El gobierno y la oposición deben “transitar un proceso de negociación y acuerdo político […] presidido por el máximo respeto a los principios de la democracia, los derechos humanos, el compromiso social y la soberanía nacional, y desarrollado sobre la base de una negociación formal y con garantías que den confianza y credibilidad”, así dice la nota conjunta suscrita por los mediadores Rodríguez Zapatero, ex presidente del gobierno español, y Miguel Vargas, canciller dominicano.
También el Ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, se refirió al inicio de este proceso de negociación. El presidente Maduro declaró aceptarlo. La MUD ha sido cautelosa al respecto, tal vez por la desconfianza que despierta entre los demócratas un diálogo en el que el gobierno siempre logra ganar tiempo para seguir profundizando la dictadura.
La experiencia vivida por los venezolanos enseña que estos objetivos del diálogo son de difícil logro en vista de que el gobierno revolucionario no respeta los principios de la democracia, como se evidencia del control que mantienen sobre las instituciones republicanas. Asimismo, cuando no las pueden controlar, como sucede con la Asamblea Nacional, le arrebatan sus facultades. Así ocurrió con las sentencias de la Sala Constitucional números 155 y 156 de marzo de este año; así como con las decisiones de la pretendida asamblea nacional constituyente (anc), máximo símbolo del totalitarismo y falta de respeto por los valores de la democracia.
La instalación de una constituyente por la vía del ventajismo y el abuso de poder ha permitido que la comunidad internacional advierta el verdadero rostro del proyecto populista-militarista-revolucionario, que pretende clonar el esquema cubano en nuestro país. Ahora bien, la situación impuesta a través de su anc no podrá sostenerse sino a punta de bayonetas y de represión judicial. Los presos de conciencia, la violación de derechos humanos y los fracasos de las políticas económicas han generado un aislamiento del gobierno, que cada vez le hace más difícil la gobernabilidad debido a la falta de reconocimiento internacional de su constituyente. Esto les dificulta el crédito internacional.
Pese a lo que hemos aprendido, soy de quienes piensan que se debe correr el riesgo y aceptar la invitación del gobierno francés para sentarse, con una agenda de por medio, a buscar una solución a la grave crisis política que atravesamos. En esta oportunidad el gobierno está bajo el escrutinio internacional y sus estrategias para simular voluntad de negociación son muy conocidas.
No tiene sentido sentarse a darle largas al problema de si el gobierno da o no muestras de que está dispuesto a respetar las reglas de la democracia. Para ello debe comenzar de inmediato con la liberación de todos los presos políticos, revocar las inhabilitaciones, reconocer las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional. Solo de esta manera se podrá saber si la propuesta de diálogo puede arrojar resultados o, más bien, se trata de repetir la estratagema.
Además de lo señalado, debemos considerar otros problemas: fijar un calendario electoral con nuevo Consejo Nacional Electoral que incluya las presidenciales en el primer semestre de 2018; elección de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia; constitución de una verdadera y confiable Comisión de la Verdad. Esta podría ser la agenda mínima e indispensable para comenzar. El éxito de este proceso que se anuncia dependerá de la presión que la comunidad internacional ejerza sobre el presidente Maduro para que cumpla los objetivos referidos por la nota conjunta suscrita por Rodríguez Zapatero y Miguel Vargas. La oposición debe aceptar el reto con claridad de objetivos en la búsqueda de la libertad para Venezuela.
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