Juan Manuel Santos, a los ojos de muchos observadores, tiene en su haber un buen activo en su doble gestión presidencial en Colombia: la estructuración y el convenimiento de un acuerdo de paz con la sanguinaria guerrilla de las FARC encaminado a desactivar la lucha armada al interior de su país.
Otros no lo ven de la misma manera: Santos le habría otorgado a esta fuerza guerrillera una gratuita presencia en la política a cambio de una dejación de armas bastante cuestionable. Según sus detractores, el mandatario se habría saltado a la torera el pronunciamiento negativo en las urnas de los ciudadanos de su país, cuando estos fueron consultados sobre el acuerdo alcanzado con los narcoterroristas, y habría continuado adelante su proyecto personalista sin mirar para los lados.
En el camino hacia esta paz de cuño Santos, el mandatario habría sido en extremo permisivo con los antisociales de las FARC y habría provocado retrocesos muy importantes en la vigilancia de la gravitación que la droga tiene en su país. Tan nocivo como ello, Colombia habría cerrado los ojos ante la exportación del negocio a tierras vecinas lo que sería la causa de la acelerada narcotización de Venezuela.
Si bien la paz de su país le ha ganado aplausos –acertadamente o no– de muchos estudiosos del tema colombiano, ayudados por la intensa campaña de validación política que su gobierno se ha empeñado en llevar a cabo en el mundo entero, otros se han convertido en severos críticos de la forma como Santos ha llevado el proceso.
Esos “otros” tienen nombre y apellido y han aportado datos de mucha relevancia al gobierno de Estados Unidos hoy bajo la batuta de Donald Trump. La DEA, autoridad norteamericana antidrogas, ha publicado un estudio en el que, desde su título, asume una posición acerca del crecimiento del narcotráfico en ese país. Este título asevera que la “Expansión de la producción de cocaína en Colombia contribuye a un incremento en la oferta en Estados Unidos”.
El estudio sostiene que dos temas se dan la mano a esta fecha: el crecimiento debocado de los cultivos de coca en Colombia, que alcanzaron los más altos niveles de su historia desde el año 2013, con el aumento de la oferta de cocaína en el país del norte, la que, en consecuencia, también ha alcanzado un nivel sin precedente: 92% de la cocaína consumida al norte del Río Grande proviene de Colombia.
Del tema se habló en voz baja durante la visita del vicepresidente Mike Pence al presidente Santos, sin dejar de mencionar que la narcotización de Venezuela, la corrupción de las instituciones y la perversión de sus autoridades que de allí derivan tienen también un origen que se ubica del lado colombiano de la frontera. El llamado del estadounidense a los colombianos fue no solo a prestarle de nuevo atención a la erradicación de cultivos en su territorio, sino a ser activo en el tema venezolano, país aquejado por una destrucción sostenida de su democracia. Fue muy claro el alto funcionario americano cuando se refirió a que Estados Unidos no se cruzaría de brazos ante el colapso venezolano.
Así pues, la contaminación de Venezuela está en el centro del desencuentro que se ha estado gestando entre el país neogranadino y Estados Unidos. Y nada le conviene más a Colombia que tener a los americanos de su lado en su gesta de validación mundial de la tan polémica paz de Juan Manuel Santos.