A los venezolanos les vendieron que los primeros 84 artículos de la constitución aprobada el 15 de diciembre de 1999 eran los más avanzados del universo en protección de los derechos humanos y civiles. Las deficiencias, como dejar los ascensos militares en las manos del presidente, que se eliminara el Senado y otras de igual monta, pesaron poco. Había una especie de exacerbación mediática con los derechos humanos a raíz de los sucesos del 27 y 28 de febrero, especialmente con la fosa común que encontraron en el Cementerio General del Sur y que denominaron La Peste.
La imprecisión que se arrastraba con el número de fallecidos y de desaparecidos, «extraoficialmente» se hablaba de 2.030, obligaba a la población a desear que ese tipo de hecho no se repitiera jamás, especialmente cuando quienes habían causado las muertes eran miembros de la FAN, el cuerpo garante de la vida de la población en general y de la seguridad de la nación. No hubo la misma sensibilidad con las muertes ocasionadas en los levantamientos de febrero y noviembre de 1992, más de 1.000 oficialmente; ni las organizaciones defensoras de los derechos humanos fueron tan proactivas para pedir que se castigara a los responsables de la matanza: los golpistas del “por ahora”. Al contrario, algunas se sumaron a los petitorios por su libertad. Lo justificaban como un acto desesperado contra la corrupción rampante.
Jorge Giordani en sus últimas apariciones denunció que empresas de maletín –esas que solo pueden constituir los que gobiernan, sus allegados y familiares– despalillaron 300 millardos de dólares preferenciales con Hugo Chávez. Compraban a 2,30 y vendían a más de 15. Ahora la fiscal y los diputados de la Asamblea Nacional dicen que solo los negocios irregulares de los ministros y capitostes del PSUV con Odebrecht sobrepasan los 22 millardos de bolívares. Son demasiados los robos para nombrarlos aquí, la corrupción anda desaforada. No hay levantamientos militares, pero se sabe por dónde le entra el agua al coco.
A pesar de los 84 artículos tan avanzados de la carta magna vigente, circula por las redes sociales un video en el cual aparece el diputado William Azuaje semidesnudo, golpeado, herido y esposado de pies y manos a una escalera. Es una escena medieval o precolombina. La “bicha” no lo ha salvaguardado de torturas, maltratos ni de ilegítimas privaciones de libertad; tampoco le ha garantizado el debido proceso y ser juzgado de manera justa y expedita por sus jueces naturales. Ahora, con la vista puesta en la Rusia de 1917, unos pocos bolcheviques tropicales, por su propio mandato, escriben otra constitución, otra lista de buenos deseos, fantasías con el fracaso garantizado, y más muertes. Sin inventario, nada que permutar ni vender, se lo apropió el deslave chavista.