La reclamación de Venezuela del territorio Esequibo frente a la República Cooperativa de Guyana debe ser manejada atendiendo el alto interés nacional que el caso entraña. Por eso no es conveniente que se pretenda sacar provecho político de un asunto tan delicado para nuestro país. No obstante, los venezolanos tenemos derecho de saber los planes del gobierno sobre la defensa de nuestra integridad territorial, amén de exigir explicaciones, porque durante estos últimos años ha habido inacción y ello nos llevó a la situación actual.
El tema adquiere relevancia en vista de que el gobierno de la República Cooperativa de Guyana escoge este momento –en el cual la “revolución bolivariana” está en su más elevado nivel de desprestigio internacional– para atacar. Esto responde a la posición asumida por las democracias occidentales en relación con la asamblea nacional constituyente y su origen fraudulento. Guyana consideró que este era su momento para precipitar una decisión judicial. Y así lo hizo.
Desde el año 2015 el gobierno guyanés había anunciado que daría el paso que finalmente dio: solicitar que la disputa sea resuelta por la Corte Internacional de Justicia. (Para una explicación sobre las opciones en esta Corte conviene leer el artículo publicado por Mariano de Alba en el portal Prodavinci el pasado 30 de marzo).
La Academia de Ciencias Políticas y Sociales, por su parte, se ha referido al asunto y ha elevado su recomendación al Ministerio de Relaciones Exteriores. El núcleo de la opinión de la academia es que Venezuela debe ceñirse al Acuerdo de Ginebra en la búsqueda de una solución “satisfactoria” de la controversia”. Este acuerdo busca un arreglo “práctico y satisfactorio” de la disputa: una transacción territorial, como lo había entendido Marcos Falcón Briceño, el gran canciller de la época, pero Guayana lo quiere todo. (Para un estudio completo del problema léase: Rafael Sureda Delgado: La Guayana Esequiba. Dos etapas en la aplicación del Acuerdo de Ginebra. Caracas, Academia Nacional de la Historia, 1990).
Por fortuna, esta fue la posición asumida por el gobierno de Maduro en un comunicado de fecha 30 de marzo de 2018, publicado en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores. De esta manera, la Cancillería mantiene la tradicional posición venezolana sobre este asunto. Sin embargo, Venezuela no está libre de riesgos, por dos razones. En primer lugar, por el señalado desprestigio internacional del gobierno del presidente Maduro. Y, en segundo lugar, y como riesgo que no puede pasar inadvertido, está la posición pública y notoria del gobierno cubano de apoyo a Guyana.
En efecto, el castrismo no ha vacilado en exponer su posición desde hace años. Así ocurrió con la declaración del canciller cubano de la época, Ricardo Alarcón, quien el 7/10/1981 afirmó: “El reclamo venezolano es prueba de expansionismo y Guayana tiene pleno derecho de gozar de su entero territorio con plena libertad”. No podemos olvidar que Guyana sirvió de puente militar para las tropas cubanas en la guerra de Angola, en la cual Cuba demostró su vocación imperialista. Lo anterior debe ser recordado, en vista de la reconocida influencia del gobierno castrista sobre los asuntos venezolanos. En esta materia Cuba tiene intereses opuestos a los de Venezuela. De lo que se trata es de defender nuestra integridad territorial sin doblegarse ante dogmas y circunstanciales compromisos políticos.
Para manejar esta disputa territorial, debe designarse una comisión integrada por venezolanos idóneos más allá de sectarismos ideológicos excluyentes.
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