Colombia se encuentra en una encrucijada: o se va al borde del precipicio y caemos en el barranco de la consolidación de la dictadura del Farcsantismo, o se enrumba en el camino de la consolidación de una democracia vigorosa y fuerte. Mucho depende de si se deja la seudolegitimidad creada por las FARC a través de Juan Manuel Santos, un Congreso cooptado por el narcoterrorismo y una Corte Constitucional celestina de este; legitimidad inconstitucional, ilegal e ilegítima pues se estableció por medio de un golpe de Estado, al desconocerse la voluntad popular contra el acuerdo de entrega del país a las FARC expresada nada menos que en un plebiscito. Eje central de ese tinglado ilegitimo es la JEP.
En manos del presidente Duque está que Colombia se hunda en el precipicio o se enrute en la consolidación democrática. La ley estatutaria de la JEP, que permitiría a los criminales de lesa humanidad tener impunidad, elegibilidad y poner continuar con sus multimillonarios negocios ilícitos, pues fue creada precisamente para eso por s personajes de la peor calaña del comunismo internacional (un ETA, uno de Sendero Luminoso y un Tupamaro) designando un tribunal sesgado hacia la izquierda, que ha demostrado ya tener los peores vicios de la justicia y de la izquierda colombiana combinados: sesgo ideológico, corrupción, narcotráfico, nepotismo, ineficiencia, etcétera. Para la supervivencia de la democracia colombiana es menester que el presidente Duque objete totalmente ese instrumento del comunismo y el narcoterrorismo para seguir dominando Colombia a través del narcotráfico.
La JEP es un Cartel de la Toga y un cartel narcotraficante combinados. Colombia ha caído en la trampa de las FARC de creer que la paz es el camino de la felicidad. Obvio que la paz es un objetivo loable, pero no cualquier paz, una paz sin justicia, la tal paz de Santos, sólo lleva a la esclavitud de la dictadura, el pueblo colombiano lo entendió así, lamentablemente marramucias de nuestro liderazgo político permitió que se instaurara una dictadura narcotraficante como cogobierno del país. Es que la paz como se impuso, era el objetivo de las Farc para llegar al poder y no lo digo yo sino alias Iván Márquez, uno de los más grandes asesinos y narcotraficantes colombianos (htpps://you.tube/ 9Zp4gZ98xGk).
La JEP es en síntesis el brazo jurídico de los criminales de lesa humanidad, es imposible que el presidente Duque permita su perpetuación, pues sería lo mismo que entregarle ya definitivamente el país al narcoterrorismo. Por ello es muy meritoria la labor del fiscal Martínez, para hacer imperar el Estado de Derecho en Colombia. Él hace las siguientes objeciones:
- Narcotráfico como delito de ejecución permanente
“Se harían nugatorios el acto legislativo de la JEP y su interpretación constitucional, con el agravante de que en la práctica se haría imposible la judicialización de los reinsertados que continúen conservando narcocultivos, almacenando estupefacientes o destinando ilícitamente inmuebles para el narcotráfico, frente a la ausencia de autoridad competente para conocer de actos urgentes de allanamiento, registro, incautación y capturas, porque en tales eventos la Fiscalía carecería de competencia hasta que la JEP decida, caso por caso, si la otorga a la jurisdicción ordinaria”.
- Investigaciones contra agentes del Estado y reinsertados
El temor de la Fiscalía es que algunos operadores judiciales puedan concluir que por lo dicho por la Corte en el comunicado, no sería posible citar a los reinsertados y agentes del Estado a entrevistas, indagatorios, audiencias de formulación de imputación, entre otras. “Todo esto, mientras la JEP asume competencia de esos casos, en un término que se prevé de hasta tres años”,
- Renuncia a la investigación penal de graves crímenes
“¿Es posible renunciar a la acción penal cuando se trate de crímenes de guerra que no han sido cometidos de manera sistemática? ¿podría interpretarse que con el mero juzgamiento de los máximos responsables, quedan liberados de responsabilidad penal los demás agentes del conflicto que no ostenten dicha condición, tales como los ejecutores materiales de dichos crímenes, caso en el cual podría activarse la competencia subsidiaria de la Corte Penal Internacional frente a dichos sujetos?”
- Garantía de no repetición
La Fiscalía afirma que aunque se había acordado que en caso de existir reincidencia en la comisión de delitos por parte de los postulados a la JEP, se perderían todos los beneficios, sin embargo ahora en el comunicado de prensa de la Corte, “parecería concluirse que la expresión ‘todos’ desconoce los principios de igualdad y de proporcionalidad del régimen de condicionalidad. Y, en consecuencia declaró su inconstitucionalidad”.
- Trámite de extradición
Le preocupa que se pueda sustraer a Colombia de la posibilidad de materializar circulares rojas de la Interpol, en el marco de la lucha global contra el crimen; que la extradición le impida al Estado investigar a reinsertados extraditables; que se abra la posibilidad de que autoridades distintas al fiscal general dispongan de la libertad del capturado con fines de extradición.
En conclusión el fiscal denuncia un monstruo jurídico creado expresamente para darle impunidad a los narcoterroristas de las FARC. Esto es inadmisible y en consecuencia la ley de la JEP debe ser objetada para impedir la impunidad de las FARC. Para tranquilidad de los colombianos el presidente Duque está muy claro en el tema. En un enjundioso artículo en El Colombiano, en octubre de 2017, él expresó:
“El próximo gobierno se va a encontrar con una JEP en etapa embrionaria, que amenaza al Estado de Derecho y por lo tanto es su deber introducir reformas estructurales que eviten que por la vía de las reformas exprés tramitadas con el dulce de la mermelada se les dé un golpe dramático a las instituciones y se configure una violación del derecho internacional… ¿Qué se le debe reformar a la JEP? Para empezar, no se puede permitir que criminales de lesa humanidad lleguen al Congreso sin investigación, proceso y sanción proporcional a los crímenes cometidos. Segundo, decir “toda la verdad” no puede ser una cortina de humo para evitar sanción efectiva. Tercero, la Procuraduría debe participar como garante del debido proceso en todas las instancias procesales, no simplemente por invitación. Cuarto, la acción de tutela no puede ser relativizada con respecto a las actuaciones de la JEP. Quinto, la JEP no puede poner en riesgo el principio de cosa juzgada de otras instancias judiciales, porque amenazaría la autonomía jurisdiccional de las cortes y esto implica también que, en materia de conflictos de competencias, la JEP no puede estar por encima de otras jurisdicciones. Sexto, civiles y militares no pueden ser igualados con criminales de lesa humanidad, porque son los miembros de las Farc los que están haciendo la transición de la criminalidad a la justicia y no las fuerzas legítimas de la Constitución y los ciudadanos que se rigen por la ley. Séptimo, se necesita que la JEP tenga sanciones efectivas y proporcionales o de lo contrario estaremos poniendo en riesgo los principios del Estado de Derecho. El próximo gobierno y el próximo Congreso tienen la enorme responsabilidad de darle al país una reforma estructural de una justicia que se hizo bajo presión de las FARC. Debemos hacerlo de manera oportuna y rápida porque, claramente, la JEP es un monumento a la impunidad y eso no lo vamos a tolerar”.
Claro y enfático fue Duque como candidato, así de firme y categórico debe ser como presidente. Ante la disyuntiva de democracia o JEP, Duque tiene que alinearse con la democracia, como es un hombre de palabra, sabemos que objetará la ley de la JEP y así salvará la democracia colombiana.