En defensa de los militares presos

A todo militar, que haya elegido la carrera de las armas con genuina vocación, tiene que impactarle dolorosamente la información que ha circulado, en los medios de comunicación alternativos, sin que haya sido desmentida, sobre la detención de más de 250 compañeros de armas de las diferentes fuerzas y su inmediato sometimiento a los tribunales militares, acusados de haber cometido delitos de traición a la patria e incitación a la rebelión. Una acusación de tanta gravedad obliga éticamente al ministro de la Defensa y al Alto Mando Militar a dar una detallada explicación a la opinión pública sobre lo que supuestamente ha ocurrido en el seno de la institución armada. Esa obligación es aún más perentoria cuando tiene que ser necesariamente vinculada a lo acaecido recientemente cuando Nicolás Maduro, de manera absolutamente ilegal, emitió un decreto presidencial mediante el cual se degradaba y expulsaba de la Fuerza Armada Nacional a 24 oficiales activos y retirados de diferentes grados.

Al mismo tiempo que apareció la noticia de esas detenciones, curiosamente, empezaron a circular a través de las redes numerosos mensajes ofensivos a la dignidad y el honor de los miembros de la Fuerza Armada Nacional. Es importante diferenciar el contenido de esos mensajes, de las severas críticas que, desde hace varios años, han realizado los venezolanos ante la inaceptable posición que ha mantenido nuestra institución, representada por sus altos mandos, al ser utilizada para actividades de orden político-partidista, en brutales acciones represivas contra manifestaciones pacíficas y la participación de algunos de sus integrantes en graves hechos de corrupción. En verdad, dichos mensajes denigrantes, de autores desconocidos, me causaron sorpresa y malicia. Intuyo que fueron redactados y publicados por expertos en guerra psicológica, pertenecientes a los organismos de inteligencia del Estado, con la finalidad de generar odio en la sociedad en contra de los miembros de la Fuerza Armada y viceversa.

Es importante analizar, con alguna perspicacia, esta ola de arbitrariedades. No tengo la menor duda en afirmar que esas detenciones han sido ordenadas por Nicolás Maduro con la deliberada intención de atemorizar a los cuadros militares y crear incertidumbre y desconfianza entre ellos. Esa es la razón de la gravedad de los delitos que se le imputan a todos por igual: traición a la patria e incitación a la rebelión. El creciente malestar existente en el sector civil también está presente en la Fuerza Armada Nacional. Las razones sobran. No hay ingreso que pueda resistir la creciente hiperinflación que nos azota a todos por igual. Además, hay razones de orden profesional que causan desasosiego e inconformidad en los amplios sectores institucionales de la organización militar: los ascensos y la asignación de cargos, durante estos dieciocho años de gobierno revolucionario, perdieron progresivamente su sentido de justicia y reconocimiento al mérito para privilegiar el grado de lealtad al régimen y el compromiso político-personal con Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

Además de las razones de orden profesional, sobre las cuales no profundizo por razones de espacio, ha surgido un profundo malestar en los cuadros como consecuencia del desprestigio de la Fuerza Armada Nacional en la sociedad venezolana. El empleo de un importante número de oficiales en cargos civiles y su vinculación con los inmensos errores de la gestión de Nicolás Maduro son percibidos como causas de ese desprestigio. Ese rechazo lo siente el oficial activo en el colegio de los hijos, en reuniones familiares, o en cualquier otra actividad donde deba interactuar con el resto de la sociedad. También se rechaza la subordinación del gobierno madurista al régimen cubano y su debilidad para enfrentar nuestra reclamación territorial con Guyana. Esa permanente presión psicológica conduce al militar activo a criticar cualquier acción del gobierno nociva a la imagen de nuestra institución. Tal reacción es considerada como una muestra fehaciente de su falta de lealtad a la revolución bolivariana y conduce de inmediato a su detención y acusación por traición a la patria e incitación a la rebelión.

Inexplicablemente, los distintos niveles del mando han permitido que ese sistema represivo se aplique a los cuadros militares sin hacer oír su voz de protesta ante tan inmensa injusticia. Es posible que, en estos últimos años, puedan haber existido algunos intentos conspirativos ante el fracaso del gobierno de Nicolás Maduro y su permanente violación de la Constitución. Sin embargo, la percepción existente en la sociedad es que esos intentos de rebelión militar surgen de la lucha existente entre chavistas y maduristas, en la cual la mayoría de los oficiales institucionalistas no toman partido. De todas maneras, el temor que esa situación produce en Nicolás Maduro lo ha conducido a tomar medidas represivas, con la anuencia de los mandos, por cualquier nimiedad que, a su juicio, constituya una amenaza para la estabilidad de su dictadura. Mi esperanza es que los altos mandos asuman su papel de verdaderos jefes militares y se avoquen a evitar los abusos en contra de sus subalternos, a quienes deben comandar y proteger.

También creo importante recordarles a los dirigentes políticos de la oposición, quienes justificadamente exigen, entre otras condiciones, la libertad de todos los presos políticos para acceder a negociar con el régimen, que existen 250 presos militares y que sería una gran inconsecuencia no tomarlos en cuenta en esa petición. Es posible que el régimen argumente que esos profesionales estaban conspirando en contra del gobierno constitucional. Ese planteamiento no tiene sustento alguno. Al contrario, en el caso que alguno de ellos haya estado vinculado en algún proceso de desconocimiento de Nicolás Maduro y su gobierno, como consecuencia de su permanente violación de la Constitución Nacional, su actuación habría estado en cabal consonancia con el contenido del artículo 333 constitucional que reza: “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

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