Para los demócratas de América Latina, Costa Rica es símbolo y modelo. En un continente y, sobre todo, en una región donde la violencia, los golpes de Estado, el militarismo y los gobiernos de facto han sido recurrentes, este país ha marchado a contracorriente por más de un siglo. De hecho, uno de los hitos más significativos de su calendario anual tiene lugar cada 7 de noviembre, cuando se conmemora, desde 1942, el Día de la Democracia Costarricense. En 1889, unos 7.000 ciudadanos armados con palos y machetes salieron a las calles a defender los resultados del proceso electoral que se había celebrado ese día contra la intención del gobierno de imponer un resultado.
El caso de Costa Rica es abundante en lecciones y asuntos que merecen ser debatidos con seriedad y disposición. El primero de ellos es que su democracia se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. En la fecha ya mencionada de 1889 –hace 130 años– comenzó una paulatina evolución en lo jurídico, en las instituciones y en la cultura política del país, que hacia 1950 permitió establecer el modelo con que esa democracia ha funcionado por casi siete décadas.
Apenas lograda la Independencia, en 1821, se puso en marcha un primer sistema electoral, que creció en electores y participación durante el siglo XIX. No era poca cosa que los electores –por entonces, solo los hombres– elegían los delegados parroquiales que, a su vez, votaban por las autoridades de cada provincia. En 1913, se estableció el voto directo. En 1925, el voto secreto. En 1952, se extendió el derecho al sufragio a las mujeres. En 1971, se redujo la edad para votar de 21 a 18 años. En el transcurso de un siglo, solo tres gobiernos alcanzaron el poder a través de mecanismos distintos a los electorales. Costa Rica nos enseña que la democracia es una conquista paulatina que se consolida paso a paso.
Al recorrido anterior habría que añadir un elemento fundamental: el 1 de diciembre de 1948, el presidente José Figueres Ferrer –padre de Christiana Figueres, la admirable mujer cuyas persistentes diligencias fueron factor fundamental para lograr la firma del Acuerdo de París sobre el cambio climático, en diciembre de 2015–, en un acto de extraordinaria repercusión que tuvo lugar en el cuartel Bellavista, abolió el ejército y entregó las llaves del edificio a los representantes de la Universidad de Costa Rica, fundada en 1940. Ese edificio es hoy sede del Museo Nacional de Costa Rica. La disolución del Ejército estableció un modelo, el de Paz sin Armas, único en el mundo.
El marco legal de Costa Rica, además, no prevé la reelección inmediata del presidente, que debe esperar ocho años para volver al cargo. Desde 1958 a esta fecha, solo el socialdemócrata Oscar Arias Sánchez, Premio Nobel de la Paz 1987, ha gobernado dos veces Costa Rica, en los períodos de 1986 a 1990 y de 2006 a 2010. Otro dato esencial, que podría parecer obvio y no lo es, es que la reputación del Tribunal Supremo Electoral ha logrado perdurar. Desde 1949, Costa Rica ha disfrutado del privilegio de organizar regularmente procesos electorales exitosos.
Quienes conocen Costa Rica y han estudiado este fenómeno cuentan que los costarricenses sienten orgullo por su democracia. En la cultura de la nación hay una tendencia a la resolución no violenta de los conflictos. Resolver “a la tica” significa ponerse de acuerdo, incluso en las cuestiones más complejas o difíciles. Es probable que ese “ponerse de acuerdo” no siempre beneficie a las dos partes o a todos los factores en pugna. Pero esto siempre será mejor que tomar el camino de la polarización, de la confrontación abierta y el uso de mecanismos no democráticos para imponerse. En el piso de la democracia de Costa Rica ha sedimentado, por décadas, una lógica de la estabilidad. Por encima de las discrepancias o conflictos sociales, políticos y económicos –que los hay, como en cualquier otra parte del continente– los ciudadanos y las instituciones han hecho de la estabilidad un valor nacional.
Este escenario de logros culturales y políticos guarda una interrelación estructural con otros factores. En el documento Panorama Social de 2018, elaborado por Cepal, se informa que, después de Chile, Uruguay, Brasil y Argentina, Costa Rica es uno de los países que destacan por el promedio de gasto social en salud, vivienda, educación, programas sociales, recreación, promoción cultural, protección del medio ambiente y religión. El promedio costarricense de gasto social/persona es de 1.176 dólares, mientras que el promedio del continente es de 894 dólares. Al comparar esta cifra con la de países vecinos como El Salvador (320 dólares) y Guatemala y Honduras (cuyo gasto social promedio está por debajo de los 220 dólares), se establece una asociación inmediata entre estabilidad política e inversión social.
Esta sostenida política de inversión social, que ronda entre 22% y 23% del PIB, ha tenido un efecto muy importante: el crecimiento de la clase media. En 1992, alrededor de 18% de la población calificaba como clase media. Dos décadas después, esa cifra había ascendido aproximadamente a 44%, otra vez por encima del promedio de América Latina, que está entre 34% y 35%. Durante cincuenta años, hasta 2017, el crecimiento económico promedio fue de 5,3%. El promedio latinoamericano fue de 4,4%.
Destacaremos un síntoma de esa pujanza. Es notable la cantidad de profesionales costarricenses del más alto nivel que detentan altas responsabilidades en organismos multilaterales y grandes corporaciones. Costa Rica debe ser uno de los grandes exportadores de talento de América Latina. También tiene una de las tasas más altas del mundo en cuanto al número de mujeres que integran su Parlamento: 46%.
Pero este panorama de ventajas no está exento de amenazas. De los casi 5 millones de personas que constituyen su población, cerca de 22% vive en condiciones de pobreza. Y un poco más de la cuarta parte de este grupo está en pobreza extrema. Hay que añadir que, según mediciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 10,3% de la población activa está desempleada.
Entre los años 1999 y 2009, la tasa de inflación anual fue relativamente alta, osciló entre 7,8% y 13,8%. A partir de 2010 comenzó a producirse un declive. En 2016 cerró con una tasa sorprendente de 0,6%. En 2017 fue de 1,7%, y en 2018 de 2,03%. Pero, a pesar de estos positivos indicadores recientes, expertos vienen advirtiendo que, en la última década, los ingresos de la clase media se han estancado. A lo anterior hay añadir el crecimiento de la desigualdad. De acuerdo con cifras arrojadas por la Encuesta Nacional de Hogares 2018, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, en un año se produjo un incremento de la pobreza de 1,1%; y 0,6% de la pobreza crítica, lo cual, en términos estadísticos, es causa suficiente para encender las alarmas.
En mayo de 2018, se inició el gobierno del socialdemócrata Carlos Alvarado Quesada, quien permanecerá en el cargo hasta 2022. Detener el crecimiento de la desigualdad y revertirla es, sin duda, uno de sus más estratégicos desafíos. Otras problemáticas que afectan la vida pública de Costa Rica son: el aumento de la inseguridad ciudadana; casos de corrupción que han causado malestar; el impacto del cambio climático en la producción agrícola, y el estancamiento de la economía, que impide disminuir el desempleo, entre otros. Estos flagelos pondrán a prueba al gobierno y a la sociedad civil organizada durante los próximos años.
Costa Rica está, pues, en un momento clave. O encara un proceso económico e institucional que revierta las tendencias negativas, lo que consolidaría el pacto democrático nacional, o podría avanzar hacia un deterioro de la confianza de los ciudadanos en su modelo, lo que abriría el terreno a las fuerzas del populismo antidemocrático, siempre al acecho desde los extremos de la derecha o de la izquierda.