Economía y poder político

La agonía republicana, desenvuelta en una confrontación de ideas y posturas políticas irreconciliables, parece encauzarse finalmente hacia un desenlace esperanzador. En ese contexto, todo indica que el espacio político y social ocupado por los artífices y seguidores del régimen dominante en las últimas dos décadas de vida venezolana, no podrá ser desconocido ni menos aún anulado en una nueva etapa de transición sosegada hacia la democracia. Precisamente la inclusión y la tolerancia para con el contrario, deben restablecerse como pilares de convivencia social y política, algo que nos ha sido negado bajo el predominio del Socialismo del Siglo XXI. Tenemos que sortear uno de los momentos más difíciles de nuestra historia contemporánea, con la misma serenidad y cordura que infundió en su momento el general López Contreras, realizado como él mismo indica, “sin ocurrir a medios de violencia y menos tortura física del adversario”, vale decir, “sustraído a influencias y prácticas dictatoriales para efectuar un proceso político con actos de persuasión y de sinceridad para con el pueblo venezolano”. Hay quienes afirman que solo una derrota del régimen infligida en el terreno de las armas, podría determinar una voluntad de cambio político radical no consensuado. La esperanza sigue siendo el tránsito inteligente y no violento, el reconocimiento de los espacios que a cada quien corresponde en esta Venezuela exhausta, doliente, deseosa de recuperar el sosiego social; es la propuesta que impulsa el liderazgo opositor, la promesa joven y aglutinante de inmensas mayorías populares y decididamente respaldada por una contundente representación de la comunidad democrática de naciones.

La izquierda venezolana tuvo su oportunidad y la perdió irremisiblemente. Ha sido causa eficiente de la más grande debacle económica y social que se conozca en ya casi doscientos años de vida independiente. Asimismo, se añade el enfrentamiento de suyo violento de los factores políticos, aupado por el régimen en funciones de gobierno en lo que va de siglo. Y ello basta para sostener que sus métodos y dogmas impracticables, no tienen cabida en la Venezuela democrática y civilizada que ambicionan las grandes mayorías. Quede claro que esa izquierda llegó a la cúspide del poder público bajo las reglas de la democracia representativa; resultó elegida para gobernar con arreglo al Estado de Derecho, no para inducir un cambio inconstitucional, innecesario y por demás inviable del pacto social. He allí las dolorosas consecuencias del inmenso engaño populista de izquierdas, de tanta irresponsabilidad, igualmente acicalada en la corrupción sin límites ni precedentes que ha dado al traste con la riqueza nacional y el bienestar de las actuales y futuras generaciones.

Pero vayamos a lo práctico. Recuperar el país en todas sus fases e instancias, comportará no solo un gigantesco esfuerzo de todos los sectores de la vida venezolana, sino además la necesaria revisión de las ideas en el campo económico. De ello hemos hablado en anteriores entregas en este mismo espacio de opinión. Han de instrumentarse medidas puntuales, que afronten el restablecimiento de los equilibrios macroeconómicos, entre ellas el desmontaje de los controles de cambio y de precios, incentivos fiscales para la reactivación de los sectores de la producción, gestión y obtención de recursos transitorios que posibiliten atender necesidades urgentes, reestructuración de la deuda pública nacional, de modo tal que la República pueda regresar en condiciones razonables a los mercados voluntarios, reformas legislativas que permitan destrabar los procesos administrativos agobiantes de la actividad económica, tanto como restablecer la vigencia y atributos del derecho de propiedad sobre los medios de producción. En el corto plazo, los objetivos se enfocan en la estabilidad de precios y la sostenible mejora en la balanza de pagos. A la larga, se busca expandir la producción en los diversos sectores, alcanzar seguridad y suficiencia en el abastecimiento, mejoras en la distribución de la renta y de la riqueza y la plena satisfacción de las necesidades básicas de la población. Y en ese camino, debe afianzarse la necesaria coherencia y articulación de las políticas monetaria y fiscal, algo que no hemos visto en las dos décadas que nos preceden; no hemos tenido un sensato, profesional y eficaz control de las variables, menos aún un racional estímulo a los agentes económicos.

Ahora bien, más allá de las acciones y decisiones que el gobierno debe tomar en el ámbito económico, vale decir su intervención en procura de estabilidad, crecimiento y buen funcionamiento del aparato productivo, es preciso abordar el tema de las ideologías que sugieren posturas alternativas acerca del nivel de intervención del Estado en la vida económica del país. Se trata de revisar y replantear la relación entre la economía y el poder político en funciones parlamentarias y de gobierno. No podemos limitarnos a las buenas intenciones de la política económica; la transición a la democracia dispone de una magnífica oportunidad para despojar a la gestión pública de contenidos dogmáticos fraguados en la izquierdas revolucionarias –incluso en las democráticas– del siglo XX; y con ello no estamos anunciando el fin de las izquierdas, antes bien, hablamos de su fracaso histórico que debe auspiciar serenas reflexiones y revisiones objetivas entre sus ideólogos, naturalmente, prescindiendo de sus fanáticos incorregibles. A juzgar por los resultados obtenidos en todos los casos ampliamente conocidos, el camino propuesto por las izquierdas, no puede llevarnos a estadios sostenibles de prosperidad generalizada. Y ello sin implicar que un nuevo paradigma deba prescindir del verdadero sentido de lo social, de todo aquello que contribuya a humanizar el pensamiento y la acción de los agentes económicos. No procede ensanchar la brecha de las desigualdades económicas y sociales, tampoco auspiciar un estado de bienestar colectivo condicionado a la intervención del gobierno en los procesos productivos. Algo que pudiéramos perfilar en la conocida frase: tanta libertad como sea posible y tanto Estado como sea necesario para el buen funcionamiento de los negocios.