En 1992 se creó una empresa denominada Minca para explotar la mina Las Cristinas; sus accionistas eran Placer Dome (70%) y la Corporación Venezolana de Guayana (30%).
Uno de los compromisos asumidos por el gobierno era la construcción de una línea de energía eléctrica que permitiría la operación de una planta procesadora de mineral. En 1999, esa línea eléctrica no se había construido y también hubo cambios políticos muy importantes en Venezuela, debido a la llegada a la Presidencia del señor Hugo Chávez.
En 2001, Placer Dome decidió vender sus acciones de Minca a Vannessa Ventures por un valor simbólico de 50 dólares. Pero en 2002 Crystallex obtuvo de la CVG un contrato de operaciones mineras en Las Cristinas y en 2004, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) admitió una demanda de Vannessa Ventures contra Venezuela.
En 2011, la CVG terminó el contrato con Crystallex y esta empresa también demandó a Venezuela en el Ciadi. No está claro por qué se expulsó a Crystallex; algunas versiones indican que no cumplió los requisitos ambientales, pero lo que sí es totalmente cierto es que hubo muchas declaraciones de funcionarios (desde el propio residente Chávez) indicando que Venezuela retomaría el control de la mina Las Cristinas. En 2016 el Ciadi emitió una decisión a favor de Crystallex por 1.400 millones de dólares. A finales de 2017 se informó de un acuerdo, avalado por un juez de Ontario, Canadá, para que Venezuela pagara la deuda a Crystallex. En agosto de 2018, el gobierno no había cumplido el acuerdo para el pago de esa deuda y Crystallex obtuvo un embargo sobre Citgo.
Existen al menos 20 demandas contra Venezuela en el Ciadi; eso le podría generar una deuda cercana a 20.000 millones de dólares en capital e intereses sobre bonos soberanos hasta 2021.
Otra de las disputas internacionales que tiene Venezuela está relacionada con Gold Reserve. En 1992, Gold Reserve compró la empresa Brisas del Cuyuní y con ello adquirió los derechos de explotación de minerales, en la concesión del mismo nombre (500 ha). En 1998 Gold Reserve envió la primera versión del Estudio de Impacto Ambiental, luego entregó documentos y estudios adicionales que le fueron solicitados. Después de 10 años de trámites administrativos, en 2008 fue revocada la concesión y los bienes de la empresa fueron confiscados. Gold Reserve reclamó una compensación por su expulsión de la concesión y en 2014 el tribunal del Ciadi decidió el pago a Gold Reserve de 713 millones de dólares más los intereses acumulados desde 2008. En 2016 el gobierno anunció un «memorándum de entendimiento» para desarrollar un proyecto minero en conjunto con Gold Reserve; la empresa indicó que ese entendimiento tiene como objetivo pagar la sentencia del Ciadi, mediante el desarrollo conjunto de las minas Brisas del Cuyuní y Las Cristinas. Es curioso que, en el mismo año del acuerdo con Gold Reserve, el gobierno también anunció la intención de asignar la mina Brisas del Cuyuní a la empresa china Citic Group Corporation. Al 2018 no se tiene conocimiento de que ese proyecto se haya iniciado con ninguna de las empresas mencionadas.
En la mina La Camorra también hubo situaciones irregulares. En 1994 hubo una política de apertura minera impulsada por el gobierno del presidente Rafael Caldera; Monarch Resources Ltd vino, desarrolló la mina La Camorra y luego la vendió a Hecla Mining Co. en 1999. En 2008, el presidente Chávez estableció contactos en Rusia para promover acuerdos de cooperación; al mismo tiempo, hubo una fuerte presión sobre Hecla por supuestas violaciones de los derechos de los trabajadores. Hecla decidió vender La Camorra a Rusoro Mining Ltd., propiedad del señor Andrés Agapov; Rusoro también se unió a varias compañías (algunas del gobierno) para operar otras minas en el estado Bolívar; en El Choco pudimos comprobar que Rusoro implementó medidas exitosas de restauración de áreas degradadas y una excelente organización para el cumplimiento de las medidas de control, estipuladas en el estudio de impacto ambiental.
En 2011, el gobierno emitió el Decreto 8413, que reserva al Estado la exploración y explotación de oro. Eso significó el cierre de las operaciones de Rusoro y más tarde esa empresa demandó a Venezuela ante el Ciadi; en 2016, hubo una decisión a favor de Rusoro por 1.200 millones de dólares.
A pesar de lo establecido en el Decreto 8413, en 2012 se anunció un acuerdo con empresas chinas para la preparación del mapa minero y para la explotación de la mina Las Cristinas.
Todo lo anterior refleja una desacertada política minera y ambiental en nuestro país. La gestión fue desarrollada por personas que no conocen la legislación venezolana e internacional, o que no tuvieron coordinación entre diferentes instituciones del mismo Estado. Esa incompetencia ha traído daños muy lamentables al patrimonio de nuestra nación. Lo peor es que algunos de los responsables andan vociferando consignas ecologistas para una supuesta defensa de los ecosistemas de Guayana. Deberían comenzar por un mea culpa y mejorar sus capacidades técnicas antes de que sigan ocasionando daño. Hay una alta probabilidad de que perdamos Citgo definitivamente; ¿cómo pagaremos las otras demandas que están pendientes?
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