La ejecución extrajudicial del ex inspector de policía Oscar Pérez y seis de sus conmilitones, dispuesta a confesión de parte por la Presidencia de la República (“a 17 días de dar la orden, orden cumplida” declaró un complacido Maduro la noche del 16 de enero), es apenas otro doloroso y emblemático episodio en la incontable serie de aberraciones que devastan el tejido social cada vez que la más obtusa, intolerante e ideologizada lógica militar, entronizada en el poder, violenta y remplaza la tolerante, civilista y civilizadora lógica de la política en la conducción de una república. Episodio, el de Pérez y sus compañeros, muy probablemente de uso interno, de un generalato que estimó llegado el momento de dirigir a los integrantes de los cuerpos militares y paramilitares un aviso de amenaza: a quienes objetan, desacatan o se alzan contra la doctrina y praxis oficiales del régimen, será aplicada a la letra la consigna del comandante eterno socialismo o muerte, y morirán de un tiro en la cabeza como Oscar Pérez. Nuestro inspector disidente habría sido pues ejecutado pourl’exemple, un cruel castigo inventado por los centuriones romanos y reeditado por las fuerzas beligerantes de la Primera Guerra Mundial cuando mandaban a fusilar sobre el campo de batalla a supuestos cobardes y desertores; una aberración militarista dramáticamente escenificada hace sesenta años por Stanley Kubrick en su inmortal Senderos de Gloria de 1957.
Igual tratamiento militar-aberrante recibieron en el país: a), desde 2015 la grotescamente llamada Operación de Liberación del Pueblo, entrarle al cerro a lo mero macho en busca de forajidos, paramilitares y “terroristas” matando a justos y pecadores con muchas decenas de víctimas, y b) las dos protestas-insurrecciones civilistas y desarmadas de 2014 y 2017 contra la dictadura, ahogadas en sangre por los cuerpos militares y paramilitares del régimen con saldos de aproximadamente 80 y 200 muertos, en su aplastante mayoría por fuego castrense. Respetables ONG nacionales y la propia ex fiscal Ortega han calculado que dentro de ese terrible y vergonzoso fardo que Venezuela lleva en hombros de los casi 30.000 homicidios al año (España: 292 en 2016), la cuota parte de muertos bajo fuego militar y paramilitar para el período 2015-2017 fue de aproximadamente 8.000 víctimas. Recuérdese, para contrastar hipócritas retóricas y duros hechos, que el 17 de noviembre de 2011, rememorando la célebre condena bolivariana maldito sea el soldado que dispare contra su pueblo, el hiperbólico coronel Chávez había vuelto a jurar que “más nunca se verá en Venezuela una Fuerza Armada ametrallando y masacrando inclementemente al pueblo”. ¡Trágica incongruencia de dictaduras que impusieron al país una concepción bélica del convivir!
Pero la más mortífera aberración parida por un régimen despótico con cerebro en Fuerte Tiuna es la que trasluce la política oficial de negar la creación de canales humanitarios que mitiguen las devastadoras carencias de alimentos y medicinas, so pretexto militar de que serían la antesala de una invasión del país.
Este tipo de reacción fóbica con visión demonizada del “imperio” lo incorporó a la praxis gubernamental el coronel Chávez cuando la vaguada de Vargas en enero 2000. Descalificó la búsqueda internacional de ingenieros militares formulada por su ministro de la Defensa, Raúl Salazar, y prohibió que se acercaran a aguas nacionales dos navíos norteamericanos con hospitales, 450 ingenieros y sofisticadas maquinarias de rescate, al declararlos innecesarios.
La hipótesis de que la traída de alimentos y medicinas pudiere inducir una invasión física de Venezuela por fuerzas norteñas o brasileñas (hipótesis que solo un afiebrado estratega de escritorio puede formular y un gobierno deshonesto apropiársela para aparentar ante el mundo una inexistente suficiencia) es hoy doctrina oficial del poderoso Ministerio de la Defensa, con el presidente Maduro y todo un cortejo de civiles colaboradores del régimen de consecuentes pregoneros. Fue en octubre 2015 cuando el ministro López Padrino –rechazando declaraciones del general John Nelly, jefe del Comando Sur, en que se mencionaba una eventual crisis humanitaria en Venezuela– comenzó de primero a conjugar “crisis humanitaria” con “plan preconcebido e “injerencismo imperialista”, a lo que siguió, en septiembre 2017, una doble precisión: a) la crisis humanitaria “la están provocando el imperio y sus seguidores nacionales apátridas” y b) “la solicitud de un canal humanitario abierto … los que estamos vestidos de verde, de patriotas… sabemos que lo que está detrás de una intervención de carácter humanitario… es una intervención desnuda, un injerencismo descarado”, razón por la cual el canal humanitario dejó de ser una cuestión de vida o muerte para miles de venezolanos para convertirse manu militari en un problema “de seguridad y defensa de la patria” que solo y los vestidos de verde, perennes salvadores de la patria, manejarían.
Maduro ha sido un diligente divulgador de esa mortífera aberración militarista añadiéndole ingredientes retóricos de su cosecha: “Este país no requiere ayuda humanitaria, es un cuento falso… no es un país mendigo”; otras contradiciéndose al afirmar que “es la oposición la que sabotea la distribución de alimentos y medicinas en el país” (¡luego la crisis existe!), otras más sacando a relucir la deshilachada y ya irrealista tesis de que la fulana crisis “es un invento de Estados Unidos para justificar una invasión a fin de apoderarse del petróleo y las riquezas del país”, o aseverando que “hay una campaña mundial dirigida desde Washington para planear una intervención extranjera con la excusa de una supuesta crisis humanitaria”; hasta inventar siniestramente que “las acciones de violencia y terroristas… de 2017… buscaban generar una crisis humanitaria para justificar la intervención y ocupación militar imperialista en el país”. Otros integrantes civiles de la escuálida cúpula gubernamental recogen de cuando en vez y a su manera la consigna, y como botón de muestra la cínica falsedad del modelo Delcy: «En Venezuela no hay hambre, no hay crisis humanitaria, hay amor”… También al felón Tribunal Supremo de Justicia se le ordenó actuar en consecuencia: el 27 de octubre pasado negó por cuarta vez a la ONG Cecodap, con nueve meses de atraso, un recurso de amparo con el que se buscaba garantizar a todo menor de edad el acceso a medicamentos esenciales.
En esta época de vertiginosa expansión de la libre comunicación, Venezuela se nos ha convertido en una cápsula comunicacional cada vez más disminuida y sin balizas por obra de un régimen que retiene u oculta información esencial y supervisa, espía, filtra y censura todo lo que entra y sale de ella, por una constelación mediática nacional diezmada o domesticada, por una rampante y lamentable autocensura, una libertad de enviar y recibir mensajes cada día más reducida y controlada, un hardware comunicacional obsoleto, desactualizado y degradado a ojos vista, unas redes sociales en irrecuperable pérdida de credibilidad, y hasta una minimización por razones de inseguridad de la habitual inter-sociabilidad no virtual, del conversar y visitarse, del fraternal ágape, del desplazarse, salir de noche, viajar y asistir a actos multitudinarios. Resalta obviamente en este cuadro el rol del régimen como principal represor de libertades, generador de fakenews e imitador casi perfecto de aquel mundo orwelliano en que los dictadores inventan una “neolengua” (patria, país potencia, magnicidio, amor, felicidad suprema, invasión etc. etc.), tienen ministerios de la Verdad para manipular la historia; del Amor para perseguir, torturar y matar a quien no ame al tirano; de la Paz para debelar las oposiciones y de la Abundancia para manipular políticamente la escasez. En un ámbito interrelacional empobrecido a ese punto, confuso y maniqueo, carente de fuentes informativas de confiable credibilidad, es lícito preguntarse por rectitud profesional si efectivamente vivimos una grande y peligrosa crisis humanitaria, y si al régimen no le asiste alguna razón cuando remite a la intervención de agentes exteriores las dificultades médico-alimentarias del país.
Algún lector habrá probablemente soltado una lágrima al leer el pasado 31 de diciembre, en el medio electrónico Prodavinci, la larga entrevista de Hugo Prieto al médico anestesiólogo y paliativo Fabio Fuenmayor titulada “La crisis humanitaria es un clisé que no le dice nada a nadie”. Citemos in extenso la voz de este testigo presencial de los hechos, de alguien que maneja a diario el segmento terminal de la vida allí donde llegan a su cuello de embudo el desastre hospitalario nacional, la fuga de médicos, la carencia casi total de medicamentos esenciales y la hambruna, a que nos diga si la “crisis humanitaria” es una realidad o un cuento de la oposición: “La Crisis humanitaria es una edificación bien montada por la revolución chavista cuando llegó al poder…En una revista interna del Ministerio de Salud, la entonces ministra, María Lourdes Urbaneja (2003), planteó que había que acabar con la industria farmacéutica, porque era “capitalista”… y que había que regresar a la medicina tradicional;… ellos consideran que la medicina tradicional indígena es mejor que la medicina occidental, …y que [debe tratarse] la hipertensión con remedios que no sean producto de la industria farmacéutica…; es un problema ideológico que, a mi modo de ver, llega a la sicopatía o a la sociopatía…. Solo puedo ver el sufrimiento de la gente en su cara…no hay manera de que pueda aliviarle el dolor… porque no dispongo de los coadyuvantes para tratar sus diferentes condiciones…Ninguno de mis pacientes ha tenido disponibilidad de medicamentos a través del 0-800 Salud… y más recientemente les preguntan si tienen el carnet de la patria.”Muchos “pacientes de hipertensión, de diabetes o de cáncer saben que van a morir porque no están recibiendo el tratamiento para la tensión o para el azúcar”. Cuando un paciente se muere “los familiares me donan los analgésicos que les quedaban,… porque esos pacientes recibieron analgésicos que, a su vez, a mí me habían donado. A través de ese ‘sistema’… logras atender a cierto número de pacientes. Pero eso te coloca en la difícil situación de tener que decidir a quién le doy y a quién no le doy…. A los demás los tengo que mandar a la calle, a buscar sus medicamentos… Estamos extirpando senos para evitar que la mujer muera en una recaída…el país ha regresado a prácticas médicas de hace 30 años… porque los tratamientos lógicos, normales, convencionales, de quimioterapia y radioterapia no se pueden aplicar… El Instituto Nacional de Higiene quedó en un segundo plano para saber si un medicamento era apto o no apto. Todo eso se perdió, todo eso se mandó a la porra. Entonces, tú no sabes con qué estás trabajando… Actualmente no tengo pacientes que se están curando sino que se están muriendo… Las estadísticas [sobre las causas de las muertes] no se llevan porque al gobierno no le interesa de qué se va a morir la gente… si en Venezuela es difícil contar los muertos por la violencia ¿vamos a contar los muertos por causas no violentas?… La gente se está muriendo en las calles como en el siglo XVIII por enfermedades infecciosas, por contaminación en los hospitales, por falta de prevención, por falta de tratamientos curativos y por falta de tratamientos paliativos. Sí, la gente está muriendo de mengua en las calles. ¿Qué puedes esperar, si la gente está comiendo de la basura? Claro, es más elegante hablar de crisis humanitaria. Es menos soez…”.
Los medios más decentes vuelcan a diario sobre el país espeluznantes informaciones relativas al doble drama de falta de alimentos y de servicios e insumos curativos que sería prolijo sintetizar. Charitas señala la existencia en Venezuela de hasta 380.000 menores de edad en riesgo de inanición irreversible por carencia de alimentos. Datos globales fehacientes no existen principalmente porque el régimen, arteramente, dejó de publicar en 2013 el Anuario de Mortalidad, pero el gremio médico nacional abriga la íntima certeza, por ahora no cuantificable, que un porcentaje increscendo de las aproximadamente 420 defunciones diarias en el país se debe a insuficiencias alimenticias, desastroso estado de los hospitales públicos, falta de asistencia médica y crónica carencia de al menos 80% de los medicamentos e insumos esenciales. El día en que se vuelva a disponer de estadísticas confiables de mortalidad nacional quedará en evidencia, no caben dudas, de que el tratamiento militar de la crisis humanitaria nacional, basado en la fábula de la “invasión” que bloqueó la creación de canales humanitarios alternativos, produjo la muerte prematura de decenas de miles de venezolanos.
El régimen felón no quiere aparecer ante el mundo como un paria y no priorizó el derecho a la vida de los venezolanos como se lo exige la Constitución. No posee ni el dinero ni el crédito para adquirir medicinas y alimentos, y achaca la causa y el efecto a la disidencia. Sin embargo, el país le hubiese perdonado su rechazo al “canal humanitario” si, en gesto pertinente y decoroso, hubiera encarado con humanista valentía el problema dando prioridad a la supervivencia de la población por sobre el pago puntual de las inmensas deudas que le dejó Chávez al país, o hubiese suspendido sine die el regalo de decenas de miles de barriles diarios de petróleo a Cuba, invirtiendo el ahorro en la traída diaria al país de uno de los cargueros ShaanxiY8F de la aviación militar forrado de medicamentos hasta cubrir totalmente la penuria nacional. Nada de eso hizo y siempre negó el “canal”; no lavó ni prestó la batea, actuó bajo intoxicación ideológica principista de inspiración castrense dejando que centenares y miles de venezolanos se murieran en aras de esa aberración militar. En junio 2017 el régimen llegó incluso a hacer caso omiso de una relevante oferta oficial de ayuda medicinal y médica del PNUD de Naciones Unidas. En las catastróficas condiciones en que se encuentra hoy el país, la no interrupción de la ayuda chavista a Cuba ha pasado literalmente a ser un delito de lesa población venezolana, un crimen estalinista y sado-masoquista.
Al actuar de la suerte, el régimen viola flagrantemente los artículos 83 y 84 de la Constitución que definen la salud como “un derecho social fundamental, obligación del Estado que lo garantizará”, viola el 438 del Código Penal venezolano y viola el 7-k de los Estatutos de Roma de la Corte Penal Internacional, que Chávez se precipitó a firmar entre los primerísimos el 7.6.2000, el cual impone a la Corte intervenir ante “cualquier acto inhumano que cause intencionalmente graves sufrimientos y atente contra la integridad física o la salud mental de quien lo sufre”.
El necesitado de ayuda médico-sanitaria es persona en estado de peligro que el Estado debe constitucionalmente socorrer. El no asegurar a la población alimentos suficientes, no garantizarle atención sanitaria adecuada, constituyen delitos equiparables, en el plano social, a la no prestación de ayuda a individuo en peligro, configurando un delito por no prestación de auxilio a sociedad en peligro. Es lo que el derecho francés llama desde 1934 non assistence à personne en danger que el artículo 223-6 de su más reciente Código Penal condena con penas de 5 años de prisión y 75.000 euros de multa, aplicables incluso –léase bien– a quien impida la prestación del socorro por terceros (como la no-aceptación de una ayuda foránea), o lo que una ley italiana llamada “del buen samaritano” califica de delitto di omessasolidarietá, solidaridad que el artículo 593 de su Código Penal define como “un deber aunque resulte penoso o peligroso prestarlo” y cuya pena pasa al doble si la no prestación de socorro causa el fallecimiento de la persona a socorrer. Pero el régimen finge ignorar, o ignora paladinamente, o lo sabe y lo viola, que nuestro propio Código Penal también contempla el delito de “omisión del deber de socorro” y prescribe en su artículo 438 una pena para quien “habiendo encontrado persona…en situación peligrosa…haya omitido la prestación de su ayuda a dicha persona” por considerarla infracción dolosa al deber de solidaridad, mientras que su artículo 195 recoge el principio francés de incriminar por igual a quien impide la prestación de socorro por terceros, al condenar de 3 a 12 meses de prisión el “no solicitar auxilio ajeno con urgencia”.
Llama la atención que la defenestrada fiscal Luisa Ortega, al denunciar el 15 de noviembre 2017 al presidente Nicolás Maduro y cuatro generales de su gabinete ante la Corte Penal Internacional de La Haya por “delitos de lesa humanidad”, con un libelo de 495 páginas y 1.000 piezas a convicción, se haya limitado a señalar los crímenes de asesinato, tortura y encarcelamiento que condujeron a la muerte de 1.767 personas en 2015, de 4.677 en 2016 y de 1.846 el primer semestre de 2017, tomando pues en consideración tan solo los apartados a), b), e) y f) del artículo 438 de los Estatutos de la CPI en que se enumeran los once casos definibles como “crimen de lesa humanidad” y descuidando el anteriormente señalado apartado k): “ Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física” que, en el sub-capítulo alimentación y salud vienen hoy produciendo en Venezuela una mortalidad muy superior a la causada por el asesinato de disidentes y otros perseguidos a mano de fuerzas gubernamentales.
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