Las elecciones regionales se han convertido en objeto de controversia dentro de la oposición. Unos se pronuncian a favor de votar y, con el mismo fervor, otros proclaman su decisión de no hacerlo. No todas las votaciones alcanzan este grado de disputa; la más reciente, la del 16 de julio, fue objeto de un entusiasmo unánime, y la anterior, aunque no gozó del mismo entusiasmo previo, fue abrumadora en participación y en celebración, lo que dio como resultado la mayoría calificada en la Asamblea Nacional.
Ahora, sin embargo, la controversia domina el espacio público opositor por su significado político. Institucionalmente las elecciones regionales actuales no significan nada en términos de la descentralización iniciada en 1989. La descentralización está muerta y murió enredada en las patas del caballo chavista; ahora la discusión es otra. Estas líneas intentan contribuir con elementos para que el lector tenga más ingredientes para considerar este espinoso tema.
La lógica del votante
No es de dudar que muchos opositores y chavistas descontentos vayan a votar por los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática. Las razones pueden ser simples y claras: sólo tengo el arma del voto y la debo emplear; seguramente, el ciudadano piensa que no tiene sentido renunciar al instrumento del cual dispone porque puede volver a propinarle una derrota contundente al régimen de Maduro, dado el descontento y las magnitudes del rechazo al orden rojo. Si no hay militares que se pronuncien, ni la calle logró los objetivos de generar un gobierno de transición, ni la presión internacional va a producir el quiebre político, entonces parece obvio que, para el ciudadano, una derrota electoral es el instrumento disponible más próximo y con menor riesgo.
No ignoran los millones de venezolanos opositores que la disposición al voto puede verse tamizada por las trampas y el fraude electoral. La respuesta que suelen dar los dirigentes, y que comparte muchísima gente, es que no hay fraude electrónico y que, en consecuencia, el fraude sólo ocurre en los lugares donde no hay vigilancia opositora en las mesas de votación, aparte del ventajismo estructural que siempre se da por descontado desde 1999 en adelante. Hay argumentos que avalarían esta visión, dadas las victorias obtenidas en el referéndum constitucional de 2007 y en la Asamblea Nacional en 2015.
La conclusión es que en determinadas condiciones, aun con este CNE y con el ventajismo estructural, se ha podido derrotar al régimen en elecciones. Esta lógica es perfectamente comprensible y tiene demostraciones en aquellos dos hechos históricos, aparte de la comprobación reciente de una fuerza electoral robusta al haberse obtenido 7.6 millones de votos en el plebiscito del 16 de julio de este año.
¿Es posible la victoria?
Frente a los razonamientos precedentes, tan claros que parece que nadie debería objetarlos, surgen impugnaciones. Hay unas claramente controversiales: como por ejemplo, los que argumentan que el CNE va a impedir que se refleje la mayoría opositora; pero, como se ha dicho, ha habido oportunidades en que a pesar de la sumisión del CNE al régimen no han podido impedir la victoria opositora. Para afirmar que ahora el mismo CNE no la admitiría habría que agregar nuevos elementos que harían que esta vez no fuese admitida un triunfo democrático. Si se ha podido otras veces, ¿por qué no ahora?
Otro argumento controversial es sobre la eficacia de las elecciones para provocar la salida del régimen (“dictadura no sale con votos” o “dictadura sí sale con votos”); tema que ha propiciado el retorcimiento de la historia propia y ajena para hacerle decir lo que interesa que diga; siendo que lo cierto es que las elecciones no han derrocado las dictaduras pero su ocurrencia en muchos casos ha servido como paso esencial para lograrlo.
En relación con la idea de que a este CNE se le han ganado elecciones, puede decirse que esto es un hecho; no una interpretación. Tal cosa ha ocurrido. La pregunta es si esta próxima elección tiene las mismas posibilidades de que el CNE no pueda impedir la eventual victoria opositora. Aunque se pueden esbozar hipótesis sobre el grado de importancia que para el régimen tiene perder la mayoría de las gobernaciones en medio de la debacle que vive, lo cierto es que no se puede afirmar si está dispuesto a llevarse por los cachos todo el tinglado electoral o si requiere que en alguna medida se mantenga el statu quo –y por tanto, admita/no pueda impedir la victoria opositora en la mayoría de los estados–.
En la hipótesis de que el régimen no tenga fuerza para una trampa o fraude que distorsione el resultado de los comicios en forma determinante, el resultado de 23 gobernaciones opositores sin duda sería fulminante. Se entiende que 23 en manos de la oposición es una exageración, pero es la manera de decir una mayoría determinante de unas 18 a 19 gobernaciones.
Los cambios de políticas
Los ciudadanos no inclinados a votar o ya decididos a abstenerse tienen razones que emanan de un ángulo diferente del asunto. Unos afirman que con este CNE no es posible ganar o que “dictadura no sale con elecciones” y, por tanto, los procesos electorales son una distracción innecesaria respecto del objetivo central. Más arriba se han señalado las características controversiales de ambas afirmaciones.
Sin embargo, hay razonamientos que son más sólidos. El más importante de los cuales se refiere al abandono del objetivo de la salida del régimen que toda la oposición unida había promovido (en el caso de algunos partidos) o admitido (en el caso de otros). Hay que recordar que desde el 9 de enero, cuando la AN destituyó a Maduro “por abandono del cargo”, toda la línea opositora se concentró en el cambio de régimen. Las jornadas de protesta; el sacrificio de más de 130 jóvenes; la cárcel y los juicios, la persecución y el exilio, fueron testimonio de ese esfuerzo.
Cabe entonces preguntarse, ¿por qué se plantearon esos objetivos? ¿Eran posibles? ¿Acaso todos los partidos políticos los compartieron?
El objetivo principal: salir del régimen
En realidad en la oposición ha habido distintas aproximaciones a los objetivos que deben plantearse, aunque desde que se ganó la Asamblea Nacional el propósito principal se definió como el de cambiar al régimen lo más pronto posible. Sobre este asunto, los partidos tuvieron diferencias y, en algunos casos, severas contradicciones que, a la postre, liquidaron el movimiento que procuraba la salida de Maduro.
Bajo la presidencia de Henry Ramos Allup en la AN y con el impulso de una mayoría poderosa y entusiasmada, se propuso la salida del régimen desde enero de 2016. La opinión pública asumió que el nuevo Presidente de la AN planteaba la eyección de Maduro en seis meses; más adelante aclararía que no era exactamente así sino que en ese período habría una propuesta específica para lograrlo. En todo caso, la idea era que el objetivo lo asumía la MUD y que era factible. Las fórmulas constitucionales estudiadas no se impulsaron y en el camino tomó fuerza la propuesta de Henrique Capriles de llevar a cabo un referéndum revocatorio presidencial. Parecía posible lograrlo por un mecanismo constitucional claro, y ya se conoce que el régimen maniobró con destreza, los tribunales de los estados fueron el instrumento de la artimaña para anular el RR, y en ese instante la respuesta ciudadana fue un estado de insurrección. Los dirigentes de la MUD detuvieron la protesta y dieron paso a un diálogo tramposo con Zapatero y otros ex presidentes, en el cual Maduro ganó tiempo, se deshizo la fuerza popular avasallante y la desesperanza se instaló. No sólo sufrió la exitosa lucha que enarbolaba el RR sino que la dirección política se hundió en significativo desprestigio, entre otras cosas porque algunos eludieron los focos de la prensa y dejaron a otros cargando el muerto.
En 2017 y bajo la presidencia de Julio Borges en la AN hubo un nuevo impulso destinado a cambiar el régimen. El 9 de enero se produjo la decisión de la AN de destituir a Maduro por «abandono del cargo». El tono generalizado de los dirigentes a partir de entonces parecía conducir a ese propósito: 350 y rebelión. En tal marco, el designio del régimen de despojar a la AN de sus atribuciones a través del Tribunal Supremo de Justicia, disparó de nuevo la protesta hasta los niveles heroicos que llegó a tener desde abril hasta julio de 2017.
Las diferencias
Pronto aparecieron las diferencias entre los partidos, aunque soterradas por el estruendo de la calle en rebelión. El liderazgo táctico de la protesta (dónde, cuándo y cómo manifestar y marchar) lo tuvieron desde el comienzo Primero Justicia y Voluntad Popular, con sus jóvenes diputados y activistas al frente. Acción Democrática participaba en la calle pero no parecía estar en la dirección operativa ni asistía con frecuencia a las reuniones de la MUD. Avanzada Progresista de Henri Falcón y Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales, se deslindaban –en general en forma discreta– del objetivo de eyectar a Maduro. Vente Venezuela, con María Corina, y Alianza Bravo Pueblo, con Antonio Ledezma, compartían el objetivo central pero eran tratados como socios incómodos en la MUD y, en la práctica, no participaban de las decisiones centrales.
PJ y VP dominaron la dirección de la protesta hasta que un nuevo actor –La Resistencia– comenzó a aparecer de una manera vigorosa, temeraria, a veces parecía organizada y a veces anárquica. La Resistencia comenzó a darle sentido a marchas que una y otra vez no podían franquear determinados lugares y que, al terminar en enfrentamientos muchas veces envueltos en tragedia, significaban para todos los participantes que la pelea se estaba dando; la estaban dando todos. Los muchachos eran la vanguardia, pero el cuerpo principal de la ciudadanía estaba allí como muralla, apoyo y retaguardia. La protesta impactó el mundo entero y fue factor eficiente para el aislamiento internacional de Maduro.
Esta lucha llegó a un punto fundamental con la consulta del 16 de julio (evento que merece análisis por separado), en la cual se produjo el mandato de desconocer la Asamblea Nacional Constituyente que el régimen se había sacado de la manga y se iba a elegir el 30 de julio; se hacía un llamado a la Fuerza Armada para colocarse al lado de la democracia; y planteaba la renovación de los poderes públicos (TSJ, CNE, etc.) para tener elecciones libres y limpias y arribar a un gobierno de unidad nacional. Fue clamoroso el esfuerzo y el resultado.
Mientras tanto, cuatro factores comenzaron a sobrevolar el panorama opositor: primero, el indudable desgaste de la protesta; cuatro meses heroicos en las calles no habían logrado el objetivo propuesto y la represión más brutal se había ensañado contra la vanguardia y muchos dirigentes; segundo, Maduro lanzaba de nuevo el “diálogo”, al cual ya estaba aferrado UNT y del cual era partidario Falcón aunque excluido por la MUD; tercero, el régimen lanzó en forma calculada el tema de las elecciones regionales que suele seducir a los liderazgos en los estados; y, cuarto, se inició el proceso de elegir la Constituyente espuria, una especie de brazo institucional de la represión: sin la protesta ciudadana la Constituyente pasaba a ejercer la represión institucional que en la calle ejercían la Guardia Nacional y la policía.
AD asumió las elecciones regionales de una vez. En el fondo, era su estrategia más permanente al considerar que no era posible o no convenía la salida anticipada de Maduro; más bien allí, comparada con otras organizaciones, podría demostrar músculo, como en efecto ocurrió en las elecciones primarias. UNT y AP asumieron esas elecciones de modo inmediato dado que nunca habían estado comprometidos con la tesis del cambio inmediato de régimen. María Corina con Vente y Antonio Ledezma con ABP plantearon la necesidad de continuar con el objetivo trazado desde las luchas de 2014, 2016 y de 2017: la salida del régimen. Todas las posiciones anteriores eran más o menos previsibles.
El cambio más radical fue el de PJ y VP. Estos partidos tenían en ese momento dos de los activos más importantes para las fuerzas democráticas: Borges, presidente y representante del legítimo poder de la AN, y VP con el enorme caudal que en ese momento representaba el martirio de Leopoldo López. PJ y VP no sólo substituyeron el objetivo del cambio inmediato de régimen que habían proclamado sistemáticamente, con un inmenso esfuerzo y sacrificio de muchos de sus jóvenes dirigentes, sino que se vieron envueltos en los entretelones que aparecían como más sórdidos del diálogo auspiciado por Rodríguez Zapatero.
Este cambio drástico de PJ y VP, de la vanguardia política de la calle a unas elecciones regionales que varios de sus dirigentes negaron buscar, ha sido el núcleo de la desazón en el campo opositor. Desde luego que hay responsabilidades compartidas, pero esa inesperada metamorfosis política de dos de los que aparecían más comprometidos, fue terrible.
Las razones de los abstencionistas
En este marco es que hay que analizar la posición de los que se plantean la abstención como política en las próximas elecciones regionales. Fuera del ruido de quienes los insultan, lo cierto es que se refieren a un marco de decisión diferente al de los que afirman que con su voto se obtendrán 23 gobernaciones y el año que viene se vencerá a Maduro en las elecciones presidenciales. Lo que hoy los partidarios de la abstención se plantean es una de dos cosas o las dos a la vez: la creencia que con el voto se legitima el orden que Maduro quiere crear con la Asamblea Constituyente como supremo poder, y, por otra parte, se sancionan las inconsecuencias que le atribuyen a la MUD, que, como se analizó más arriba, se centran en dos de sus partidos (lo que explicaría, por cierto, que AD salga menos chamuscado de esta enredina que otros).
La incomprensión de las razones de los abstencionistas es lo que ha llevado a los promotores del voto y, en especial, a su “guerrilla comunicacional” a insultar en vez de convencer: los tratan como si a aquéllos no les importara la pervivencia del régimen, cuando en realidad su actitud es porque asumen que la participación electoral implica la continuidad de Maduro.
Al ser los marcos de referencia diferentes, los partidarios del voto para infligirle una derrota brutal a Maduro, y los partidarios de la abstención, para no permitir que Maduro logre comprar tiempo hasta 2019, tienen razones válidas que los hacen divergir radicalmente hoy, pero cuyo sentido, paradójicamente, promete el reencuentro después del 15 de octubre.
El papel de la constituyente
El impacto de la asamblea nacional constituyente instalada por el régimen cambia el sentido de las variables y es el nuevo instrumento del régimen para intentar cumplir, si puede, el propósito de permanecer en el poder al margen de la voluntad ciudadana, sea que se manifieste a través del voto, de la opinión pública o de la protesta. No hay que olvidar que el 30 de julio pasado el régimen no sólo cometió el fraude que unas veces más y otras menos ha cometido, sino que lo hizo al descampado, con la exhibición pornográfica de la hiperinflación de votos que nadie vio. El fraude fue exhibido con impunidad, lo que también hace alarde de la decisión –si pueden– de no salir de ninguna manera democrática del poder.
Esa ANC colocó bajo su control la realización de las elecciones anticipadas (las pasó del 10 de diciembre al 15 de octubre), ratificó a los rectores del CNE para mostrar su capacidad institucional de hacerlo, y ha amenazado –sin cumplir hasta la fecha– a los candidatos opositores con inhabilitarlos antes de los comicios o impedir, si son electos, el ejercicio del cargo. Como corolario de la intimidación está el intento de obligar a los eventuales electos a juramentarse ante la ANC para exhibir el control absoluto del poder. La decisión del régimen es aceptar gobernadores opositores sí y sólo sí se someten a la ANC e impedir este escenario no es una cuestión de ganas (o su falta) de hacerlo sino de poderío. Es obvio que desde esta perspectiva y en la suposición de que no hay fuerzas civiles de calle movilizadas o militares que puedan actuar al lado de los demócratas, el poder establecido no puede permitir lo que una elección libre y limpia consagraría, que no es otra cosa que el arrase opositor.
El panorama hacia adelante
Pongamos dos extremos para apreciar los escenarios políticos futuros. Supongamos que los dirigentes convencen –como debería ser su misión y oficio- al país nacional de la conveniencia de votar por gobernadores de oposición y que se logra impedir la trampa y el fraude por parte del CNE, para obtener los 23 gobernadores (o 18/19 que es equivalente, como golpe político). En este caso, la victoria política de la MUD sería indudable, especialmente de AD y también de PJ y VP, que así tendrían la justificación de su viraje.
El otro extremo es patético. Piénsese en lo que significaría tener seis o siete gobernaciones opositoras y la mayoría capturada por el régimen, lo cual sólo podría explicarse por las trampas y por la ausencia de motivación del electorado opositor (aunque no hay que olvidar que la abstención también afecta a los rojos). En este caso, la derrota de la MUD sería indudable aunque la experiencia enseña que la dirigencia en vez de hacerse a un costado por sus fracasos, suele atribuir la culpa a otros. En esta situación, el relevo opositor se pondría a la orden del día.
Lo más probable es un resultado en el que el régimen asuma una victoria, con el argumento de que a pesar del cerco imperialista y la confusión de las masas, logra un número para ellos satisfactorio. Por su parte, puede ocurrir que la oposición también asuma una victoria, sólo “empañada” por los abstencionistas que habrían impedido obtener las 23 gobernaciones. En este caso, la historia recomenzaría otra vez y Maduro intentaría juramentar a los gobernadores opositores ante su constituyente. Maduro habría ganado esta partida si es que no hay imponderables.
Estimado lector, espero que este análisis contribuya a su reflexión.