Desenmascarando la corrupción: una conversación con el Doctor Ley sobre los bienes de los venezolanos en el extranjero

En medio de la desgarradora pérdida de los bienes en el extranjero que pertenecían a todos los venezolanos, una situación que ha visto desmoronarse la mayoría de las industrias que eran propiedad de la nación, nos enfrentamos a un oscuro panorama. Empresas han sido y continúan siendo rematadas, y el alcance de los estragos causados es incierto, pero se habla de decenas, incluso cientos de miles de millones de dólares perdidos. Esta devastación es resultado de la mala administración y la corrupción que reinaron bajo Hugo Chávez y, posteriormente, bajo su sucesor, Nicolás Maduro.

Sin embargo, lo que agrava aún más esta tragedia es el surgimiento de señales de negligencia e incluso corrupción dentro de aquellos que se suponía serían la clave para el cambio hacia la democracia: la llamada oposición venezolana. Es profundamente desgarrador descubrir que esto está ocurriendo, y que incluso figuras con reconocida experiencia y reputación están denunciando esta horrenda situación. El panorama es, sin duda, desafiante para todos los venezolanos.

En un café de Nueva York, tengo el placer de estar acompañado por el doctor Carlos Ramírez López, conocido como el Doctor Ley. Él es una figura ampliamente reconocida por su incansable trabajo en la defensa de los activos de los venezolanos en el extranjero y en beneficio de todos los ciudadanos de Venezuela. Ambos vamos a sumergirnos en una conversación sobre la situación actual de los activos venezolanos.

Doctor Ley: Muy agradecido por ti, por tu amabilidad, por tu deferencia. En verdad que es un tema complejo en el sentido de que Venezuela, teniendo tantísima riqueza, ahora está tan desolada y parte de esa tragedia es responsabilidad de quienes han venido ejerciendo lo que se denomina la oposición al gobierno dictatorial de Nicolás Maduro.

La parte que a ellos corresponde es la que más llama la atención, porque el dictador ha desbancado al país y eso no hay ninguna duda.

Pero el tema que los recursos en manos de esta oposición formal han sido y están siendo muy mal manejados, incluso generando sospecha de que el mal manejo sea mucho más que una simple mala administración.

Se han hablado y se han anunciado casos específicos de malversación, de apropiación indebida, de beneficios particulares. Yo por lo menos conozco el caso y vengo manejando el caso hace unos años y más de cinco años, es El tema de PDVSA, cómo sabemos que está dividida, una opera en Venezuela, a cargo del gobierno de Maduro y una PDVSA que opera aquí en los Estados Unidos, en el exterior y en particular el complejo de refinerías Citgo, que genera una inmensa cantidad de dinero.

Esta que nos concierne, Citgo está a punto de ser rematada para pagar deudas provenientes de sentencias dictadas por un Tribunal de arbitraje internacional que se llama CIADI, en el que se tramitaron demandas de resarcimiento, de daños y perjuicios de muchas empresas afectadas por la política de Hugo Chávez, desde el año 2011 en adelante.

El Tribunal CIADI es un organismo que está creado para ventilar diferencias entre empresas inversionistas dentro de Venezuela y el gobierno. Para evitar ir a tribunales ordinarios, porque es mucho más costoso, más complicado, etcétera. Entonces el Banco Mundial creó esa institución que se llama CIADI, es un tribunal de arbitraje internacional.

Allí presentaron sus demandas las empresas que fueron afectadas por las expropiaciones que dictó Chávez, se han tramitado y todavía quedan algunos 60 juicios.

Yo he venido denunciando que Venezuela no ha tenido representación legal, ha sido, ha sido un proceso, un proceso en los que Venezuela no ha tenido representación legal, porque quien ha aparecido como el defensor del país es una persona quien la Constitución no le otorga esa facultad.

La Constitución en los artículos 247, 248 y 249 establece en ese espacio a un funcionario que se denomina procurador general de la República. Ese funcionario ha de ser designado por el presidente de la República con autorización de la Asamblea Nacional.

La última persona que ocupó ese cargo, como dice la Constitución, fue Cilia Flores, que la nombró Chávez y la avaló la Asamblea Nacional que dominaba el chavismo. Pero ella no renunció al cargo en el año 2003 y en vez de que se procediera a llenar ese vacío como lo manda la Constitución, arbitraria y abusivamente Cilia Flores designó a un encargado.

Ese encargado duró en funciones, ejerciendo como si fuera procurador por casi un año, 11 meses. Y ese señor a los 11 meses renunció también porque lo nombraron contralor general de la República y entonces él a su vez nombró a un encargado que de esa manera resultó ser el encargado del encargado, sin legitimidad alguna para ir a un juicio a hablar en nombre de Venezuela. Así que esa persona, Reinaldo Muñoz Pedrosa, fue quien apareció como apoderado de Venezuela, como defensor de Venezuela en ese juicio, por lo tanto, todo ese trámite fue nulo. Obvio que fue nulo. Tú no puedes ir aún a un proceso judicial en donde quien aparezca como apoderado de una de las partes alguien que no ha sido nombrado de acuerdo a la ley.

Eso es una violación del principio básico del derecho a la defensa, que es de una obligación universal respetar ese. Ese vicio afectó todos los juicios. Yo lo he denunciado, pero nunca, nunca, nunca, el gobierno interino, que es el que podía haber hecho algo, se ocupó de plantear el tema de esa manera.

El gobierno interino en el 2019 nombró un procurador a un procurador especial que lo nombró con autorización de la Asamblea Nacional, que fue el doctor José Ignacio Hernández, un académico brillante, un profesor ilustre escrito libro, un hombre de mucha inteligencia, pero que en primer lugar nunca pisó un tribunal. Y no es lo mismo un abogado litigante que un abogado de un profesor.

No es lo mismo.

Pero es que además de eso, entonces este señor, este abogado, procurador especial, se fue al CIADI y le dijo al tribunal: Yo soy el representante legal de Venezuela y de aquí en adelante yo me encargo de la defensa de Venezuela. En ese momento ya han transcurrido seis años de juicio. Básicamente, el juicio está agotado. Ahí estaba la suerte echada, ya no había nada que hacer y este señor José Ignacio Hernández, convalidó toda esa violación al derecho a la defensa que tuvo el país en los seis años anteriores. Lo reclamé, lo, lo he ventilado.

Y entonces me pidieron una carta para poder presentar ese escrito, una carta de autorización de la Asamblea Nacional. Yo se la pedía a José Ignacio Hernández, que estaba empezando a ejercer como procurador. «Yo te voy a dar la carta». No me la dio nunca, él faltó a su compromiso conmigo y eso llevó a la caída de ese recurso que hicimos también en Ginebra, Suiza.

Pero no ha habido, no existe ningún modo que ellos digan que no sabían. Eso no existe.

-Esteban Oria: Estamos hablando de autoridades de la Asamblea Nacional del 2015, ¿correcto?

-La asamblea que presidía Juan Guaidó. Hubo, por supuesto, dentro de la Asamblea, diputados que me apoyaban y me plantearon que se hiciera caso. Pero la mayoría que estaba allí no hizo caso.

Venezuela ha perdido 60 juicios manejados de esa manera. Fíjate que hay una cosa horrenda que ocurrió en el caso de demanda a Venezuela, por daños y perjuicios, se dictó sentencia en el CIADI por 8.750.000.000 de dólares, al salir la sentencia vino el procurador falso de Maduro, José Reinaldo Muñoz Pedrosa, y le dijo a la Corte que había un error. Escribió que había un error en los números, por lo cual el tribunal recalculó el monto de la condena de 8.500 millones, ahora tendrían que corregir ese error porque no eran 8.750 millones de dólares, sino 8.500 millones. La Corte escuchó el reclamo y a los dos días inmediatamente se presentó José Ignacio Hernández, procurador interino, y dijo: Mire, señor juez, me he dado cuenta de que los números están incorrectos, ustedes se han equivocado. Se presenta como contenida la demandante interesada en salir de eso rapidito y dijo: Yo estoy de acuerdo, rebajen los 250 millones de dólares.

Así quedó la decisión de la condena en 8.500 millones de dólares. El juez leyó y firmó la sentencia. Quedó lista. Al otro día, José Ignacio Hernández, el procurador interino, saca un tuit que dice: Éxito de Venezuela. Hemos obtenido una rebaja de 250 millones de dólares en beneficio del país. Pero eso fue criminal. ¿Cómo tú vas a facilitar que quedó firme la condena?

Cuando hay un juicio que es nulo, que fue llevado por un tipo que no es el procurador, en vez de reclamar, pero este procurador formó parte del equipo de Cristal. Cuando prepararon la demanda, él se presentó en el tribunal.

Bueno, él fue el que fraguó esa tesis que se llama el alter ego, es decir, que Pdvsa tenía que responder por las deudas de la República Bolivariana de Venezuela, porque la República Bolivariana de Venezuela tenía poder sobre Pdvsa, entonces, por tanto, también tenía que responder por sus obligaciones y por aquellas expropiaciones.

Así que este señor formó parte de ese equipo que después Cristal es el que demanda a Venezuela y ahora es abogado y procurador de Venezuela. Eso es un delito que se llama prevaricato. Y eso se ha gritado a los cuatro vientos. Bueno, estos son detalles y como esto podría más, podremos pasar la tarde hablando de muchos otros detalles.

De manera que lo que ha ocurrido con Venezuela, con esto que está ocurriendo con Venezuela, es un crimen y la gente tiene una altísima responsabilidad en el desastre financiero y económico que está sufriendo el país. Yo no tengo ninguna duda con eso y ahora estamos viendo lo que estamos viendo con relación a este caso del que estamos hablando, que estaban para rematar.

Así que es una lástima realmente escuchar todo esto, pensar que en la Asamblea Nacional de 2015 iba a ser precisamente una solución para los venezolanos. Pero ya hemos estado al tanto, por lo que se nos dice, como también por lo que hemos leído en otras ocasiones, en otras denuncias que se han hecho de que realmente hubo más allá de la negligencia.

-Doctor, es muy triste, incluso admitir que quienes representaron una esperanza para los venezolanos, fueron quienes precisamente aniquilaron los bienes venezolanos en el exterior. ¿Qué más podemos esperar de la gente que hace la defensa de activos venezolanos?

-Sí, es doloroso. Es lamentable que en los factores de oposición que uno ha creído que iba a ser el instrumento para restablecer en Venezuela la democracia, la decencia en el manejo de la cosa pública, pues haya resultado un fiasco por resultado. Todo lo contrario. Algunas cosas son a propósito y otras cosas no, otras cosas son por estupidez, otras cosas son por falta de conciencia, otras cosas son por negligencia y otras cosas son por compromiso de los partidos políticos.

Esa es una cosa que es terrible. Yo recuerdo mucho siempre y todos los venezolanos lo debemos recordar, las palabras de Bolívar cuando se estaba muriendo dijo “Cuando cesen los partidos y se consolida la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro”. Los partidos políticos, que son un instrumento tan necesario para la para el sistema democrático, para la sociedad civilizada, se han convertido en un instrumento para todo lo contrario, se ha convertido en un mecanismo de destrucción del sistema de libertades. Y los partidos políticos son necesarios para el sistema democrático, porque es el correaje que permite, que permite vincular al pueblo a la gente común y corriente con el Estado, con el gobierno. Por eso el partido político es necesario, pero se ha ido degradando de una manera que se ha convertido en un daño.

Es un perjuicio para el país con partidos políticos tan necesarios que también deben revitalizarse, porque tienen unas autoridades que se eternizan en el gobierno, en sus direcciones, que no cambian nunca de jefe. ¿Bueno, qué y qué pueden entonces esa gente hacer en favor de un país que está sufriendo la misma cosa porque ellos son el retrato de lo que no se debe hacer?

-¿Qué podemos hacer para revertir el daño?

-Yo he planteado como solución que se demande la nulidad de las sentencias del CIADI por la que están rematando nuestros bienes, es nulo por la simple razón que les he explicado. ¿Porque quién defendió a Venezuela en esos juicios? Defendió, entre comillas, no tenía la cualidad para ser apoderado de Venezuela, fue una defensa nula, inexistente, legalmente inexistente. Por lo tanto, eso debiera demandar la nulidad de toda esa sentencia. Nunca se me ha hecho caso con eso. Yo casi a veces he tenido que tomarme calmantes para poder dormir al no entender.

Es una cosa tan obvia. Ahora, una vez que se haga el remate, ya eso va a ser bien difícil. Pdvsa está quedando en la ruina. Recordemos que Pdvsa pasa a ser del Estado a raíz de la nacionalización.  Fue una empresa modelo, pero entró esta cosa política que Chávez introdujo, porque estaba siendo manejada muy bien, era una empresa productiva, de las más productivas del mundo. Exitosa, a pesar de que fue nacionalizada estaba en manos de gente muy seria, calificada, capaz, honesta. Pero llegó Chávez y dijo que Pdvsa era del pueblo y puso ahí entonces a Rafael Ramírez y después puso a coroneles y militares a manejar gente que no sabe nada del tema y la manejaron arbitraria, abusivamente puro robo.

Eso que se acaba de descubrir de que Tareck el Aissami se robó 30.000 millones de dólares de Pdvsa evidencia que no hay ninguna manera de medir el crimen, y no es el único que ha robado. Ahí está Rafael Ramírez.

Por eso fíjate tú que el planteamiento de María Corina Machado de privatizar otra vez Pdvsa a mí no me parece descabellado. La privatización de Pdvsa para rescatarla del marasmo en el que se encuentra no es descabellado. Es devolver a la empresa privada para que con su propia regla genere empleo. Para que tengan cuidado en las inversiones que se van a hacer, del dinero que está entrando en los negocios, que no se los roben. La empresa privada se maneja de una manera distinta que la pública. Entonces, no es descabellado el planteamiento. A mí me parece que es una cosa que debemos ver con bastante cuidado, con bastante detenimiento y quizás sea la única alternativa que tenemos si se llega a restituir en algún momento la libertad y la democracia en el país.

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Quiero agradecer al Doctor Ley por compartir con nosotros estas declaraciones que nos han permitido adentrarnos en todos estos aspectos de manera profunda en relación con el tema de los bienes de los venezolanos en el mundo.

Queridos lectores, espero que hayan encontrado valor en la conversación que tuvimos con el Doctor Ley. He de recordar que las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento del columnista.

Nos encontraremos nuevamente en la próxima edición de El Nacional para seguir explorando temas de interés. ¡Hasta entonces!

@estebanoria