COLUMNISTA

Del Pacto de San José al arrebato jamaiquino

por Manuel Corao Manuel Corao

Desde la década de los sesenta, cuando se instaura la democracia en Venezuela, los gobiernos han mantenido hacia las naciones de Centroamérica y el Caribe un constante monitoreo de su evolución política, así como el progreso económico y social.

La creación de la Organización de Países Productores del Petróleo en el mundo afecta los precios del crudo y sus derivados.

Por limitaciones de territorios y riquezas de sus suelos y subsuelos el resto de islas caribeñas fundamenta su auge en el turismo y los deportes al aire libre.

Igual circunstancia afecta al variado gentilicio centroamericano cuyos connacionales se ven envueltos en la agricultura y el turismo como medios de subsistencia para la época.

Esta tierra, miembro de la OPEP asentada en Suramérica, de mutuo acuerdo bajo los presidentes Carlos Andrés Pérez y José López Portillo, Venezuela y México, respectivamente, se comprometen dentro del Pacto de San José de Costa Rica como una iniciativa social de protección a los pueblos, a otorgar condiciones preferenciales en la factura petrolera.

Los países miembros de The Caribbean Community and Common Market (Caricom) y centroamericanos evitan con tal convenimiento sobresaltos en su despliegue acompasado.

Desde entonces y hasta nuestros días los ciudadanos se beneficiaron directamente del acuerdo regional energético con el desembolso convenido y el pago de 60% de la factura, a veces más, costeada a 20 años. Muy ventajosa, sin duda alguna. Con el tiempo, y hasta hoy, Petróleos de Venezuela invierte como socio financista y tecnológico en instalaciones petroleras.

Tales iniciativas están dirigidas a instalaciones para la refinación de crudo, centros que garantizan fuentes permanentes de trabajo para sus habitantes como mercado del crudo y sus derivados hasta el consumidor final, tal como es el caso que hoy nos ocupa con el gobierno de Jamaica.

Producto de los continuos desaciertos en la administración de la matriz unidos al desvío injustificado de fondos en actividades diferentes a su función productiva comercial primaria, todo ello bajo la dirección delincuencial de Rafael Ramírez, hoy desaparecido, Pdvsa en 2015 ve afectada su disponibilidad de circulante lo cual perturba sus ya menguadas operaciones e incumple obligaciones con el Estado o accionista.

Su disminuida calificación crediticia e incumplimiento con sus insolvencias internacionales la llevan a negociar con los gobiernos de República Dominicana y Jamaica la deuda que mantienen los gobiernos con Petrocaribe –nuevo aparataje político– por concepto de suministro de barriles de petróleo.

Para inicios de 2015 Venezuela realiza la primera negociación conocida hasta ahora, con los dominicanos, la cual es el remate de factura pendiente por 4 millardos de dólares al descuento de 50%.

La deuda de 3 millardos de dólares del gobierno de Jamaica es transada con un descuento de 48,6% de su valor, lo cual podríamos indicar es equivalente a 50% de la acreencia.

Jamaica va al mercado de valores para la fecha del mes de julio de 2015 a ofertar bonos con vencimientos en 2018 y 2045, con intereses hasta de 8,5% por 2 millardos de la moneda estadounidense. 1.500 para recomprar su deuda con Venezuela y la diferencia para inversiones locales. El negocio era redondo.

Tales operaciones son dadas a conocer con lujos de detalles por los medios de comunicación, cuando en el sistema financiero se prenden las alarmas en medio de rumores de quiebra de la estatal venezolana. Grave error para los comunistas.

Ingresan al erario los montos reseñados, pero se desconoce el destino final de estos por la opacidad del manejo de los ingresos fiscales de la nación que realiza la administración central, entiéndase la conducción de Nicolás Maduro.

Las autoridades fiscales de la isla caribeña reciben con beneplácito el informe del Fondo Monetario Internacional, institución que ve con buenos ojos la colocación de bonos porque de esta forma ordenan su portafolio de deudas y mejoran su calificación crediticia la cual, para 2015, es Caa2/B/B y acarician la idea malsana de confiscar.

Ante la crisis de gobernabilidad en casa del vecino, los vaivenes de su economía, el riesgo de quiebra de Pdvsa, o embargo, el gobernante angloparlante que posee 51% de la refinería aprovecha el descuento que le otorgó graciosamente el territorio suramericano para expropiarla.

Aprovecha su mejorada situación crediticia y procede a colocar en el mercado de valores bonos por 1,5 millardos de dólares representados en una disminución de sus acreencias, como consecuencia de la recompra de la deuda ya indicada.

Ellos mejoran sus estados financieros, lo cual les permite cancelar al Estado productor de bitumen por la expropiación de 49% de sus acciones 1,5 millardos de billetes verdes.

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, solicitó al supremo jamaiquino congelar el proceso legal de expropiación. Tal petición no es escuchada por el Tribunal y en apresurada sentencia la priorizan como cosa juzgada semejante exabrupto judicial.

Los usurpadores al mando ponen a Venezuela a riesgo de remate de sus propiedades en el exterior, equipamiento que le permitía ofertar al mercado detallista los productos refinados a partir del mejoramiento del crudo pesado y extra pesado de la conocida faja bituminosa del Orinoco y otros yacimientos, aumentando sus ingresos.

Nuestra patria ha sido despojada de bienes y créditos conferidos por la nación por un monto de 8 millardos de dólares, triquiñuelas que gracias a los medios independientes hemos podido conocer.

Dichas abreviaturas ascienden hasta los momentos a tal cantidad solo producto de la cesión de facturas petrolera a República Dominicana, 2 millardos de dólares; Jamaica, 1,5 millardos de dólares; despojo de 49% de las acciones de la refinería jamaiquina, 1,5 millardos de dólares y 3 millardos de dólares de la reciente condonación de deuda a Cuba por servicios varios no soportados.

La banda de corruptos que desfalcan el gentilicio venezolano, dirigida por Nicolás Maduro, deberá pagar por la muerte de miles de parroquianos, los desafueros económicos y la permanente violación de los derechos humanos de inocentes residentes. La justicia tarda, pero llega.