El día después

“El país se está desangrando mientras Maduro solo ve cómo se atornilla en el poder”, afirmó el cardenal Baltazar Porras en declaraciones difundidas el pasado domingo en la prensa y redes sociales. El cardenal describe el ambiente político dentro del cual se desarrollarán las elecciones del 20 de mayo, un hecho que inquieta a los venezolanos, conocedores de las peculiaridades de este proceso. Maduro es un presidente que tiene cerca de 80% de rechazo, no obstante se presenta como el posible “ganador” de la contienda electoral. ¿Puede ser esto posible?

Estamos ante unas “elecciones” convocadas por la asamblea nacional constituyente, organismo cuestionado nacional e internacionalmente porque no fue consultado al pueblo, como lo señala la Constitución. Esta es la razón en la que se fundamentan las democracias occidentales para advertir que desconocerán los resultados de ese proceso, por considerarlo fraudulento.

A lo anterior se suma la inhabilitación de los líderes políticos con mayor popularidad, así como la ilegalización de partidos fundamentales y el control total de las instituciones constitucionales. Esto ha producido situaciones anómalas, como ocurrió con Juan Pablo Guanipa, quien ganó la gobernación del estado Zulia, pero fue inhabilitado por pretender juramentarse ante el Consejo Legislativo y no ante la constituyente. Asimismo, se debe recordar lo ocurrido con Andrés Velásquez y la gobernación del estado Bolívar, situación que dejó dudas no aclaradas, como lo explica Eugenio Martínez en su artículo titulado “¿Qué dicen las encuestas sobre la participación electoral del 20 de mayo?”, publicado el 11 de mayo en Prodavinci. Ya lo dijo Stalin sin vacilar: “Lo importante es quién cuenta los votos”.

Las ventajas del oficialismo suben de tono por las dádivas populistas -expresadas con el carnet de la patria y las bolsas CLAP-; además de los puntos rojos en las vecindades de los centros de votación. Todo lo cual vacía de contenido el derecho al voto. El carnet de la patria, asimismo, constituye una manera de discriminar a los venezolanos por razones políticas.

Las elecciones del 20 de mayo se presentan con una ristra de candidatos de la “oposición” que en sus campañas han evitado entrar en la discusión de fondo de la propuesta del oficialismo: el plan de convertir a Venezuela en un Estado comunal. Este proyecto se recoge en el denominado “plan de la patria”, que permite reproducir el modelo castrista que se quiere imponer en nuestro país. Este plan es muy vulnerable y los electores deben conocerlo para que sepan cuál es el riesgo al que se expone el derecho de propiedad privada.

Un plan económico de gran calado requiere previamente resolver el conflicto político para buscar consensos y superar los dogmas ideológicos. Luego, se puede desmontar el control de cambio y establecer la libre convertibilidad, sanear el gasto público, privatizar las empresas expropiadas y especialmente los servicios públicos, derogar la Ley de precios justos para buscar el progreso y la confianza.

Henri Falcón debe explicarle al país cómo va a convivir con la constituyente, en el caso teórico -y poco probable- de que triunfe. Dicha asamblea representa una amenaza, pues, de ganar Falcón, esta lo puede despojar de sus facultades constitucionales, tal como lo hizo con la Asamblea Nacional; o lo puede inhabilitar si no se juramenta ante ella, como ocurrió con Guanipa. Pero igualmente Falcón debe exponer al país cuál es su plan en caso de que el CNE declare ganador a Maduro.

Lo que le espera al gobierno tampoco será fácil: una comunidad internacional que no lo reconocerá y una hiperinflación cuyas causas no quiere comprender la nomenklatura, paralizada por los dogmas ideológicos.

Los sucesos del 20 de mayo constituirán el punto de inflexión del régimen, lo cual demostrará a sus seguidores que su modelo es sinónimo de fracaso y que solo pretende, como lo proclamó el cardenal Porras, perpetuarse en el poder. Para enfrentar esta situación se requiere superar las diferencias y elaborar una estrategia unitaria para el día después.