El agravamiento de la situación económica, social y política de Venezuela se proyecta al vecindario más y menos cercano como un problema enorme, cuyas facetas hoy más dramáticamente visibles, dentro y fuera del país, se encuentran en la extensión de la miseria extrema y el éxodo por tierra y mar. Otra cara que no deja de asomarse es la relativa a la inseguridad, que no solo afecta a la sociedad y la nación en todos los ámbitos imaginables –desde la seguridad humana y ciudadana hasta la preservación de la integridad territorial–, sino que desborda las fronteras y perturba a otras sociedades y a sus gobiernos. No es exagerado afirmar que lo que ha movido a los países democráticos del mundo a seguir pronunciándose y actuando ante la situación venezolana son los efectos acumulados y potenciales de la pérdida de las condiciones a partir de las cuales los gobiernos son reconocidos como tales. Esas condiciones incluyen tanto las relativas a su desempeño interior y sus consecuencias internacionales como, por supuesto, su deliberada acción exterior.
El recién difundido informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Situación de los Derechos Humanos en Venezuela) presenta en sus 6 capítulos y 266 páginas un actualizado y bien documentado diagnóstico que concluye con una lista muy precisa de recomendaciones. Propone allí un conjunto de medidas para, a través de la plena vigencia y efectiva garantía de los derechos humanos, recuperar el Estado de Derecho y la democracia en Venezuela. Todas esas medidas suponen cambios de fondo, que pasan en lo inmediato por la realización de elecciones presidenciales en condiciones que, para resumirlo, permitan que su resultado refleje fielmente la voluntad de los venezolanos. Esto es muy lejano a la situación actual que así describe, sin cortapisas, el referido informe: “La Comisión observa con preocupación que actualmente existe en Venezuela una suspensión de facto en el ejercicio de los derechos políticos de su población”.
En otro documento de estos días –la quinta Declaración del Grupo de Lima desde agosto del año pasado– catorce gobiernos del hemisferio americano, tras reiterar su rechazo a la convocatoria apresurada y unilateral de las elecciones presidenciales “sin haber alcanzado un acuerdo con la oposición, tal como se había comprometido”, insistieron en que “no puede haber elecciones libres y justas con presos políticos, sin la plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente, con una autoridad electoral bajo el control del gobierno, sin la participación de millones de venezolanos en el extranjero imposibilitados de votar, convocada originalmente por la asamblea constituyente, órgano carente de legitimidad y legalidad, cuya existencia y decisiones no reconocemos”.
Así como la asamblea constituyente es desconocida por medio centenar de países, se va configurando una lista semejante de desconocimiento de una elección presidencial cuyos resultados “carecerán de toda legitimidad y credibilidad”.
El reconocimiento de los gobiernos se ha concedido históricamente a partir de la evaluación de tres criterios a los que, mediando el siglo XX, se añadió uno más. De acuerdo con los primeros, el gobierno que aspira al reconocimiento ha de estar en control efectivo de la administración del Estado, contar con un nivel de legitimidad entre la población que augure estabilidad y estar en disposición franca de cumplir sus compromisos y responsabilidades internacionales. El añadido y la aspiración más recientemente valorados es que esa legitimidad se manifieste y fortalezca por la forma constitucional y democrática de llegar al poder y de ejercerlo.
En nuestro caso, el desconocimiento internacional que se va extendiendo en todos los sentidos es también y fundamentalmente reconocimiento y apoyo al derecho de los venezolanos de reclamar el cumplimiento de la Constitución. Y ese reclamo, con apoyo internacional sin precedentes, es exigencia de elecciones limpias, cuyo resultados expresen la voluntad mayoritaria de dar inicio a la faena de reconstrucción humana, material e institucional de Venezuela.
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