La diáspora y la alternativa democrática

En 2018 varios países latinoamericanos tendrán elecciones presidenciales: Costa Rica, El Salvador, Paraguay, Colombia, México, Brasil, Perú, todos países democráticos, y Venezuela, país en el que la dictadura pretende aferrarse al poder, pese al rechazo de parte de toda la sociedad, utiliza la fecha de las elecciones como medio de negociación. En los países democráticos la fecha se fija con suficiente antelación; en Venezuela todavía no ha sido establecida.

La dictadura venezolana, contumaz violadora de la Constitución, negocia con la fecha a imagen y semejanza de lo que hace con los rehenes políticos. Sus voceros han tenido la desfachatez de afirmar que solo habrá elecciones si los países levantan las sanciones que han impuesto al régimen y a sus voceros. Países como Estados Unidos y Canadá y más recientemente los que integran la Unión Europea, los han sancionado por motivos como el carácter antidemocrático del gobierno y a sus voceros por aparecer en listados de corrupción, integrismo islámico narcotráfico y lavado de dinero.

Esa sola declaración, condicionando la fecha de la elección al levantamiento de las sanciones que han sido adoptadas por gobiernos autónomos, es una clara evidencia del talante totalitario del régimen. Los voceros representan una facción de un gobierno fracturado en varios pedazos entre lo que ha estallado una fuerte confrontación, aunque si nos atenemos a la declaraciones, acusaciones e imputaciones hechas entre los distintos grupos, tal combate más que de facciones es entre bandas o pandillas.

Las contiendas electorales en la región compartirán un elemento en común: todos los partidos políticos, incluidos los franquiciados y amigos del régimen, se desmarcarán del “modelo bolivariano”, del “socialismo del siglo XXI”. La razón del deslinde obedece al hecho de que se ha convertido en el paradigma de la ineficiencia y la ineptitud, de lo que no hay que hacer, del espejo en el que hay que mirarse para contemplar cómo se puede desmoronar una nación.

Eludirán cualquier posible relación con el régimen venezolano, ya que este se ha convertido en una especie de “peste” cuyo contagio hay que evitar. Plagiarán al partido Podemos de España, que luego de los babosos elogios de sus jefes al que consideraron como su referencia política, después de haber recibido jugosos contratos y de mantener a uno de sus representantes trabajando codo a codo con el régimen venezolano, dando continuidad al monumental desastre en que han convertido a Venezuela, se deslindan y desdicen afirmando que lo suyo ahora es el modelo Finlandés.

No se vaya a creer que el deslinde se hace por razones sustantivas, se hace por motivos tácticos, pues saben que nadie en su sano juicio apoyaría un movimiento similar al que hoy rige en Venezuela. Son conscientes de que cualquier asociación con el régimen venezolano es una extraordinaria forma de restar votos, un billete seguro a la derrota. Es así porque hoy, en el mundo, el “modelo bolivariano” es sinónimo de calamidad social, escasez de alimentos y medicinas, hambre, hiperinflación, emigración forzada y forzosa, inseguridad y muerte. Un arquetipo, un modelo que elimina al individuo, la propiedad privada, la empresa y el sistema de mercado, como la han plasmado una y mil veces en discursos y leyes, programas y decretos que arrojan como resultado la escasez, el racionamiento, la desaparición del empleo formal y de todos los bienes y servicios.

La carencia de todo culmina en una profunda crisis humanitaria, congénita al modelo, que ni siquiera el mayor volumen de ingresos que ha percibido el país en toda su historia republicana ha podido impedir o atenuar. Como esta trágica realidad no se puede ocultar, los compinches ideológicos del régimen en estos países guardan un silencio cómplice y cuando compelidos se ven sometidos a una votación en contra del régimen, eligen la abstención en lugar de la defensa. Sencillamente el régimen es indefendible y marcan de manera farisea una distancia que les permita hacer “potable” su proyecto.

Los datos son espeluznantes. Dejan un país en ruinas y arruinado, en situación de miseria y precariedad desbordada y con severo déficit de alimentación, carencias que afectan a las generaciones actuales y ocasiona daños irreversibles a las generaciones futuras. La desnutrición severa que hoy padece un creciente número de niños y mujeres embarazadas, que amargamente reflejan los estudios de Cáritas, que produce secuelas irreversibles.

Tal precariedad es el resultado de diversos factores, entre los que sobresale el hecho de concebir a la empresa y al mercado como enemigos a los que es preciso eliminar y, cobijados en esas premisas, han destruido la principal fuente de creación de riqueza y empleo; de los bienes y servicios que requiere la sociedad. La escasez de todo ha hecho posible que se haya instalado el imperio de la muerte. Muerte como consecuencia de la escasez de alimentos y medicinas o como consecuencia de la inseguridad descontrolada. A ello se suma la absoluta impunidad que convierte al gobierno, por omisión, en un aliado de las bandas criminales.

Esta trágica realidad ha hecho que millones de venezolanos busquen en otros países seguridad, empleo, productos y servicios, medicinas y un lugar para emprender un negocio y enviar remesas a familiares y amigos. La diáspora, que se inicia con este gobierno, se ha desbocado en los dos últimos años. Durante este lapso también se ha modificado la forma en la que se distribuye en la geografía global con una tendencia a concentrarse en los países de Latinoamérica y el Caribe.

La diáspora representa el 10% de los venezolanos y de ellos solo 100 mil y pocos están inscritos en el registro electoral, lo que impide que este significativo porcentaje pueda ejercer su derecho al voto. Desde el año 2015, en el que se produjo el último resultado electoral creíble, se ha marchado del país más de un millón de venezolanos a quienes no se les permite incorporarse al Registro Electoral Permanente.

Esta inaceptable situación obliga a los demócratas a exigir al organismo de la exclusión electoral que cumpla con su cometido de garantizar este derecho de los venezolanos. Igualmente, hay que demandar la actualización del registro que se ha modificado como resultado del acelerado ensanchamiento de la diáspora. Estos reclamos trascienden las distintas posiciones acerca de si se debe participar o no en el proceso electoral, y por tanto convocan el consenso de todos quienes defienden el respeto de los derechos humanos.

Sabemos que para los representantes de la dictadura en el CNE, “la trampa es su divisa”, la mayor de las cuales fue el resultado que arrojó la votación de la ilegal constituyente denunciado por la empresa Smartmatic. Fue tan exageradamente abultado que ni ellos mismos se lo creen. Otras celadas, como las de evitar el referéndum, cambiar los centros de votación a discreción, mantener cerrado el Registro Electoral Permanente, alejar los centros de votación del lugar de residencia de los ciudadanos e idearse nuevos obstáculos que violan la Constitución y las normas, evidencian el menosprecio del gobierno por los venezolanos.

Como dijimos, los demócratas pueden y deben articular una estrategia unitaria de carácter global en torno a la apertura del Registro Electoral y los cambios en los centros de votación, que incluya a la diáspora. Hay otros temas álgidos, como el de los pensionados y jubilados, el de los estudiantes, el de un gobierno que impide el acceso a los documentos de identidad a sus ciudadanos y las estrategias dirigidas a promover la participación de la diáspora en el proceso de recuperación de la democracia para la reconstrucción del país. Hay que exigirle al organismo de la exclusión electoral que cumpla la función para la cual fue creado y, de lo contrario, desnudarlo ante el mundo, aislarlo y evidenciar, una vez más, el carácter totalitario del régimen.

Hay que tener presente que en el lapso que transcurrirá hasta la hipotética fecha de cualquier elección la diáspora seguirá aumentando significativamente, mientras persista el empeño del régimen en aplicar las políticas que han llevado al país al estado de coma, a la situación de terapia intensiva en la que hoy se encuentra. Por todo lo dicho y pese al rechazo de la mayoría a este gobierno, no se puede dar por sentado que en cualquier evento electoral que se convoque el régimen perderá las elecciones. Por ello hay que impedir la exclusión del 10% -14% de los venezolanos del registro electoral.

Los voceros del régimen no creen en la democracia ni en la alternancia y su único propósito es aferrarse al poder. Es mucho lo que tienen que perder, de acuerdo a los argumentos que han utilizado las varias facciones en combate dentro del oficialismo. Esta minoría, fracturada y magullada, hará todo lo que esté a su alcance para impedir ser desalojados del poder. De allí su empeño en evitar la inscripción en el registro electoral y que quienes están inscritos ejerzan su derecho, de este modo eliminan a muchos venezolanos cuya participación inclina el resultado. No es aventurado afirmar que en el próximo semestre la diáspora podría situarse en rangos cercanos al 13% -14% de la población, un porcentaje que no se puede ni debe desdeñar.

Alrededor de esta iniciativa, la de recuperar la voz de la diáspora, se pueden tejer y sentar las bases para el despliegue de estrategias unitarias y políticas públicas. Los problemas y realidades de los venezolanos en el país y en la diáspora exceden las fronteras partidistas. La recuperación de la democracia y la reconstrucción de un país que ha sido devastado requiere la participación de todos en absolutamente la totalidad de los frentes: servicio exterior, Pdvsa, sector eléctrico, telecomunicaciones, empresas de Guayana, educación, salud, infraestructura. Todos cabemos y es nuestra responsabilidad con la historia.