En todos los países del mundo la condición de ser humano implica que el Estado debe garantizar la vida de cada uno de sus habitantes, para así lograr que cada persona llegue sana y salva al desenlace indiscutible de la vida; es decir, a la muerte.
Cada ser humano tiene el derecho de vivir dignamente sin sufrimientos innecesarios con las condiciones mínimas para lograr el disfrute máximo del término de su vida, por ello, cada uno de nosotros debe tener el derecho de disponer sobre la forma en que ella deba terminar, cuando, llegado el momento, ello implicase un sufrimiento y degradación personal irreversible e intolerable. Es decir, si se debe garantizar el derecho a una vida digna, también debe ser garantizado el derecho a la muerte digna: eutanasia.
Este tema, sin duda controversial, ha sido atacado en repetidas oportunidades por las comunidades religiosas con la premisa de que la vida es propiedad de Dios, ya que, siendo él quien la dio, solo él puede disponer sobre su fin. Argumento sobre el cual no tengo objeción, y creo válido para quien no desee morir sino por consecuencia de su vejez o enfermedad.
La verdadera incógnita reside en el derecho que tiene una persona que no comparta esa premisa, y que por su voluntad legítima elija fallecer en una forma indolora apegada a su dignidad. Hablamos, por supuesto, de las personas que padecen enfermedades terminales que causarán la pérdida absoluta de su paz física por el dolor corporal que causan, o su identidad psíquica, por la pérdida absoluta de sus facultades corporales –como las motoras– y la personalidad, en los casos de demencia.
Estas personas cuyo destino es el sufrimiento físico y psicológico irremediable con el que se extinguiría no solo su dignidad, sino que también su voluntad para seguir viviendo, deben tener el derecho de determinar cuál es el límite de sus cuidados paliativos y el momento de su muerte pacífica y digna.
En fin, la legislación virtuosa debe poseer normativas específicas que permitan y regulen la eutanasia.
@axiomanuel