Entre tantas carencias que hoy soporta Venezuela cabe señalar una más: la de información veraz. Venezuela se ha convertido en un país velado por la desinformación oficial. Más aún: un país desfigurado, falseado, por la deformación de la verdad desde el poder.
La ausencia de data confiable ha abierto un enorme vacío informativo, con graves consecuencias para el ciudadano común, para el investigador, el planificador, el observador externo, el emprendedor, las instituciones, la prestación de servicios. El gobierno le ha negado a la ciudadanía el derecho a la información sobre su propia realidad. Del Banco Central al Ministerio de la Salud, de los ministerios de la Economía al de Educación. Tanto ha negado información que destituye a una ministra por revelar datos sobre temas de su responsabilidad o silencia a representantes de otros poderes cuando sus declaraciones no están en línea con las del Ejecutivo. Sucedió con la ministra de Salud, destituida por publicar, después de años de silencio, un boletín con cifras de 2016 que mostraban un incremento sustancial de la mortalidad materno-infantil y aumentos de casos de malaria o difteria. Sucedió con la fiscal general de la República, invisibilizada de manera expresa en los medios oficiales en sus recientes apariciones. Sucedió con el cierre de la señal de CNN en español. Sucede a diario con la asfixia a los medios independientes.
Las estadísticas y los indicadores que, de algún modo, reflejan el pulso y el estado de la realidad, no son espacio exclusivo de los estadísticos. Son la data que requiere el ciudadano para sus propias decisiones. Vivimos una condición de vacío que comienza con la renuencia a dar información a los organismos internacionales, por temor a ser observado, pero que se extiende al ciudadano, a la academia, a los medios de comunicación.
El derecho a la información veraz tiene que ver con el derecho al acceso al conocimiento. Mientras el grado de modernidad de un país se mide por la calidad de la información para los ciudadanos, la falta de información funciona como mecanismo de dependencia y sumisión, y es que la información se asimila a claridad, a seguridad, mientras la desinformación se hermana con la oscuridad, la incertidumbre, la obediencia ciega.
Al negar al ciudadano la información veraz y oportuna a la que tiene derecho se le priva de una herramienta para ubicarse, para planificar, para hacer, para poner pie en la realidad. La desinformación es una forma de concentrar el poder de decisión en manos de pocos y de facilitar el ejercicio autoritario del poder. La concentración de la información es, de hecho, una forma de concentración de poder.
No satisfecho con la desinformación, el gobierno ha hecho de la deformación de la información un sistema. Se hace evidente en los medios oficiales o estrechamente cercanos a su influencia. Se expresa también en el manejo provocador, engañoso o abiertamente contrario a la verdad de las múltiples vías que ofrecen las redes sociales. Sucedió con el supuesto secuestro del embajador en Madrid, como parte de una estrategia que inventa amenazas, enemigos, atentados. Es así como una falacia estimula al presidente de Venezuela a insultar al presidente de España. Sucede igualmente con la intervención de páginas y blogs para producir información falsa dirigida a dañar o confundir.
El gobierno ha hecho de la falta de transparencia y del manejo arbitrario de la información o de su esfuerzo por deformarla una herramienta para el abuso. Del compromiso de información veraz y oportuna se ha pasado al maquillaje de las estadísticas, al ocultamiento o a la mentira abierta, a la creación de una verdad alternativa, ajustada a los deseos y designios del poder. Se ha pasado, de la información para empoderar a la simple propaganda para someter. Lo ha hecho, desde luego, con las inevitables consecuencias de pérdida de confianza y de credibilidad ante los venezolanos y ante el mundo.
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