enviar crudo de Venezuela a Cuba.
- Banco Central sin dólares
El 17 de abril Estados Unidos vetó todas las transacciones estadounidenses con el Banco Central de Venezuela, lo que corta su acceso a dólares.
- Sanciones individuales
Además de las medidas para estrangular económicamente a Maduro, Washington ha aplicado sanciones contra 87 personas entre funcionarios, ex funcionarios y personas del entorno del mandatario; así como 44 entidades. Las razones esgrimidas van desde la violación de derechos humanos hasta corrupción y narcotráfico.
Conclusiones
- Es evidente que cada país tiene una capacidad de resistencia económica que va pareja a su capacidad política y social de aguantar un empeoramiento paulatino de sus condiciones generales de vida, que afecta el apoyo político de sus habitantes al régimen en cada caso en particular.
- En el caso de Venezuela en particular, la resistencia económica se está desbaratando y con el inicio del embargo petrolero total el día domingo 28 de abril contra toda empresa petrolera que trabaje con Pdvsa, sea del tipo que sea, es evidente que no se puede imaginar las espantosas condiciones económicas en las cuales se puede caer en los próximos meses.
- Si el gobierno nacional no entiende la necesidad de llegar a una solución política, el colapso económico y social llevará a un apocalipsis político en breve.
Se acaba el tiempo de resistencia del gobierno nacional a los cambios políticos inevitables y llega el tiempo de tomar de decisiones difíciles.