Tiende a considerarse demodé que en pleno siglo XXI el ciudadano de país alguno donde la constitución sea respetada por los gobernantes de turno como un fin supremo para la garantía de un sociedad democrática es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales; tenga que explicárseles a estos que la “libre expresión” es un principio que apoya la libertad de un individuo o una sociedad para dar sus opiniones sin temor o represalia: y que la misma se concibe como un derecho humano en razón de lo pautado en el artículo 19 por el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; y que de conformidad con tal pacto “todos tendrán derecho sin interferencia a la libertad de expresión. Este derecho incluirá la independencia de buscar, recibir, defender información e idea de todo tipo con independencia de fronteras o personalmente por escrito o informar por cualquier otro medio de su elección”.
Es más que razonable la no insistencia sobre este particular; pero cuando en una república como la nuestra su presidente contrario al disentimiento se hace autoritario y acometa persecución contra los editores de los medios independientes de comunicación social, manda a prisión a periodistas imputándoles hechos inventados sin garantías del debido proceso, con resultados favorables a los funcionarios del gobierno para incoar acciones no verosímiles; lo cual es inaceptable, despierta preocupación en el sector ciudadano de nuestra población; así como evidente solidaridad y cooperación de los Estados americanos como en asociaciones mundiales: ONU, UE, Grupo de Lima, Cruz Roja Internacional y otros muchos organismos defensores de los derechos civiles y políticos, que manifiestamente acuden a todas las instancias para demandar el comportamiento no democrático de Nicolás Maduro en la conducción del país, por lo que habida consideración de la situación venezolana donde el poder presidencialista se hace de autoridad sin límite no discutida y de cumplimiento servil al que se encuentran subordinados los poderse públicos, duda no cabe, que lo que no tenía importancia considerar, se hace necesario por cuanto un Estado no puede comprender que sus gobernantes no cumplan la obligación de garantizarle al pueblo el derecho a la democracia, lo cual se vierte repudiable y nos coloca a todos en la obligación de evitar sea desguarnecido el orden institucional; a la vez desconocer cualquier régimen que contraríe las garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos.
Habida cuenta de lo precedente debo informar: no conozco al más alto jerarca del PSUV capitán Diosdado Cabello. Solo sé que se trata de un militar con poco conocimiento de la civilidad; hoy con más de 18 años de ejercicio burocrático. Sé que es oriundo de El Furrial. Sé que es advenedizo en la política dado que esta no le era tangible, permitiéndosele del uso del monopolio comunicacional del Estado: radio, prensa, televisión e innumerables otros; lo que para muchos los utiliza de manera indebida, sindicándoles como incurso en peculado de uso. El programa que dirige Con el Mazo Dando, lo veo y escucho con frecuencia no por su prosa, empero sí para medir y valorar el comportamiento de este personaje ductor emblemático de la política oficial; además, para sopesar las injurias que en circo de audiencia les endilga a hombres y mujeres que forman parte de la sociedad venezolana. Sé también por evidencias vividas que no amerita discusión que ha hecho del acoso a los periodistas una práctica consuetudinaria de estirpe militar destinada a garantizarle al régimen el control absoluto de los contenidos noticiosos, los cuales acapara hasta más no decir.
Si bien lo dicho no engendra de mi parte interés alguno de enemistad contra el ciudadano de “ marras” aludido en el presente escrito; no obstante como venezolano que milita al lado de los principios rectores de la civilidad me declaro discípulo, entre otros, de un pertinente y venerable maestro de la libertad de expresión como lo fue Alberto Ravell, padre del director de la acosada La Patilla; a la vez que solidario de lo expresado por el gran tribuna de América Jóvito Villalba en el Congreso de la República, copio: “Yo considero, señores, que la democracia se funda sobre el respeto armonioso de la libertad popular y el orden. Yo considero que Venezuela necesita para vivir, para trabajar y prosperar de un sistema que dé al pueblo los medios para discutir en la plaza pública y para hacer lo que legalmente esté a su alcance para mejorar su suerte… No olvide usted que el año 36 se encontraban sentados bajo la batuta de Hitler, en torno a la ominosa mesa de Múnich, los gobernantes de las grandes potencias mundiales; no olviden, honorables colegas, que en el 36 Francisco Franco avanzaba hacia Madrid como el salvador del mundo: pero tampoco olviden que ahora Hitler es una pobre sombra derrotada y Franco un delincuente que está muy próximo al patíbulo”. ¿Será capaz Diosdado de entender uno de los principios cardinales de la “libertad de expresión”? Todo nos dice que no, dado que se empeña en forma totalitaria a estropear los tejidos morales del ciudadano, desgastándolos, a la vez que pretende sustituirlo por pútridos intereses sensuales de mando.
Entre los medios acosados por el presidente de la ANC espuria se encuentra La Patilla. Sin entrar en consideración sobre las sanciones del Departamento del Tesoro Estados Unidos contra este ciudadano, lo que supongo se encargará el sancionado en afrontar, nos percatamos de que el 25 de septiembre de 2018 el tribunal superior que conoció del recurso incoado por los abogados apoderados de Ravell dictó sentencia a las 3:15 de la tarde. Leída sin notificación de partes por el demandante Cabello en el oficioso programa Con el Mazo Dando, el maltrecho instrumento cuyo contenido fue divulgado en forma “faramallera”. Al ser enterados de su contenido es obvio que se trata de un fallo inducido de preocupación para los que esperan que la justicia sea impartida con garantía en la supremacía constitucional. El juez de alzada se exime de proceder de oficio a abrir como es su obligación una averiguación sobre por qué el demandante Cabello conoció del fallo recurrido antes de ser publicado. El juez declara la nulidad de la sentencia del tribunal recurrido con base en los alegatos explanados por la demandada. Declara improcedente la indexación judicial acordada en la sentencia apelada. No repone la causa dado la nulidad declarada. No condena en costas; pero incurre en algo evidentemente grave quizás por temor a poner en peligro su estabilidad laboral. Hubo de complacer a Diosdado; y de forma inaudita condena a La Patilla a indemnizar el daño moral sin haberlo probado; sin explicar en qué consistían las dolencias físicas y psíquicas del demandante ni sus causas, ni de las medicinas empleadas para su cura. Es decir, se evidencia no quedó desmentido que La Patilla no hizo una cosa distinta que la reproducción de una noticia cuya fuente primigenia deriva de una publicación del ABC y de varios diarios internacionales lo cual no es delito.
Diosdado Cabello dirigente del oficialismo ha querido responsabilizar a Ravell a Miguel Henrique Otero y a otros por la “la muerte de una persona que otro mató” logrando para ello la complacencia de un juez subordinado.
Si todo lo precedente es cierto, debemos tener presente la decepción hoy colectivizada de que la llamada revolución chavista, decimonónica por obsoleta, nos lleva a la convicción de que en el poder civil y social y no en ejército, está la esperanza de acabar con la dictadura. A Diosdado Cabello hombre público con jerarquía en demasía le recomendamos no olvidar que “no basta con ser la mujer del César, hay que demostrar que se es la mujer del César”.
Última hora: Diosdado Cabello desmiente el fallo proferido por el juez que conoció el recurso de apelación de los abogados de La Patilla. De viva voz declara “que goza de buena salud”. A confesión de parte, relevo de prueba.