El presidente Iván Duque se armó de valor y procedió a objetar seis de los ciento cincuenta y nueve artículos de la Ley Estatutaria de la JEP. Esta había sido examinada ya por la Corte Constitucional y la había pasado a la sanción del presidente de la República.
Legalmente el mandatario podía sancionarla entera u objetarla total o parcialmente por razones de inconveniencia. En el mismo acto en que informó al país de lo anterior, Duque señaló que cada una de estas observaciones busca la mejora y la corrección de la Justicia transicional “para corregir estos aspectos y avanzar en la construcción de una paz que nos una”, sin que existan ánimo de polarizar.
A pesar de lo positivo de haber dado ese importante paso, las falencias de la JEP van mucho más allá que las señaladas por la presidencia en los seis artículos cuestionados. La misma seguirá con importantes vicios y no servirá, como debía haber sido, para defender los derechos de las víctimas, para su reparación y para que no se repitan situaciones similares.
Este instrumento parido por la Comisión encargada de armar el Acuerdo de Paz de La Habana ha sido criticado por tirios y troyanos, siendo sus únicos defensores los actores de la propia Comisión y, evidentemente, la cúpula guerrillera a quien ella favorece ampliamente.
La toma de la decisión presidencial ocurre tras una semana de escándalos que la jurisdicción pretendió acallar con apertura de casos hasta ahora descuidados, como el de reclutamiento de menores de edad, la exposición pública de militares acusados de falsos positivos, y las comparecencias secretas de jefes guerrilleros vinculados a secuestros.
El meollo del asunto radica en muchos aspectos de su articulado que otorgan excepciones en la aplicación de la ley ordinaria, a los criminales guerrilleros que arrodillaron a Colombia durante medio siglo con su violencia sanguinaria. Importantes actores e instituciones del vecino país consideran que el estatuto tiene vicios significativos que lo convierten en ilegal e ilegítimo en Colombia, por un lado y lo hacen violatorio de la Carta Interamericana de Derechos Humanos, por el otro. Sin hablar del hecho de que la propia ciudadanía efectuó un mandato para revisarlo a través del “Plebiscito por la Paz” celebrado mediante convocatoria global, en el que los colombianos rechazaron, con más del 50% de los votos, su contenido.
Entre las aberraciones que han hecho aparición más recientemente, se ha descubierto, por ejemplo, que la JEP pagaba los honorarios de los abogados de los justiciables de las FARC que comparecen ante esta justicia transicional.
Al propio tiempo, a este tipo de escándalos y a los que tienen que ver con la falta de atención a las denuncias por delitos sexuales en contra de parlamentarios ex guerrilleros, se vienen a sumar grotescos casos de corrupción dentro de las autoridades de la naciente JEP.
Recordemos, una vez más que el régimen de JEP debería haberse concebido como un fundamento sólido de la reconciliación nacional y, sobre todo, una fórmula garante de los derechos de las víctimas del conflicto armado. Ninguna de las dos cosas está ocurriendo. Así pues, cuando el presidente veta los seis artículos, la norma queda congelada mientras el Congreso estudia su decisión. ¿Existe la posibilidad de un retroceso en la aprobación de todo el Acuerdo para la Paz de Colombia? Sí existe. Pero es mucho más nocivo para el país un silencio lapidario en torno a todo el sistema de justicia que regirá esta transición hacia una nueva Colombia.
Así que es por lo menos encomiable, que el presidente de los colombianos se haya decidido a ponerle el cascabel al gato.