El mito de las sanciones a Pdvsa (II)

Accidente ocurrido en la refinería de Amuay en 2012

Mucho se cuestionan las sanciones de Donald Trump, pero lo que no se dice es que estas son posteriores a la caída de los precios del petróleo y la debacle de Pdvsa como consecuencia de la mala gerencia, su politización y corrupción a partir de la venta spot en el mercado internacional.

El boom petrolero y el incremento de los precios del petróleo a principios de la década fueron la fuente energética de la corrupción en Venezuela, comenzando con el ya olvidado Plan Bolívar 2000 y terminar al final con un expresidente de la industria fugado, dos a la orden de la justicia, uno de ellos fallecido y cinco ejecutivos de Citgo presos; sin embargo, muchos alegan la inoperatividad de la industria solo a sanciones de Trump y no a la corrupción.

Las sanciones impuestas por Obama (Orden Ejecutiva 13692 08MAR15) fueron dirigidas específicamente a personeros del régimen o del gobierno (según la Plataforma Unitaria), sin ningún efecto sobre la economía, finanzas o industria petrolera. Su razón se encontraba en que Venezuela constituía “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos” al mantener una política sistemática y generalizada de violación de los derechos humanos.

La Orden Obama emitida durante su segundo término, está sustentada en cinco actos ejecutivos: el primero de ellos en el Code, 9 1926; y el último, la ley de 2014 The Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014, no dejando duda de su legalidad constitucional. Años después. el 25 de agosto de 2017, el presidente Trump impuso nuevas sanciones al régimen de Maduro, pero en esta oportunidad de tipo financiero a Pdvsa, las cuales sin dudad han tenido al final sus efectos sobre la principal fuente de recursos , pero también generadora de la corrupción.

El punto está en que las sanciones impuestas por el gobierno de Trump no son las responsables de la debacle de la industria petrolera, como pretende hacer creer el régimen. En mi artículo de fecha 5 de diciembre de 2021, «El mito de las sanciones«, el cual suscitó algunas opiniones en contrario, no se puede ni debe pasar por alto que todos los presidentes de la industria han tenido un desempeño negativo en cuanto a los niveles de producción entre el año 2000 y noviembre de 2017, sin que hubieran tenido que enfrentar sanciones financieras, puesto que las mismas fueron impuestas por Trump el 25 de agosto de 2017.

En consecuencia, no es cuestión de opiniones ni simpatías. El desempeño de Pdvsa, de su gerencia, demuestran lo falaz de los argumentos oficiales; de ahí que la evaluación de la industria debe ser menos economicista y más transversal e integral, al tomar en cuenta otras variables en la gestión como los niveles de corrupción interna y externa, el momento y tiempo (2000-2017) en que fueron tomadas, las sanciones impuestas; la misión asignada, la visión geopolítica a mediano plazo al hacer de los acuerdos energéticos no una herramienta de cooperación si no un arma de extorsión política en el seno de la OEA. Seria forzoso explicar por qué sin sanciones la producción cayó anualmente entre 2000 y 2017; las empresas de servicio y mantenimiento cerraron, los taladros dejaron de ser operativos y los accidentes laborales rompieron el premio Guinness; sin embargo, ninguno de estos males salían a luz pública debido al incremento de los precios del petróleo que saltaron en el año 2000 de 26,7 $/B a 109,45 $/B en 2012, con un mal mayor la corrupción.

La prensa registra descarados robos como el Plan Bolívar con 114,3 millones de dólares, hasta el año 2017,  cuando se suscribieron contratos irregulares por 4,8 millones de dólares desde la oficina de Inteligencia de Mercadeo y Política Petrolera, una filial de Pdvsa con sede en Viena, dirigida desde afuera por su presidente Rafael Ramírez.

Las sanciones de Trump definitivamente tienen sus efectos. Pero lo más seguro si la bonanza petrolera continuara mayor será la corrupción, el saqueo y robo al país.