Casi al cierre de 2018, la máxima autoridad del Banco Central de República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, hizo un anuncio de amplia resonancia para su país y el continente: la economía quisqueyana tuvo un crecimiento de 7% durante 2018, con una inflación de apenas 1,3%. Ambos datos tienen especial significación, por ser resultado de un notable aumento de la demanda interna. Ese crecimiento, que se diga de una vez, es más que prometedor: está cambiando –para mejor– las vidas de cientos de miles de familias en buena parte del territorio dominicano.
Estos resultados no se produjeron de un momento a otro. En los diez años comprendidos entre 2008 y 2018, el país logró una tasa de crecimiento de 5,1%. A partir de 2014 y hasta 2018, el promedio ascendió a 6,6%. Que durante 2018 alcanzara 7% es producto de una serie de factores que merecen ser revisados con detenimiento. Uno de ellos, quizás el más importante, es que el exitoso desempeño económico depende del auge de varios sectores: la expansión de las comunicaciones, la construcción, las zonas francas, la salud, el comercio, los servicios financieros, el transporte, la logística, el almacenamiento, la agroindustria y varios otros ámbitos económicos. La visión que República Dominicana ofrece al observador es promisoria, sobre todo porque no está concentrada en un rubro –como ocurría en la Venezuela petrolera–, sino que depende de la concomitancia de muchas industrias y servicios.
A lo anterior debe añadirse el hecho de que el número de turistas que anualmente visita el país ha continuado en aumento. En 2018 se produjo un incremento de 6% con respecto al año anterior, lo que significó cruzar la línea de los 6,5 millones de visitantes en un año. Estos generaron ingresos superiores a los 7.600 millones de dólares. Otro tanto puede decirse de los ingresos provenientes de las remesas (recordar que más de 2 millones de dominicanos viven en Estados Unidos). En 2018, de acuerdo con el mismo Banco Central, se registró un aumento de 10,4% por concepto de envíos de dinero a particulares desde el exterior, lo que significó el ingreso de más de 6.520 millones de dólares. En este marco de cosas, aunque las remesas continúan siendo un factor importante en el conjunto de la economía dominicana, su incidencia porcentual ha ido decreciendo de forma paulatina. En otras palabras, el país ha logrado reducir la dependencia del recurso aportado por los emigrados.
Otro factor que acompaña este comportamiento favorable es la actual situación de la pirámide poblacional de República Dominicana, cuyo 60% está representado por la veta demográfica en edad de trabajar (superior al promedio de América Latina, que es de 56,7%). La tasa del desempleo, de 5,6%, también está muy por debajo del promedio de la región, que alcanza 8,4%. Hasta ahora, pues, el mercado laboral ha logrado responder a las demandas de la mayoría de los sectores productivos.
Este desempeño económico ha impactado la sociedad. La reducción de la pobreza en República Dominicana constituye un ejemplo de categoría mundial. En 2012, la pobreza general alcanzaba a casi 40% de la población (la cifra específica era de 39,7%). Solo 5 años más tarde, en 2017, se había reducido a 25,5%. Un logro extraordinario: de cada 100 personas en estado de pobreza monetaria, 64 dejaron de serlo en un lustro. Comparada con la tasa de crecimiento de la población, la cifra también resulta excepcional: la duplicó. Es importante anotar que, en estos reportes de reducción de la pobreza, las cifras gubernamentales coinciden con las de organismos multilaterales. El desempeño económico de 2018, posiblemente contribuyó, todavía más, a mejorar estos indicadores. Ahora mismo, junto a Chile, Panamá y Uruguay, República Dominicana presenta los más importantes avances en la compleja lucha por reducir la pobreza en América Latina.
La expansión de la clase media, sin duda una gran noticia para cualquier sociedad democrática, plantea dos interrogantes prioritarias y entrelazadas. La primera apunta al objetivo de que el sistema educativo alcance a todos los dominicanos sin excepción. Metas como la ampliación de la cobertura, reducción total de la exclusión, mejoramiento de la calidad de los docentes, así como de las capacidades cognitivas de los alumnos son desafíos vigentes.
En su Estrategia Nacional de Desarrollo, Visión-País 2030, República Dominicana ha consignado su meta de convertirse en una nación de altos ingresos, propósito elocuente de una dirigencia que mira al futuro con responsabilidad. Esa ruta plantea algunas importantes exigencias, entre ellas, la mencionada de la calidad de la educación, que debe potenciarse para atender las demandas de los sectores productivos en crecimiento. La revolución digital en curso plantea retos que, en gran medida, solo podrán ser resueltos si se forman los profesionales capaces de gestionarlos.
El Banco Mundial ha sugerido una agenda de 6 grandes puntos a República Dominicana. El primero alude al equilibrio fiscal. En febrero de 2018, la deuda consolidada del sector público sobrepasaba los 42.000 millones, equivalentes a casi 55% del producto interno bruto. Los esfuerzos para disminuir este endeudamiento deben ser sostenidos.
El segundo asunto de la agenda es el ya mencionado de la calidad de la educación, especialmente en áreas decisivas para impulsar la expansión económica. El tercer aspecto se refiere a la mejora del ambiente de negocios. Como en otras partes de América Latina, bajo el objetivo de promover un mejor ambiente de negocios se desagregan una serie de factores de carácter legislativo, fiscal, procedimental y de relacionamiento entre inversionistas y empresarios con organismos reguladores, que necesitan ganar agilidad y fluidez.
No solo el Banco Mundial, sino todas las principales entidades multilaterales del planeta han advertido sobre los riesgos que representa el cambio climático, y de forma particularmente amenazante para Centroamérica y el Caribe. En esta serie, Debates Latinos, nos hemos referido a la conmoción que el clima está generando en las vidas y las economías de hondureños, guatemaltecos y salvadoreños. En el caso de República Dominicana, el llamado del Banco Mundial se refiere a la necesidad de generar, en corto plazo, una mayor capacidad de respuesta y de resiliencia ante las eventuales adversidades. Las perspectivas climáticas para los próximos años dejan entrever un empeoramiento: temporadas de calor cada vez más intensas en alternancia con de lluvia cada vez más violentas y peligrosas. Otro importante desafío de República Dominicana es el tema energético. Desarrollar una plataforma sustentable ha de ser uno de sus objetivos estratégicos.
El último punto del Banco Mundial advierte sobre la conveniencia de “aumentar la transparencia y la responsabilidad en la formulación de políticas”, ambas cuestiones directamente relacionadas con los modos de hacer política, que no siempre avanzan aparejados con los cambios en otros ámbitos de lo público.
En los dos gobiernos presididos por Danilo Medina, iniciados en 2012 y que culminarán en agosto de 2020, se han producido importantes avances, especialmente en reducción de la pobreza, fomento de la equidad e inclusión, que se le reconocen dentro y fuera de su país. Pero hay cuestiones, como el incremento de la criminalidad y la corrupción, que están produciendo una creciente inquietud en la opinión pública. Transparencia Internacional ha señalado a República Dominicana como el país, después de México, donde más se pagan sobornos a cambio de acceso a servicios públicos, que todavía son estructuralmente ineficientes. Su escasez estimula la aparición de mafias que actúan en electricidad, agua, salud y otros. El país encabeza también los rankings de “desvío de fondos públicos” y se le considera uno de los Estados donde la lucha contra la corrupción, hasta ahora, ha sido menos efectiva.
Por otra parte, hay que valorar la importancia que la diáspora dominicana ha adquirido en Estados Unidos. No solo por la circunstancia crematística (de las remesas), sino por su empoderamiento político. Poco más de 2 millones de dominicanos residen en Estados Unidos. 75% son ciudadanos estadounidenses, más de la mitad de ellos nacidos en territorio de Estados Unidos. Además, 60% son totalmente bilingües. La mayor parte de ellos se concentran en Nueva York. Otro centro de concentración se ubica al norte de Boston, en las ciudades de Laurence (cuyo alcalde, Dan Rivera, es de origen dominicano) y Haverhill, donde se eligió al hoy legislador estatal dominicano Andy Vargas, quien hace unos años fue el concejal más joven de Estados Unidos.
Nueva York tiene una importante representación política de dominicanos en cargos municipales y estadales, y desde hace cuatro años cuenta con el congresista Adriano Espaillat, el primer dominicano en llegar al Congreso de Estados Unidos, también el primero en lograrlo luego de haber sido inmigrante indocumentado y alcanzado tras largo recorrido, la ciudadanía. Espaillat es bisnieto de Ulises Espaillat, presidente de República Dominicana en 1876.
Otros dos enclaves de presencia y poder político de los dominicanos están en el estado de Rhode Island y en Nueva Jersey. En Rhode Island destacan Ángel Taveras, ex alcalde de Providence la capital, y el senador estadal Juan Pichardo. En Nueva Jersey se eligieron los dos primeros dominicanos a cargos de representación popular en la historia de Estados Unidos, los legisladores estadales Guillermo Linares y Kay Palacios, y también el primer alcalde electo de origen dominicano, Alex Blanco, en Passaic, municipalidad vecina de Newark la capital del estado, próxima a la ciudad de Nueva York, del otro lado del río Hudson.
Pero el dominicano que más alto ha escalado en la política estadounidense es Tom Pérez, actual presidente del Partido Demócrata (primer hispano en alcanzar esa posición). Luego de una ascendente carrera política y exitosa trayectoria en el departamento de Justicia, fue el secretario o ministro del Trabajo del presidente Barack Obama.
Así las cosas, el pueblo dominicano ha traducido su migración a Estados Unidos en un activo estratégico en lo económico y lo político, espacios donde han adquirido una relevancia que los ha encumbrado a entornos de decisión.
En resumen, República Dominicana es hoy uno de los países con mejor perspectiva del continente. Para sus casi 11 millones de habitantes están abiertas oportunidades de distinto orden. El hecho de que las cifras macroeconómicas sean tan favorables no disminuye las responsabilidades de sus dirigentes, particularmente en crear mayores oportunidades al tiempo que continúa este favorable desempeño económico; y fortalecer el Estado de Derecho hasta no dar tregua a la corrupción. Aunque es prematuro para hablar de las próximas elecciones –pautadas para el 16 de mayo de 2020–, sí es prudente mantener en el centro del debate público la cuestión de cómo aprovechar la actual coyuntura favorable para construir una plataforma económica y social, que podría, en una o dos décadas, constituir un modelo para el Caribe, Centroamérica y el resto de América Latina.
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