No tengo duda en afirmarlo: Nicolás Maduro está desesperado. Sus últimas acciones políticas han terminado en estruendosos fracasos. Al principio creyó que podía despojar a la legítima Asamblea Nacional de sus funciones y atribuciones constitucionales utilizando a un espurio y desprestigiado Tribunal Supremo de Justicia, mediante las ilegales sentencias 156 y 157. La terminante declaración de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, limitó esa posibilidad al calificar dichas sentencias como una flagrante ruptura del orden constitucional. Esa posición fue ratificada por la comunicación que envió el diputado Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, a todas las representaciones diplomáticas acreditadas en Venezuela, advirtiendo que un nuevo gobierno no reconocería los créditos y los contratos de interés nacional que no fuesen aprobados, según lo establecido en los artículos 150 y 312 constitucionales, por el Parlamento nacional.
Esta realidad condujo a Nicolás Maduro a insistir en su intención de evadir el control parlamentario a su gobierno mediante una inconstitucional convocatoria a una asamblea nacional constituyente comunal. El primer obstáculo que se le presentó fue la firme posición de la Mesa de la Unidad y de todos los sectores democráticos de no participar en unas írritas elecciones, las cuales, ante la casi inexistente presencia de electores en las mesas de votación y los increíbles resultados que anunció el siempre parcializado Consejo Nacional Electoral, dejaron en evidencia, ante la opinión pública nacional e internacional, la condición fraudulenta de ese proceso. La respuesta fue realmente sorprendente: más de cincuenta países desconocieron la legitimidad de la írrita asamblea nacional constituyente comunal. Además, esta realidad condujo al gobierno de Estados Unidos a establecer medidas económicas en contra del gobierno de Venezuela, las cuales limitan la posibilidad de obtener créditos internacionales. Al mismo tiempo, la Unión Europea amenazó con tomar medidas similares.
La inmanejable escasez de divisas tiene desesperado a Nicolás Maduro y a su camarilla, quienes, para satisfacer su creciente voracidad de recursos monetarios, han establecido desastrosas políticas en materia económica comprometiendo gravemente el prestigio crediticio y la capacidad financiera de Venezuela: me refiero al sostenido e irresponsable endeudamiento realizado por Hugo Chávez y la posición cómplice de Nicolás Maduro de enajenar activos de la República y negociar importantes contratos petroleros y mineros sin ningún sentido patriótico en perjuicio del interés nacional. No cabe duda de que, ante la absoluta opacidad y discrecionalidad en su manejo, esas negociaciones aparecerán plagadas de graves hechos de corrupción, aún mayores que los señalados en el actual escándalo de los contratos realizados con la empresa brasileña Odebrecht, en el cual Hugo Chávez tiene claras e indiscutibles responsabilidades.
La desesperada situación política y económica del régimen madurista condujo esta semana al intento de una nueva maniobra internacional. Al regreso de su reunión con la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el canciller Jorge Arreaza fue recibido en audiencia privada en París por el canciller francés Jean-Yves Le Drian. Después de la entrevista, el canciller francés sorprendió a la opinión pública anunciando que hoy miércoles 13 de septiembre se iniciarían conversaciones entre el gobierno y la oposición venezolana en Santo Domingo invitados por el presidente dominicano, Danilo Medina. No creo equivocarme al apreciar que esta maniobra estuvo dirigida nuevamente a reeditar la percepción de una posible solución política similar a la creada en la opinión pública antes del malogrado diálogo convocado con presencia del Vaticano. De todas maneras, el canciller francés, en su declaración, no dejó a un lado la posibilidad existente de que la Unión Europea aplique sanciones económicas si las negociaciones no concluyen en algo concreto.
Sin embargo, ante la invitación del presidente Danilo Medina, el comunicado de la oposición democrática fue terminante: “La Mesa de la Unidad reitera que no hay un reinicio del diálogo e informa al mundo cuáles son sus condiciones para una negociación seria: a) El restablecimiento del voto como única fuente del poder del Estado en todos los ámbitos. Esto incluye el cronograma electoral completo e inamovible, que incluya las fechas de las elecciones regionales y municipales. También las presidenciales de 2018, como lo establece la Constitución, con observación internacional de primer nivel. b) La liberación de presos políticos, el levantamiento de las inhabilitaciones a dirigentes opositores y el cese a la persecución. c) El respeto a la independencia de poderes del Estado y, por ende, el reconocimiento pleno de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional electa por el voto popular. d) La atención inmediata a la emergencia económica y social”.
Posteriormente, en la continuación de su maniobra internacional, el ministro Arreaza viajó a Madrid con la finalidad de entrevistarse con el canciller español Alfonso Dastis. Esta reunión fue, sin lugar a dudas, mucho más complicada. Las crecientes diferencias existentes entre los dos gobiernos se muestran claramente en las siguientes frases del comunicado oficial: “España sigue con mucho interés la situación en Venezuela, apoyando con decisión todo aquello que contribuya a la reconciliación y a la prosperidad de los venezolanos y ayude a forjar un acuerdo que garantice el pleno respeto a la Constitución venezolana y al Estado de Derecho. Así mismo, consideramos que no es suficiente que el gobierno de Venezuela exprese su deseo de mantener un diálogo con la oposición, sino que es indispensable que se concrete en un proceso, sin dilación, de negociación que resulte en acuerdos con concesiones concretas y con garantías de cumplimiento de los acuerdos alcanzados”.
En mi criterio, la jugada política del régimen madurista, basada en el reinicio del diálogo, tiene tres objetivos claramente determinados: ganar tiempo para evitar las posibles sanciones de la Comunidad Europea, crear tensiones internas en la Mesa de la Unidad con el fin de provocar declaraciones inconvenientes en medio de los naturales enfrentamientos surgidos como consecuencia de las elecciones primarias y tratar de desestimular la participación en las elecciones regionales. Afortunadamente, la rápida reacción de Julio Borges y de los principales dirigentes de la Mesa de la Unidad, expresada en su comunicado, que empezó a circular el mismo 12 de septiembre de 2017, logró desmontar totalmente la maniobra. De todas maneras, la opinión pública espera que en lo sucesivo la conducta de la oposición democrática sea regida estrictamente por los puntos establecidos en dicho comunicado. Los logros alcanzados por las fuerzas democráticas, en contra de la dictadura son incuestionables. El desespero de Maduro ante las dificultades para mantenerse en el poder a toda costa es evidente. Por ello, es de gran importancia que ningún dirigente opositor caiga en provocaciones y emita declaraciones improvisadas e irreflexivas que puedan debilitar el creciente apoyo internacional logrado por la oposición democrática. Adelante, el triunfo empieza a verse realmente cercano. Es indispensable acudir masivamente a votar en las próximas elecciones para gobernadores. Hacerlo garantizaría un inmenso triunfo de la oposición.
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